El presidente del bloque de diputados del PRO, Alejandro Rabinovich, ingresó en las últimas horas un proyecto de repudio por la decisión de la Justicia bonaerense de suspender por el término de 60 días el nuevo Régimen Penal Juvenil que baja la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, en toda la provincia de Buenos Aires.
En los fundamentos del texto, que lleva la firma de todos los diputados del PRO, los legisladores aclararon que ellos no desconocen la obligación indelegable del Estado de garantizar condiciones dignas de alojamiento, pero advirtieron que “las deficiencias de infraestructura o capacidad operativa del Estado provincial no puede impedir la aplicación de la ley”.
“Si los establecimientos no alcanzan, corresponde ampliarlos o construir los que hagan falta; si faltan jueces, fiscales, defensores corresponde cubrir esos cargos; si existen falencias edilicias, corresponde subsanarlas”, afirmaron desde el PRO y recalcaron: “Las falencias del Estado no pueden resolverse impidiendo que la ley se aplique”.
Es que, apenas dos días después de su implementación, en el marco de un habeas corpus colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo en favor de adolescentes privados de su libertad, la titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N°2 en Lomas de Zamora, Marta Elba Pascual, suspendió el nuevo régimen en toda la provincia de Buenos Aires.
Entre los argumentos, la magistrada advirtió la falta de condiciones mínimas para alojar a un mayor número de adolescentes privados de su libertad. “¿Puede el Estado ampliar el universo de personas adolescentes sometidas al sistema de responsabilidad penal sin crear las condiciones materiales, institucionales y profesionales indispensables?”, planteó la resolución.
La jueza también justificó el carácter preventivo de la medida. “El Poder Judicial no puede esperar a que la violación de derechos se produzca para intervenir”, remarco, al considerar que existían elementos suficientes para advertir un riesgo concreto derivado de la aplicación inmediata de la nueva legislación en materia penal.
En ese marco, desde la escudería amarilla salieron con los tapones de punta a rechazar la resolución de la Justicia, al advertir que se da “en una provincia atravesada desde hace años por una grave problemática de inseguridad, en la que miles de bonaerenses padecen a diario robos, hechos de violencia y delitos graves”.
“Detrás de cada uno de esos delitos hay una víctima: personas asesinadas, heridas, golpeadas o despojadas de sus bienes”, expresaron los diputados y remarcaron: “Reclamamos un equilibrio, que el debate sobre política criminal pierde con demasiada frecuencia, quien comete un delito tiene derechos y garantías que deben respetarse, pero quien los sufren también”.
Por último, los legisladores bonaerenses concluyeron: “El deber de garantizar condiciones dignas de detención y el deber de garantizar seguridad no se contraponen: el Estado debe cumplir ambos, preocupa el mensaje que trasmiten, frente a la insuficiencia de sus propios recursos, opta por suspender la aplicación del régimen penal juvenil en lugar de exigir que esos recursos se provean de inmediato”.
Qué establece el nuevo Régimen Penal Juvenil
Este sábado entró en vigencia en todo el país la Ley 27.801, que reemplaza el Régimen Penal Juvenil establecido en 1980 y permite que niños adolescentes de 14 y 15 años sean imputados, juzgados y condenados penalmente por delitos previstos en el Código Penal, aunque bajo un sistema especial que contempla sanciones alternativas, medidas de seguimiento y privación de la libertad para determinados casos.
Cabe mencionar que, la reforma fue impulsada por el Gobierno nacional de Javier Milei con el objetivo de establecer un nuevo esquema de responsabilidad penal juvenil para menores de 16 años, pero su implementación comienza acompañada por interrogantes vinculados con los recursos disponibles para aplicarla.
La principal modificación está en la edad a partir de la cual una persona puede ingresar al sistema penal: mientras el régimen anterior establecía la inimputabilidad de quienes tenían menos de 16 años, la nueva normativa incorpora a los adolescentes de 14 y 15 años.
Sin embargo, esto no significa que cualquier delito cometido a esa edad implique automáticamente una condena de prisión, ya que la ley establece un régimen diferenciado según la gravedad del hecho y contempla distintas respuestas por parte de la Justicia.
De esta manera, el nuevo Régimen Penal Juvenil dispone que las sanciones deben orientarse tanto a la responsabilidad por el delito cometido como a la educación, resocialización e integración social del adolescente. Para determinados casos, especialmente aquellos en los que la pena prevista no supera los tres años, no podrá aplicarse prisión efectiva, mientras que en otros delitos con penas de hasta diez años podrán utilizarse medidas alternativas si se cumplen las condiciones establecidas por la norma.
Entre esas alternativas aparecen la reparación del daño a la víctima, las reglas de conducta, las restricciones de acercamiento, la prohibición de concurrir a determinados lugares y la realización de actividades educativas o comunitarias. También se incorpora la amonestación, entendida como un llamado de atención formal acompañado por otras medidas, y el monitoreo electrónico como mecanismo para controlar el cumplimiento de determinadas sanciones.
