El senador de La Libertad Avanza (LLA), Matías De Urraza, en las últimas horas retomó la agenda de seguridad que sostiene la bancada libertaria y reclamó que, a través del Ministerio de Seguridad, el gobierno de Axel Kicillof informe detalles sobre la situación actual de la Policía Bonaerense, en medio de los fuertes reclamos por el crecimiento del delito en la provincia de Buenos Aires.
“El presente pedido de informes no persigue emitir un juicio anticipado sobre la gestión del Poder Ejecutivo, sino contar con elementos objetivos que permitan a esta Honorable Cámara conocer el estado de situación de la fuerza policial, evaluar la evolución de los indicadores vinculados con la seguridad pública y analizar la necesidad de impulsar medidas legislativas que contribuyan al fortalecimiento institucional de la Policía Bonaerense”, explicó el representante de la oposición.
La presentación busca recabar la cantidad total de efectivos que integran la fuerza provincial, con una diferenciación entre el personal operativo y aquel afectado a tareas administrativas. Además, De Urraza pone el foco en las bajas registradas en la Policía Bonaerense durante 2023, 2024, 2025 y el primer semestre de 2026, ya sea por renuncias, retiros voluntarios, jubilaciones, cesantías, exoneraciones, fallecimientos u otras causales.
En el mismo planteo, el senador de la Óctava sección electoral también pretende determinar cuántos nuevos efectivos ingresaron a la fuerza durante esos períodos, además de conocer la cantidad de aspirantes que actualmente se encuentran en formación en las escuelas de Policía de la Provincia y la cifra estimada de egresados para este año.
El pedido apunta a conocer cuántos efectivos se encuentran suspendidos, desafectados o con tareas restringidas que les impidan prestar servicio operativo, así como el número actualizado de agentes con licencias médicas prolongadas por enfermedades físicas, afecciones psicológicas o psiquiátricas, entre otros padecimientos.
“Diversas informaciones de público conocimiento dan cuenta de un incremento sostenido en las bajas de efectivos policiales durante los últimos años, situación que, de confirmarse, podría afectar la capacidad operativa de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y comprometer la prestación del servicio de prevención y respuesta frente al delito”, esgrimió De Urraza en los fundamentos de la iniciativa.
Por otro lado, el dirigente libertario cerró su iniciativa con un requerimiento al Estado provincial para que informe el salario básico, la remuneración promedio y la evolución de los ingresos en los distintos escalafones policiales durante los últimos tres períodos.
“La eventual pérdida sostenida de personal capacitado representa una cuestión de especial interés público, no solo por las consecuencias que pudiera generar sobre la cobertura territorial y la capacidad preventiva, sino también porque implica una importante inversión estatal en formación y capacitación que podría verse frustrada cuando los efectivos abandonan la fuerza”, concluyó De Urraza.
Los pedidos de la oposición para Kicillof sobre la Policía Bonaerense
Vale precisar que esta no es la primera vez que desde la bancada de LLA presionan a la administración de Kicillof por el manejo de las fuerzas de seguridad, especialmente en lo que concierne a la situación de la Policía Bonaerense.
En enero pasado, el diputado libertario Maximiliano Bondarenko presentó una solicitud de informes para que el Gobierno provincial aporte datos oficiales y respuestas concretas frente al crecimiento de los suicidios dentro de la fuerza. El representante de la Tercera sección electoral enfatizó que las cifras extraoficiales alcanzan “niveles récord” y afectan de manera directa a los efectivos más jóvenes, a sus familias y al funcionamiento integral de una institución encargada de garantizar la seguridad de los habitantes de la provincia de Buenos Aires.
Además, el excomisario, que mantiene una agenda enfocada en el delito y la inseguridad, sumó un proyecto para incorporar a los agentes de la Policía Bonaerense dentro del suplemento de riesgo especial, un beneficio que contempla una retribución salarial adicional para quienes afrontan una exposición directa al peligro.
“Miles de agentes cumplen funciones que implican exposición habitual y directa a riesgos extraordinarios, ya sea a través de patrullaje preventivo, a la atención de emergencias, o a la participación en procedimientos. No obstante, gran parte del personal no se encuentra comprendido dentro del régimen, generándose una inequidad dentro del sistema retributivo policial”, fundamentó el referente de la oposición.
Por el lado del PRO, el jefe de la bancada de senadores amarillos, Pablo Petrecca, presentó en abril pasado un pedido de informes para conocer la situación que atraviesan los efectivos de la Bonaerense en materia de salud mental.
De acuerdo al articulado del exintendente de Junín, en el último tiempo se hicieron cada vez más frecuentes los casos de agentes de seguridad que se quitan la vida. En la mayoría de las situaciones, el drama es el mismo: deudas, sueldos que no alcanzan y sobrecarga de guardias para cubrir las necesidades básicas.
“Por estadística, un agente de las fuerzas de seguridad tiene nueve veces más probabilidades de morir por mano propia que en un enfrentamiento directo. El suicidio es, claramente, la primera causa de mortalidad policial en la provincia de Buenos Aires”, lamentó Petrecca.
En la misma línea, el senador bonaerense del bloque libertario dialoguista, Sergio Vargas, presentó unos días después su propia iniciativa para crear un dispositivo específico, frente al aumento exponencial de los casos de suicidio.
“Esta ausencia de políticas específicas no solo impacta en la vida personal de los agentes, sino que también repercute directamente en la calidad del servicio de seguridad que el Estado brinda a la ciudadanía”, alegó el legislador bonaerense.
