La diputada bonaerense del bloque de Fuerza Patria (FP), Ana Luz Balor, presentó dos leyes clave para reformar la Justicia de Faltas, con el objetivo de transparentar y fortalecer la independencia de los magistrados frente a los intendentes.
En las iniciativas, la legisladora plantea transparentar el mecanismo de designación de los jueces mediante concursos públicos, establecer mayores controles institucionales y otorgarles autonomía sobre su personal y los recursos presupuestarios.
En en el primero de los proyectos, Balor busca reformar el Código de Faltas Municipal a fin de modificar el sistema de designación y funcionamiento de los Juzgados de Faltas Municipales de la provincia de Buenos Aires.
En la actualidad, el artículo 21 del Código de Faltas Municipales establece que la designación de los Jueces de Faltas sea a propuesta del intendente municipal, previo acuerdo con el Concejo Deliberante. Al respecto, Balor propone que el proceso se realice mediante un concurso público de oposición y antecedentes, con la intervención de distintos actores institucionales.
A partir de dicho concurso, la legisladora propone conformar una comisión evaluadora. El organismo tendrá a su cargo la selección de los postulantes y deberá elevar una terna vinculante al intendente municipal.
Vale precisar que, la comisión evaluadora estará integrada por un representante del Colegio de Abogados del departamento judicial correspondiente, uno de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal, dos concejales uno por el bloque de la mayoría y otro por la minoría, y un representante de la Asociación de la Justicia Municipal Bonaerense.
Por su parte, el jefe comunal deberá seleccionar a uno de los tres candidatos que integren esa terna, aunque la designación no podrá concretarse sin el acuerdo del Concejo Deliberante, que deberá aprobarla por mayoría absoluta de la totalidad de sus miembros.
De esta manera, el proyecto de Balor busca incorporar distintos controles al proceso de selección y evitar que la elección del juez de Faltas quede concentrada exclusivamente en el Ejecutivo municipal.
Cabe destacar que, el titular del bloque de Fuerza Patria en la Cámara de Diputados, Facundo Tignanelli, la mano derecha de Máximo Kirchner en la Legislatura bonaerense también presentó un paquete de iniciativas destinado a reducir integraciones de tribunales, emplear presidencias rotativas de cámaras y crear un mecanismo para resolver las impugnaciones electorales.
En concreto, una ley apunta a pasar la motosierra por la integración del Tribunal de Casación Penal, otra a establecer un sistema de presidencias rotativas en todas las Cámaras de Apelación en lo Civil y Comercial, y otra a fundar el Tribunal Contencioso Administrativo Electoral.
Balor busca dotar de autonomía a la Justicia de Faltas
En la segunda propuesta, Balor apunta a otorgarle mayor autonomía administrativa y presupuestaria a la Justicia de Faltas, con tres cambios fundamentales: dejar asentado en la Ley Orgánica de los municipios el órgano y sus objetivos, darles mayor control a los jueces sobre el personal, y crear una suerte de autonomía presupuestaria.
“La actual dependencia orgánica respecto del Departamento Ejecutivo municipal, que es, a su vez, quien ejerce el poder de policía y, en muchos casos, es parte en las causas que se sustancian, genera una tensión institucional que esta reforma viene a resolver”, alegó la legisladora kicillofista.
En esa línea, Balor resaltó que, al dotar al Juez de Faltas de autarquía presupuestaria y potestad sobre su equipo de trabajo, no se busca la creación de un ‘superpoder’, sino la puesta en práctica del Principio de Imparcialidad, garantizando que el ciudadano sea juzgado por un magistrado que no se encuentre condicionado por su superior jerárquico administrativo.
En la iniciativa, la diputada establece que el personal administrativo, técnico y de maestranza seguiría siendo designado formalmente por el Ejecutivo municipal, pero a propuesta vinculante del juez de Faltas. Además, quedará bajo la dirección orgánica, funcional y disciplinaria exclusiva del magistrado, y no recibiría directivas generales del Ejecutivo.
Por otro lado, el proyecto obliga al Ejecutivo municipal a transferir anualmente a una cuenta especial de la Justicia de Faltas al menos el 0,5% de los recursos corrientes del presupuesto municipal. Esos fondos serían intangibles y administrados por los propios Juzgados de Faltas para gastos de funcionamiento, infraestructura y equipamiento.
De esta forma, el intendente no tendrá bajo su control directo ni el presupuesto ni el personal del organismo que debe juzgar las infracciones que se producen en el municipio.
Para la diputada bonaerense, actualmente existe una contradicción porque el Ejecutivo puede ser quien labra el acta de infracción, pero al mismo tiempo tiene poder sobre la estructura administrativa y los recursos del juez que después debe resolver esa causa.
“Esta reforma no hace más que actualizar los principios republicanos de división de poderes al ámbito municipal, garantizando que el órgano juzgador cuente con los elementos mínimos de autarquía necesarios para cumplir su labor de forma imparcial y eficiente”, concluyó la legisladora.
