Este viernes, la Justicia Federal de Mar del Plata ordenó el desalojo del Café del Lago, ubicado en la Unidad Turística Chapadmalal, a partir de un pedido de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), que busca dejar el complejo libre de ocupantes para avanzar con el plan del Gobierno nacional de concesionar los inmuebles.
La resolución fue dictada por el Juzgado Federal N° 2 de Mar del Plata, a cargo del juez federal subrogante Bernardo Bibel, quien consideró acreditados los requisitos para disponer el lanzamiento del ocupante del Café del Lago. En su resolución, el magistrado señaló que el predio corresponde al Estado nacional y aclaró que la controversia “no se circunscribe a la existencia de un contrato de concesión, permiso de uso documentado o cualquier otro título jurídico realizado entre la parte actora y los demandados”.
Según explicó Bibel, tampoco se promovió la acción “en base a ningún título administrativo actualmente extinto”, por lo que el caso se refiere a “la constatación de la mera presencia de intrusos y/o ocupantes de carácter irregular”. En ese marco, el juez consideró que se encuentra acreditada la notificación previa, así como el vencimiento del plazo de diez días allí conferido, y recordó que previamente se había realizado una intimación extrajudicial que no derivó en la devolución voluntaria del inmueble, por lo que entendió que “se corroboran los presupuestos necesarios” para avanzar con el desalojo.
Con esos argumentos, el magistrado resolvió hacer lugar a la solicitud formulada por la Agencia de Administración de Bienes del Estado y ordenó que se concrete “el desalojo inmediato de cualquier intruso y/o ocupante”, con auxilio de la fuerza pública únicamente en caso de ser necesario, y con la adopción de las medidas de seguridad que correspondan para proteger a las personas y evitar una nueva ocupación de la unidad.
En tanto, la resolución también establece que los oficiales de justicia intervinientes contarán con las facultades previstas reglamentariamente para llevar adelante el procedimiento de desalojo del Café del Lago, entre ellas requerir el auxilio de la fuerza pública, allanar domicilios y violentar cerraduras con asistencia de un cerrajero para ingresar al inmueble, además de solicitar asistencia médica si fuera necesario.
De esta manera, la expulsión de los concesionantes del Café del Lago se suma a otra medida adoptada por el mismo juez sobre uno de los inmuebles que integran la Unidad Turística Chapadmalal, ya que Bibel también había ordenado el desalojo de la Escuela de Surf. A su vez, rechazó una medida cautelar presentada por la firma que explota el restaurante La Barraca de Chapa, que buscaba suspender los efectos de los actos administrativos vinculados con la intimación de la Agencia de Bienes del Estado para que abandone el inmueble.
Cabe mencionar que, los desalojos de los distintos espacios que integran el complejo se dan en el marco del intento del gobierno de Javier Milei por concesionar a 30 años la Unidad Turística de Chapadmalal, de acuerdo a lo anunciado en marzo de este mismo año el entonces jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
En ese momento, el ex funcionario y mano derecha de Milei sostuvo que con la concesión a 30 años “se busca atraer inversión privada que restaure y eleve la calidad del complejo de Chapadmalal para que pase a estar finalmente al servicio de la gente”, y advirtió que se reduciría la carga de su mantenimiento para el Estado.
El Senado bonaerense aprobó una ley para frenar la concesión de Chapadmalal
La decisión judicial de desalojar el Café del Lago se conoce pocos días después de que el Senado bonaerense aprobara por mayoría simple un proyecto de la senadora marplatense Fernanda Raverta para que los inmuebles que integran la Unidad Turística de Chapadmalal sean incorporados al patrimonio histórico y social de la provincia de Buenos Aires y queden afectados al turismo social.
En concreto, la iniciativa de Raverta establece que la totalidad del complejo y sus edificios queden afectados exclusivamente al turismo social y prohíbe cualquier forma de explotación comercial privada que excluya esa finalidad, mientras que también instruye al Fiscal de Estado a iniciar las acciones judiciales y medidas cautelares necesarias para obtener la reivindicación y restitución de los inmuebles.
El debate se da luego de que la Unidad Turística de Chapadmalal cerrara la atención al público en 2024 y de que, en marzo de 2025, el Gobierno nacional emitiera un decreto que eliminó de la normativa los artículos vinculados al turismo social y transfirió el predio a la órbita de la Agencia de Administración de Bienes del Estado.
Durante el tratamiento de la iniciativa en el Senado bonaerense, la oposición cuestionó el proyecto y defendió la posibilidad de concesionar el complejo con participación privada. El senador del PRO e intendente de Mar del Plata en uso de licencia, Guillermo Montenegro, planteó objeciones vinculadas con el costo que tendría para la Provincia recuperar y poner en funcionamiento los inmuebles, mientras que la senadora de La Libertad Avanza, Cecilia Martínez, sostuvo que el objetivo de la concesión es atraer inversión privada para restaurar los edificios y reducir la carga de mantenimiento estatal.
“Chapadmalal tiene un valor histórico y patrimonial que hay que preservar, pero eso no es lo que está en discusión. Chapadmalal está declarado por ley desde el año 2013 como monumento histórico patrimonial, y esa ley sigue estando vigente”, sostuvo Martínez durante el debate.
En tanto, Montenegro cuestionó que el Estado bonaerense deba afrontar el costo de recuperación del complejo y planteó: “¿Por qué los bonaerenses van a tener que hacer una inversión de estas características en la situación que está la salud, en la situación que está la seguridad? ¿Nosotros vamos a hacer una inversión de estas características para comprar un centro hotelero que solamente va a ser usado con un solo fin, que el Estado va a tener que poner más plata?”.
Por su parte, Raverta no dejó pasar los cuestionamientos de sus pares marplatenses, y disparó: “El Gobierno nacional ve hoteles para entregarles a privados. Nosotros vemos un patrimonio que hay que recuperar y volver a poner en funcionamiento. Tiene sentido que ciertos legisladores de la oposición no acompañen este proyecto, porque es pensar a una Argentina distinta”.
