Por unanimidad, la comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia dejó listo para ser tratado la semana que viene en el recinto de la Cámara de Diputados un proyecto de la peronista Lucía Iañez y el radical Valentín Miranda, que establece la obligatoriedad de una audiencia preliminar durante los procesos judiciales, con el objetivo de descomprimir la agenda de juicios orales y fomentar las resoluciones a través de acuerdos alternativos previos.
En la actualidad, el Código Procesal Penal permite que las partes (fiscalía y defensa) presenten acuerdos alternativos al juicio, como juicios abreviados y/o suspensiones de juicio a prueba, hasta 30 días antes de la fecha fijada para el debate oral. Según los diputados Iañez y Miranda, a raíz de esto los tribunales se ven obligados a fijar una fecha de juicio formal únicamente para asegurarse de cumplir con el requisito de los tiempos.
“En la práctica, se advierte que esta circunstancia provocó la generación de agendas de debates ficticias, ya que solo un porcentaje menor de ese universo de debates se realizan, dado que en casi el 80% de los casos se presentan acuerdos alternativos al debate, resultando difícil por diversos factores la reutilización de las fechas”, alegaron los legisladores en los fundamentos del texto.
Ante esta situación, los legisladores propusieron crear una “instancia oportuna” previa a la designación de la fecha del debate oral, fijada durante los 60 días posteriores a la fecha de la audiencia obligatoria, con la intención de concentrar todas las negociaciones y posibilidades de acuerdos alternativos en esa ventana de tiempo específica. De este modo, la fecha del juicio solo se programará después de que se sepa con certeza si el juicio realmente se va a hacer, o si el caso se cerrará mediante un acuerdo.
“Hoy por hoy la normativa de juicio por jurados hace que la audiencia previa, sea obligatoria. Pero en el caso de las elevaciones a juicio oral no se da la situación de la obligatoriedad, sino que está a vocación de las partes, y en muchos casos no se produce, lo cual hace que hoy tengamos una masividad de juicios orales. En algunos casos, la audiencia no solo sirve para buscar salidas alternativas, sino para organizar el juicio de por sí”, argumentó Iañez.
De esta manera, la modificación en el Código Procesal Penal permitirá la incorporación de la víctima en el marco de la audiencia y habilitará un esquema que evitará los juicios orales en caso de que haya acuerdos de mediación o de justicia alternativa. “En otros casos, el juicio llegará mucho más ordenados, con la participación y también la garantía de la escucha de la víctima, que para nosotros es muy importante”, dispuso la diputada peronista.
Durante el debate en comisión, Iañez recordó que la iniciativa surgió de un trabajo previo con la Suprema Corte bonaerense, en el marco de la comisión bicameral penal, y que posteriormente fue discutida con distintos referentes del Poder Judicial, entre ellos jueces y fiscales. Al respecto, la platense defendió la incorporación de la audiencia preliminar al sostener que se trata de una instancia “muy útil” que no implicará un cambio estructural ni generará demoras en los procesos judiciales.
“Hay mucho consenso en el fuero judicial en relación a este tema. Nosotros tenemos pendiente el tratamiento de algunas cuestiones vinculadas al juicio por jurados, me parece que este es uno de los puntos más fuertes, es un paso previo e importante para la estructuración de los juicios. Hoy los debates orales se están dando a un tiempo muy largo”, amplió Iañez.
La modificación en el Código Procesal Penal permitirá además la incorporación de la víctima en el marco de la audiencia y habilitará un esquema que evitará los juicios orales en caso de que haya acuerdos de mediación o de justicia alternativa. “En otros casos, el juicio llegará mucho más ordenados, con la participación y también la garantía de la escucha de la víctima, que para nosotros es muy importante”, concluyó la diputada peronista.
Diputados: el resto de proyectos con los que avanzó la comisión de Asuntos Constitucionales
Durante la jornada legislativa, pese al rechazó del bloque de La Libertad Avanza (LLA), el cuerpo parlamentario también avanzó con un proyecto de la camporista, Maite Alvado, para otorgar la posibilidad de recusar a un magistrado sorteado en una causa, en caso de que la persona considere que sus derechos no estén garantizados y que puedan verse amenazados por el juez que le fue sorteado.
En rigor, la normativa incorpora como posibles razones para recusar a un magistrado manifestaciones contra las mujeres y la comunidad LGTB+, el uso o reproducción de noticias falsas sin verificación y el empleo de discursos de odio, y contempla que un juez debe excusarse cuando ya exista un jury que tomó el mismo caso.
En tanto, el proyecto del legislador camporista, Ariel Archanco, que endurece los criterios para decidir si una persona imputada por violencia de género puede quedar en libertad durante el proceso judicial, fue postergado.
Según detalló el platense, el proyecto establece que no se podrá excarcelar al privado de su libertad si existen antecedentes de violencia de género contra la misma víctima, cuando el imputado hubiese violado medidas de restricciones perimetrales o cuando el peritaje determine una probabilidad de reiteración de ataques contra la damnificada.
