Abogados penalistas de Universidades Nacionales, agrupados en la Asociación Argentina de Profesores de Derecho Penal (AAPDP), le solicitaron este jueves al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, prestar intervención técnica en las reformas penales comprometidas en la Ley Ómnibus.
En ese sentido, los abogados penalistas exigen un debate riguroso en comisión para “formular aportes críticos” a las modificaciones de la eximente del cumplimiento de un deber, conocida como doctrina “Chocobar” y el delito de “Desobediencia”, entre otras modificaciones proyectadas en la Ley Ómnibus.
En concreto, la solicitud de los abogados penalistas al presidente de la Cámara Baja, ingresó formalmente este jueves a la Cámara Baja, lleva la identificación del expediente 0135-D-2023, y considera que el texto original de la propuesta presentada afectaría “derechos y garantías básicas” y citan al Papa Francisco, instando a actuar contra el “gatillo fácil” y la “irracionalidad punitiva”
Es preciso señalar que, la entidad que agrupa a los abogados penalistas de distintas Universidades nacionales, es presidida por el Juez y profesor, Alejandro Slokar, e integrada por los Presidentes de la Corte Suprema de Santa Fe, Daniel Erbetta, y de Mendoza, Omar Palermo, entre otros destacados juristas.
Cabe destacar que, este grupo de letrados ya se había manifestado en contra del protocolo antipiquetes del Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Patricia Bullrich, por afectar “derechos y garantías básicas“, recordando la misiva del Papa Francisco que los instaba a actuar contra el “gatillo fácil” y la “irracionalidad punitiva”.
Vale recordar que, a menos de un mes de iniciar su período gubernamental y con la intención de hacer realidad varios de sus promesas de campaña, el presidente, Javier Milei, ingresó la Ley Ómnibus, que lleva el nombre de “Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos” en honor al político liberal Juan Baustista Alberdi.
En detalle, el texto de 664 artículos trata las reformas tributarias y políticas que Milei no incluyó en las 30 medidas de desregulación económica instauradas a través del decreto de necesidad y urgencia (DNU), porque son materias a tratar exclusivamente por el Congreso.
“Con el espíritu de restituir el orden económico y social basado en la doctrina liberal plasmada en la Constitución Nacional de 1853, manifestamos nuestra firme voluntad de emprender, inmediatamente y con instrumentos idóneos, la lucha contra los factores adversos que atentan contra la libertad de los argentinos; que impiden el correcto funcionamiento de la economía de mercado y son la causa del empobrecimiento de la Nación”, escribió el Presidente en sus redes sociales.
