Abogados bonaerenses reclaman que Milei y Kicillof llenen los casilleros de sus Cortes Supremas

El Colegio de Abogados bonaerense reclamó la cobertura urgente de vacantes en la Suprema Corte y advirtió por su impacto en la Justicia.

El Colegio de Abogados de la provincia de Buenos Aires (COLPROBA) este martes se plegó al reclamo vigente para que tanto el Gobierno nacional como la Ejecutivo bonaerense aceleren la cobertura de las vacantes en la Suprema Corte de la Nación y en el máximo tribunal provincial, en medio de la presión de los jueces supremos por la autarquía del Poder Judicial.

La entidad que nuclea a los abogados bonaerenses, que acaba de renovar su consejo superior durante el inicio de la feria judicial, se sumó al planteo de los jueces de los máximos tribunales, que desde hace meses presionan por la cobertura de vacantes en las cortes nacional y provincial.

En ese sentido, el cuerpo profesional sostuvo que la falta de nombramientos dejó de representar una emergencia institucional para convertirse en un escenario “tolerado y peligrosamente naturalizado”. Según los letrados, esta situación no solo afecta la seguridad jurídica, sino también la tutela judicial efectiva y la confianza de los ciudadanos en el Poder Judicial.

Sucede que, la Corte Suprema de la Nación funciona actualmente con tres de los cinco integrantes que establece la normativa, mientras que la Suprema Corte bonaerense conserva apenas tres de sus siete cargos. Sobre este punto, el Colegio de Abogados bonaerense advirtió que esta “desintegración sin precedentes” compromete seriamente el servicio de Justicia y puntualizó que el artículo 146 de la Constitución provincial establece un plazo de 15 días desde que se produce una vacante para que el Ejecutivo proponga un postulante.

La cobertura de las vacantes de ambos Tribunales no es una facultad discrecional; constituye un deber constitucional que no puede quedar librado a estrategias políticas o conveniencias partidarias”, afirmaron desde el órgano profesional.

El Colegio de Abogados bonaerense sostuvo que la cobertura de las vacantes constituye un deber constitucional y no puede quedar sujeta a conveniencias políticas.
El Colegio de Abogados bonaerense sostuvo que la cobertura de las vacantes constituye un deber constitucional y no puede quedar sujeta a conveniencias políticas.

Cabe señalar que el pronunciamiento de los abogados bonaerenses se suma al reclamo que la propia Corte provincial formuló a fines de abril, cuando el actual presidente del cuerpo, Sergio Torres, presentó un proyecto para fortalecer la autarquía financiera del Poder Judicial.

Allí, el juez pidió que el gobernador Axel Kicillof y la Legislatura avancen con las designaciones pendientes que surgieron tras la muerte de Héctor Negri en 2020, las jubilaciones de Eduardo de Lázzari y Eduardo Pettigiani en 2021, y la salida de Luis Genoud en 2024. “Este superior tribunal se encuentra inéditamente desintegrado”, señaló Torres durante aquella presentación.

Ante este escenario, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, afirmó que la selección de los candidatos constituye una potestad del Gobernador, quien deberá resolverla de acuerdo con criterios de “oportunidad, mérito y conveniencia”. Además, desde el Ejecutivo provincial anticiparon que buscarán avanzar con los nombramientos antes de que termine el año, aunque todavía no hubo avances.

Diputados apuran una reunión con la Suprema Corte para debatir proyectos judiciales

El nuevo reclamo aparece mientras el oficialismo bonaerense prepara una reunión entre la comisión de Legislación General de Diputados y representantes de la Suprema Corte para debatir un conjunto de iniciativas orientadas a agilizar los procesos jurídicos y dotar de mayor confianza a la Justicia.

La kicillofista Lucía Iañez anticipó una probable reunión con la Suprema Corte en la comisión de Legislación General de Diputados.
La kicillofista Lucía Iañez anticipó una probable reunión con la Suprema Corte en la comisión de Legislación General de Diputados.

