La comisión de Seguridad del Senado bonaerense esta tarde encaminó la discusión de una nueva fórmula para actualizar los fondos destinados a los Bomberos Voluntarios, con la unificación de tres proyectos de ley impulsados por los senadores Analía Balaudo (La Libertad Avanza), Nerina Neumann (UCR) y Juan Manuel Rico Zini (PRO).
“Está la definición de resolver un problema que se viene arrastrando y que perjudica directamente a la sociedad, porque son los bomberos los responsables de actuar no solamente ante un incendio, sino en situaciones de emergencia y catástrofes naturales”, alegó el titular de la comisión, Sergio Berni, en dialogo con este medio.
En esa línea, el jefe de la bancada peronista en la Cámara alta recalcó: “Hay un compromiso de todos los sectores políticos de unificar todos los proyectos en uno solo, para hacer una fórmula que de una vez y para siempre haga una distribución justa, funcional y practica para los bomberos”.
La propuesta, que quedó en estudio, apunta a modificar el esquema de financiamiento de los Bomberos Voluntarios, previsto en la Ley 14.761, con el objetivo de establecer un mecanismo automático de actualización de los recursos que reciben las asociaciones y federaciones a fin de evitar que los montos pierdan valor frente a la inflación.
Según explicaron los senadores bonaerenses, la fijación de topes nominales rígidos, sujetos a una discrecionalidad reglamentaria que no acompaña el ritmo inflacionario, es susceptible de provocar un rezago presupuestario.
Por caso, la última actualización efectiva data del año 2021. “Cuatro años de inacción administrativa han licuado el poder adquisitivo de los subsidios destinados al equipamiento y sostenimiento diario”, alegaron los legisladores opositores en los considerandos de la iniciativa.
Al respecto, los senadores señalaron que la innovación técnica de esta iniciativa radica en sustituir los mecanismos discrecionales de actualización por una indexación automática sujeta a parámetros estadísticos públicos y específicos de nuestra jurisdicción.
Por caso, el texto de la legisladora de La Libertad Avanza (LLA), Analía Balaudo, propone la adopción del Índice de Precios al Consumidor de la Región Gran Buenos Aires (IPC-GBA) provisto por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) con el propósito de “aportar racionalidad técnica al financiamiento” de los Bomberos Voluntarios.
La iniciativa contempla además una cláusula gatillo de reajuste semestral, el cual se activará cuando haya un 30% de inflación acumulada dentro del primer semestre del año, dotando al sistema de una flexibilidad prudencial.
“No representa una doble indexación, sino un mecanismo de compensación anticipada que evita el estrangulamiento financiero de los cuarteles durante los meses de mayor demanda operativa estacional”, aclaró la senadora bonaerense de la bancada violeta en los considerandos de la iniciativa.
En paralelo, la propuesta establece un régimen de intereses compensatorios por mora. Según detallaron los legisladores, la experiencia administrativa demuestra que la previsibilidad de una norma pierde eficacia si los flujos financieros reales sufren dilaciones temporales por razones burocráticas o de caja.
En ese sentido, los senadores bonaerenses subrayaron que el texto “no persigue un fin punitorio, sino un principio de neutralidad financiera. De este modo, se garantiza que el retraso en el giro de las partidas no actúe como un mecanismo indirecto de licuación presupuestaria”, afirmaron.
El temario de la comisión de Seguridad: una por una las iniciativas que trató
El cuerpo parlamentario despachó por unanimidad el proyecto de declaración de la senadora de La Cámpora, Fernanda Raverta, que insta al Ejecutivo provincial a recuperar la administración de los inmuebles que integran la Unidad Turística de Chapadmalal (UTC), a fin de evitar la concesión privada del predio.
El texto cuestiona además la “desnaturalización del fin social” del complejo de Chapadmalal por parte del gobierno de Javier Milei y establece que la totalidad del complejo y los edificios “pasen a formar parte del patrimonio histórico y social de la Provincia” para que sean afectados al turismo social.
Pese a este avance, la comisión de Seguridad rechazó el proyecto de Raverta que solicita a la administración de Axel Kicillof desplegar un operativo integral de seguridad en el complejo turístico marplatense, ante el vaciamiento del Gobierno nacional.
La iniciativa del exsenador bonaerense, Walter Torchio, para regular el uso de drones o vehículos no tripulados, fue archivado, mientras que el proyecto de ley del legislador de Unión y Libertad, Sergio Vargas, para modificar el Código de Faltas de la provincia de Buenos Aires, fue aprobado.
El texto de Vargas establece que será sancionada con arresto de 5 a 30 días, la persona que dentro de un establecimiento educativo, de salud o dependencia de atención al público, hostigue, maltrate, menosprecie o perturbe de cualquier manera el normal ejercicio de la función institucional.
De la comisión participaron Adrián Santarelli (Fuerza Patria); Sabrina Bastida (Fuerza Patria); Guillermo Montenegro (Fuerza Patria); Carlos Curestis (LLA); Luciano Olivera (LLA); Marcelo Leguizamón (Hechos); y Carlos Kikuchi (Unión y Libertad), mientras que de manera remota, dieron el presente Marcos Pisano (Fuerza Patria); Malena Galmarini (Fuerza Patria); y Ayelén Durán (Fuerza Patria)
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