El diputado bonaerense del bloque Fuerza Patria (FP), Alejandro Acerbo, presentó en las últimas horas un proyecto de ley para evitar la venta de inmuebles públicos nacionales en la provincia de Buenos Aires.
La iniciativa del ex intendente de Daireaux busca dotar de herramientas efectivas a las competencias de los municipios bonaerenses para evitar el remate de los inmuebles públicos por parte de la administración nacional, a cargo de Javier Milei.
Por caso, mediante el decreto N° 322/2026, el Ejecutivo autorizó la venta o transferencia de 21 inmuebles estatales, once de ellos ubicados la provincia de Buenos Aires, en localidades como Daireaux, Salazar, Pergamino, Tres Arroyos y otros distritos bonaerenses.
A este panorama, se suman las decisiones de la administración mileísta vinculadas al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), que puso a la venta predios estratégicos para investigación y extensión rural en la provincia de Buenos Aires.
“Nos encontramos ante un inventario dinámico y en expansión de bienes públicos nacionales sometidos a procesos de disposición patrimonial, muchos de ellos localizados en áreas urbanas, o rurales de significativo impacto territorial, productivo y comunitario”, Advirtió Acerbo.
En ese sentido, Acerbo señaló que el Gobierno nacional justificó estas políticas de venta de inmuebles nacionales en razones eficiencia fiscal, reducción de costos de mantenimiento y generación de ingresos para el Tesoro Nacional.
“Sin embargo, aun cuando tales objetivos pudieran considerarse legítimos, ello no habilita a desconocer que numerosos bienes involucrados poseen funciones estratégicas vinculadas al interés público, la investigación científica, el hábitat, el ambiente, la memoria histórica, el desarrollo territorial o el equipamiento comunitario”, recalcó Acerbo.
Frente a este escenario, el legislador bonaerense recordó que distintas autoridades provinciales y municipales plantearon que, antes que su venta a privados, muchos de esos inmuebles deberían ser transferidos al patrimonio de la Provincia de Buenos Aires.
Sin ir más lejos, el Ejecutivo provincial solicitó la transferencia de los inmuebles del INTA, sosteniendo que su preservación permitiría fortalecer políticas de investigación, innovación, capacitación y desarrollo productivo, evitando su incorporación al circuito puramente especulativo del mercado inmobiliario.
En la misma línea, organizaciones sindicales y sociales advirtieron sobre el riesgo de vaciamiento de capacidades estatales estratégicas vinculadas a la investigación agropecuaria y a la agricultura familiar.
En ese marco, Acerbo recordó que, en la provincia de Buenos Aires, la planificación urbana y territorial constituye una competencia primaria de los gobiernos locales, ejercida en el marco del Decreto 8912/77, de la Ley 14.449 y de la normativa ambiental y urbanística complementaria.
“Son los municipios quienes determinan indicadores urbanísticos, densidades, usos admitidos, preservaciones ambientales, afectaciones comunitarias y mecanismos de recuperación de valorizaciones inmobiliarias derivadas de decisiones estatales”, argumentó el ex jefe comunal.
Por tal motivo, Acerbo recalcó que resulta necesario entonces “evitar que operaciones de venta masiva de bienes públicos nacionales generen vacíos regulatorios o intentos de consolidar emprendimientos privados al margen de la planificación urbana local, especialmente en contextos de fuerte presión inmobiliaria sobre áreas estratégicas”.
En ese contexto, la iniciativa procura preservas las potestades regulatorias locales y asegurar que cualquier transformación urbanística derivada de la disposición de tierras públicas nacionales queden sometidas a las reglas democráticas de planificación territorial vigentes en cada distrito bonaerense.
En paralelo, el texto prevé la intervención de los organismos registrales y catastrales provinciales, impidiendo la consolidación jurídica de operaciones que no acrediten el cumplimiento de las exigencias urbanísticas, ambientales y territoriales correspondientes.
“La Provincia de Buenos Aires y sus municipios no pueden quedar reducidos a meros espectadores frente a procesos de enajenación de bienes públicos nacionales con potencial impacto estructural sobre sus ciudades, territorios, ambientes y comunidades”, concluyó Acerbo.
