El PRO tomó distancia de la polémica por el presunto enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, a través de un proyecto que presentó el senador bonaerense, Alex Campbell, para que los candidatos electos no puedan asumir el cargo hasta tanto acrediten la presentación de una declaración jurada con los bienes a su nombre.
En rigor, la propuesta de Campbell busca modificar la ley que regula el sistema de declaraciones juradas patrimoniales con el objetivo de aplicar infracciones a aquellos que no cumplan con la norma al momento de candidatearse a un cargo. El contenido del texto está ligado a la situación actual que transita Adorni, dado que la causa judicial por las irregularidades en su patrimonio puso el foco en la necesidad de que los altos funcionarios den a conocer los bienes que están a su nombre y cómo los adquirieron.
En rigor, la iniciativa del oriundo de San Fernando busca modificar la Ley N°15.000, la cual regula el sistema de declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios y agentes del sector público, para incorporar consecuencias jurídicas operativas frente al incumplimiento de la obligación. Así, el PRO utilizó el proyecto para distanciarse públicamente de la polémica que, incluso, salpicó al diputado bonaerense y hermano del jefe de Gabinete, Francisco Adorni.
Si bien los dirigentes hicieron la presentación oficial de sus declaraciones juradas previo a la asunción de sus cargos legislativo y ejecutivo, el PRO llevó adelante una serie de acciones que dejaron en evidencia la intención de los amarillos de tomar distancia del caso Adorni. De hecho, el expresidente, Mauricio Macri, difundió un documento titulado “Próximo Paso” en el que disparó: “Acompañar el cambio no es aplaudir todo. Mucho menos, aplaudir lo que está mal. Apoyar el cambio es otra cosa, es decir lo que falta, es decir la verdad aunque duela, es reclamar lo que se prometió y todavía no llegó. Eso es lealtad verdadera”.
Por caso, el texto parlamentario de Campbell sentó precedente en el distanciamiento legislativo bonaerense que ponderó el PRO por sobre el acuerdo con La Libertad Avanza. En rigor, el proyecto establece que aquel candidato electo que no hubiere cumplido con la presentación de la declaración jurada patrimonial “no podrá jurar ni tomar posición efectiva del cargo hasta tanto acredite el cumplimiento de la obligación legal”.
“Si bien la ley actual constituyó un avance relevante en materia de transparencia y control ciudadano, hay una debilidad del sistema. No contiene una consecuencia, directa, específica para el supuesto en que una persona electa pretenda asumir un cargo público sin haber cumplido previamente con una obligación básica de transparencia patrimonial”, puntualizó Campbell.
En primer término, el proyecto contempla un plazo de intimación por parte de la autoridad de aplicación y, de no mediar avances en la presentación de la declaración jurada, “el incumplimiento será considerado falta grave, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren corresponder conforme el régimen jurídico aplicable al cargo, función, empleo o mandato de que se trate”.
Es preciso mencionar que, la legislación actual comprende a los candidatos oficializados y alcanza a los aspirantes a Gobernador, Vicegobernador, Senadores y Diputados Provinciales, titulares y suplentes, quienes deben presentar su declaración jurada ante la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires durante el mes de diciembre de cada año.
Como novedad, la iniciativa del legislador del PRO plantea que los candidatos oficializados que hubieren resultado electos para ejercer cargos públicos provinciales deberán presentar la declaración jurada “previo a la fecha prevista para la asunción, jura o incorporación”. “Dicha información deberá notificarse y comunicarse a la Legislatura de bonaerense”, añade el texto.
“La declaración jurada no constituye una mera formalidad administrativa; es una herramienta central para prevenir conflictos de intereses, detectar eventuales incompatibilidades, advertir posibles inconsistencias patrimoniales y fortalecer la confianza pública en las instituciones democráticas”, concluyó Campbell.
