Al igual que en la última década, con el ritmo de sesiones actual, en 2026 la Legislatura se encamina a tener un año magro en cuanto a la actividad parlamentaria. En estos ocho meses, las pujas internas por las comisiones, el nulo avance del debate electoral y la falta de un temario consensuado en el interior del partido terminó generando que el peronismo se contente con avanzar con una agenda que responde más a la polarización con el gobierno de Javier Milei que a las necesidades de la provincia de Buenos Aires.
De marzo a agosto, la Cámara de Diputados bonaerense registró solo cuatro sesiones ordinarias, mientras que, en el mismo período, el Senado solo tuvo dos. En esa etapa, no se avanzó en ninguna ley que, por ejemplo, tenga impacto en el calendario electoral, como el futuro de las PASO, si habrá o no desdoblamiento o si, efectivamente, volverán las reelecciones indefinidas.
Más allá de que cada normativa sancionada por la Legislatura tiene un razón de ser, que es principalmente beneficiar y/o atender una problemática de un sector de la sociedad, nadie que recorra los pasillos del Palacio Legislativo puede decir que este año el parlamento aprobó una ley que repercute fuertemente en lo social, lo económico o lo político. Más bien, la principal coincidencia en el heterogéneo abanico de proyectos que recibieron luz verde, es que la gran mayoría van en respuesta a una política sancionada por Milei.
El caso más emblemático sucedió en julio, cuando Diputados le dio media sanción al proyecto de ley del titular de la Cámara baja, el kirchnerista Alejandro Dichiara, para blindar por ley los beneficios impositivos que reciben los municipios sudestes que componen el Área Patagónica bonaerense. La iniciativa, que funciona como complemento del Régimen de Zona Fría, fue promovida en el mismo momento en el que Casa Rosada busca recortar el subsidio de gas a casi 3 millones y medio de hogares.
No obstante, hay otros casos que muestran como poco a poco Fuerza Patria aprovechó su disonancia interna para impulsar ejes que encuentran consenso con la oposición. Uno de los más recientes sucedió apenas la semana pasada, cuando la Legislatura bonaerense aprobó la adhesión al Régimen Nacional de Empleo Protegido, normativa destinada a fortalecer la inclusión laboral de las personas con discapacidad.
A contramano, Nación continúa sin cumplir la Ley de Emergencia en Discapacidad, que fue vetada por el Gobierno pero que posteriormente, con una orden judicial de por medio, tuvo que ser reglamentada. Desde diversos sectores, apuntan a que Casa Rosada no acató la normativa por completo, debido a que existen aranceles atrasados, compensaciones impagas y pensiones frenadas. A eso, se suma el escándalo de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), uno de los talones de Aquiles de Milei.
En la misma sesión, el massismo logró darle media sanción a una ley contra la discriminación, que actualizan normativas promulgadas hace más de 50 años con conceptos actuales. En la audiencia legislativa, su autor, Alexis Guerrera, tomó la palabra para defender su texto y recordó varios de los insultos que Milei propinó sin y con la investidura presidencial.
Otro punto que fue retomado por el peronismo para polarizar con Milei fue la violencia digital, uno de los modus operandi de los dirigentes libertarios para quedarse con la “calle virtual”. Desde la Ley Ema, la regulación del uso de imágenes en línea de estudiantes primarios y secundarios, o hasta una Guía de Violencia Sexual Digital, además de poner en agenda el llamado “grooming”, el oficialismo también hurgó su nariz en la zona de confort del Gobierno nacional: las redes sociales.
En febrero de 2026, Milei logró aprobar en el Congreso su tan ansiada reforma laboral, que flexibiliza la relación entre empleador y empleado, y que, según el propio peronismo, recorta derechos a trabajadores. Apenas cuatro meses después, Fuerza Patria motorizó la creación de un Observatorio Estatal de Violencia y Acoso Laboral (OEVAL), que tiene como tarea prevenir, relevar y erradicar los maltratos en los trabajos.
La estrategia llega hasta términos geopolíticos. Durante la sanción del régimen previsional especial para veteranos de Malvinas, medida que fue aprobada por unanimidad, el peronismo sacó pecho y utilizó la aprobación para cuestionar la postura de Milei en contra de la bandera desplegada durante las Semifinales del Mundial 2026 contra Inglaterra, y por la ahora frustrada Ley de Tierras.
La maniobra tiene un triple sentido, dado que no solo sirve para posicionarse contra Milei, sino que a la par genera consenso con la oposición para poder debatirlas en el recinto, como así también nutre al 2026 de un compendio de leyes aprobadas, pese a que la lentitud del calendario de sesiones no contribuye a que sea un año con muchas nuevas normas.
Así las cosas, a la vez que se siguen acumulando reclamos opositores por la falta de tratamiento de iniciativas que tienen que ver con el calendario electoral, la situación del IOMA, los salarios de los docentes, o la inseguridad, el peronismo pareciera haberle agarrado el gusto a promover iniciativas que tengan que ver con el cronograma de políticas de Milei.