La semana pasada, durante la reunión de la comisión que encabeza la kicillofista Lucía Iañez, la titular del cuerpo expresó el deseo de recibir en el ámbito legislativo a la Secretaría de Relaciones Parlamentarias del máximo tribunal. El objetivo será dialogar acerca de las numerosas propuestas que ingresaron durante el último año y buscan modificar códigos y leyes procedimentales, entre otras cuestiones.

Hay muchos proyectos que tienen que ver con modificación de códigos o leyes procedimentales, con la integración de nuevos procesos, con la creación de juzgados u órganos jurisdiccionales. En este momento será con la Corte, a posterior les tocará a otros organismos. Así podremos ordenar esas iniciativas y lograr los consensos necesarios para aprobarlos”, sostuvo Iañez en diálogo con Diputados Bonaerenses.

La intención del Gobierno provincial de motorizar acuerdos con la Suprema Corte llega en un momento en el que el organismo que preside Torres presiona para que se resuelvan sus reclamos. Los pedidos abarcan desde completar los casilleros faltantes en la cúpula judicial, hasta modificar los plazos electorales para las elecciones del año que viene.

Frente a ese escenario, la Suprema Corte sigue firme con su proyecto destinado a fortalecer el Poder Judicial, consagrar la autarquía financiera y fomentar la cobertura de las vacantes existentes tanto en el máximo tribunal como en diversos juzgados. La propuesta ya fue entregada a los titulares de ambas Cámaras, Alejandro Dichiara en la Cámara baja y Verónica Magario en el Senado, pero aún no registró avances legislativos.

A partir del ingreso de esa propuesta, la Secretaría Parlamentaria de la Suprema Corte comenzó a recorrer los despachos de diputados y senadores de todos los espacios políticos para sondear posiciones. En este contexto, Iañez argumentó que, si bien el proyecto de autarquía judicial no pasa por su comisión, resulta necesaria una reunión en el cuerpo que preside para escuchar las posiciones del máximo tribunal. “La idea es poder concretarla a mediados de agosto”, adelantó.

A través de un acto llevado a cabo en abril pasado, los tres jueces de la Suprema Corte y el Procurador General presentaron el proyecto de ley de autarquía financiera.
A través de un acto llevado a cabo en abril pasado, los tres jueces de la Suprema Corte y el Procurador General presentaron el proyecto de ley de autarquía financiera.

El punto clave del encuentro serán las normativas presentadas por diputados para agilizar los procesos judiciales mediante la modificación de artículos de los códigos procesales, que determinan de qué manera funciona un expediente que ingresa al Poder Judicial. Según la legisladora oriunda de La Plata, estos proyectos buscan garantizar el acceso a la Justicia y promover la confianza en uno de los poderes que menor credibilidad recibe por parte de la sociedad.

Hay muchas modificaciones que tienen que ver con hacer más rápido los procesos. Por ejemplo, hoy en el fuero civil todo es escrito, pero en muchos lugares, incluso en La Plata, hay algunos juzgados que utilizan la oralidad. Eso agiliza el proceso. Hay que conversar cómo hacer más rápidos los procesos judiciales para la gente, para que el acceso a la justicia sea más rápido y más efectivo”, precisó la representante de la Octava sección.

La invitación de la dirigente oficialista a la Suprema Corte de Justicia llega días después de que la comisión permanente del Mapa Judicial retomara su agenda de reuniones. El organismo, creado en 2018, está integrado en la actualidad por un miembro del máximo tribunal, representantes de la Procuración General, de los ministerios de Justicia y de Economía, del Colegio de Abogados y por seis legisladores, tres opositores y tres oficialistas.

En su último encuentro, la comisión debatió si resulta necesario crear nuevos departamentos judiciales o dotar de mayor estructura a los ya existentes, ante las dificultades para designar defensores y fiscales. No obstante, el punto central pasó por la presión de la Suprema Corte para que avance la iniciativa de autarquía, cuyos representantes dejaron entrever un pedido para que la Justicia pueda ingresar proyectos a la Legislatura, ya que actualmente es el único de los tres poderes que no cuenta con esa facultad.

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