Tras el receso invernal, los tribunales federales de Comodoro Py reactivaron este lunes las causas judiciales de mayor trascendencia política para el Ejecutivo nacional, como la causa por enriquecimiento ilícito del ex jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
Es que, previo a las vacaciones de invierno, el fiscal Gerardo Pollicita recibió un informe contable de la Dirección General de Asesoramiento Financiero en las Investigaciones (DAFI) que arrojó inconsistencias entre los ingresos y los gastos del matrimonio Adorni.
A partir de ese informe, Pollicita retomó este lunes la confección de un requerimiento de justificación patrimonial, que se basará en las inconsistencias detectadas por la DAFI. El equipo de investigadores que trabaja en el caso avanzó sobre el tema incluso durante la feria.
En ese marco, aún sin fecha definida, la fiscalía pedirá al juez Ariel Lijo que le ordene a Manuel Adorni responder el requerimiento para dar, por primera vez en los tribunales, explicaciones sobre su fortuna.
Así, el platense tendrá la oportunidad de justificar formalmente los gastos y viajes de lujo que se dieron a conocer en el último tiempo, tras asumir la función pública.
Vale recordar que, antes de renunciar, ante los medios, Adorni reveló que invirtió USD 200.000 de ahorros en Bitcoin en 2014, y que esa prematura apuesta por las criptomonedas le dejó en el bolsillo medio millón de dólares que nunca declaró ni empezó a gastar hasta convertirse en funcionario público.
Si la versión que vuelque ante la Justicia no desarma las sospechas de enriquecimiento ilícito, entonces el fiscal podría dar un paso más y pedir que Adorni sea llamado a declaración indagatoria, el escalón previo a un eventual procesamiento.
Cabe destacar que, el platense esta imputado por presunto enriquecimiento ilícito. De comprobarse el hecho, la Justicia podría aplicarle una pena de 2 a 6 años de prisión, además de multas e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Sin embargo, si la investigación deriva también en una condena por otros delitos, como lavado de activos o falsedad documental, las escalas penales podrían ser mayores, según lo que determine la Justicia.
