En medio del conflicto desatado por la orden de la jueza Marta Elba Pascual, que suspendió por 60 días en la provincia de Buenos Aires el nuevo Régimen Penal Juvenil, un proyecto opositor presentado meses atrás podría resolver el dilema sobre la implementación de la política con la que Javier Milei bajó la edad de imputabilidad a 14 años.
En abril, unas semanas después de que el Congreso sancione la Régimen Penal Juvenil, y frente a la falta de apoyo del gobierno de Axel Kicillof a esa medida, el bloque del PRO presentó un proyecto de ley para reordenar la mayoría de los artículos del sistema de responsabilidad juvenil para que coincidan con el régimen establecido por la Ley N º 27.801.
En su momento, como suele pasar con la gran mayoría de proyectos que van contra los deseos de Kicillof, la iniciativa pasó sin pena ni gloria y ni siquiera arrancó a ser tratada en comisiones. Sin embargo, con el accionar de Pascual para frenar el Régimen Penal Juvenil en territorio bonaerense, el texto podría ser un “plan B” opositor.
En rigor, el proyecto debe atravesar las comisiones de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, Niñez, Adolescencia y Familia, Derechos Humanos y Garantías, y Legislación General para estar en condiciones de ser debatido en el recinto. Salvo en Niñez, el peronismo tiene mayoría automática en todos esos cuerpos, por lo que tan solo la misión de ingresar la iniciativa al orden del día luce complicado. Y aprobarla, casi imposible.
Lo cierto es que la suspensión de la Régimen Penal Juvenil le dio una oportunidad más al PRO de acercarse más a La Libertad Avanza, que este mediodía salió a pedir que se avance en un juicio político contra Pascual. Minutos después, el bloque amarillo de la Cámara de Diputados presentó un proyecto para exigir exactamente lo mismo.
En los fundamentos del texto, que lleva la firma de todos los diputados del PRO, la escudería amarilla salió con los tapones de punta a rechazar la resolución de la Justicia, al advertir que se da “en una provincia atravesada desde hace años por una grave problemática de inseguridad, en la que miles de bonaerenses padecen a diario robos, hechos de violencia y delitos graves”.
“Detrás de cada uno de esos delitos hay una víctima: personas asesinadas, heridas, golpeadas o despojadas de sus bienes”, expresaron los diputados y remarcaron: “Reclamamos un equilibrio, que el debate sobre política criminal pierde con demasiada frecuencia, quien comete un delito tiene derechos y garantías que deben respetarse, pero quien los sufren también”.
De qué trata el Régimen Penal Juvenil bonaerense presentado por el PRO
El proyecto lleva la autoría del senador macrista Guillermo Montenegro, quien aclaró que su iniciativa no viene a derogar por completo la ley bonaerense vigente (N° 13.634), sino que se orienta a “reconfigurarla” mediante la sustitución e incorporación de artículos, respetando su estructura y numeración original. Justamente, uno de los cambios es la baja de la imputabilidad a 14 años, uno de los pilares del Régimen Penal Juvenil de Milei.
Para establecer la baja de edad de imputabilidad, el proyecto modifica el artículo 32 de la Ley 13.634 con el objeto de que el régimen “sea aplicable a las personas adolescentes desde los catorce años de edad hasta las 0 horas del día en que cumplan 18 años, imputadas de delito en jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires, por un hecho tipificado como delito en el Código Penal o en las leyes penales especiales vigentes o que se dicten en el futuro”.
Otro punto importante del texto que ingresó Montenegro es la reforma del artículo 18, que actualmente estipula la integración del Fuero de la Responsabilidad Penal Juvenil. En rasgos generales, el proyecto le cede el control de este régimen a los “jueces, fiscales, defensores y órganos con capacitación especializada en el trato con jóvenes en conflicto con la ley penal”.
El articulado también propone dejar en claro la naturaleza del nuevo régimen, el cual buscará “fomentar en el adolescente imputado el sentido de la responsabilidad legal por sus actos y lograr su educación, resocialización e integración social”, como así también “procurar que supere el riesgo social y la conflictividad puesta en evidencia en la comisión del delito”.
Asimismo, Montenegro cambia la manera de verificar la edad del menor. Antes se hacía con los títulos de estado correspondientes o con un dictamen pericial efectuado por un forense. Ahora, se tendrá en cuenta la edad al momento de la comisión del hecho, se acreditará con DNI, partidas de los Registros correspondientes o cualquier otro documento que permita determinarla y, en caso de que los informes no resultaran concluyentes, se presumirá la minoría de edad.
Un mes después de esta presentación, el exintendente de Mar del Plata ingresó otro paquete legislativo en busca de adaptar la reforma de Milei a la materia bonaerense de actuación fiscal, mecanismos restaurativos, participación de las víctimas y control judicial de las decisiones adoptadas durante el proceso.
Uno de los principales cambios incorporados por el texto consiste en la inclusión de nuevos principios rectores para las causas penales juveniles. El articulado establece que el proceso penal adolescente deberá regirse por criterios de legalidad, proporcionalidad, mínima intervención, solución del conflicto, tutela judicial efectiva y protección integral de la víctima, en línea con los estándares fijados por la Ley nacional.
En paralelo, Montenegro incorporó al Código Procesal Penal bonaerense el denominado “principio de oportunidad”, mecanismo que habilita al Ministerio Público Fiscal (MPF) a prescindir total o parcialmente de la acción penal en determinados casos.
Otro de los puntos centrales se relaciona con el fortalecimiento de los derechos de las víctimas en delitos cometidos por adolescentes, ya que el proyecto establece que las personas damnificadas tendrán derecho a asesoramiento jurídico gratuito, acceso a información sobre el expediente y participación activa en instancias de mediación.
