Este viernes, el vocero de la Casa Rosada, Manuel Adorni, anunció que el Gobierno, encabezado por Javier Milei, intimará a las organizaciones sociales para que paguen el costo de $60 millones con motivo del operativo de Seguridad por la marcha del miércoles 20 de diciembre a Plaza de Mayo.
“Hay una estimación del costo del operativo en $ 60 millones y por supuesto esta será la factura que le pasaremos a las organizaciones sociales de acuerdo al protocolo de orden público”, indicó el Portavoz presidencial, en su conferencia de prensa diaria.
A su vez, Adorni indicó que el gasto del operativo del 20D “no le corresponde a la ciudadanía”, por lo que pasó a enumerar a las 14 organizaciones que identificaron que convocaron a la movilización del miércoles.
“Se identificaron las siguientes organizaciones sociales: el Polo Obrero, la Corriente Clasista y Combativa, el Movimiento Evita, la William Cook, MTR 12 de abril, Cuba MTR, Libres del Sur, Darío Santillán, La Dignidad, el FOL, Barrios de Pie, Torres, el MTE y el Movimiento Patria Justa”, enumeró Manuel Adorni.
Por su parte, el ministerio de Seguridad, que encabeza Patricia Bullrich, indicó que el Gobierno comenzó “el proceso de identificación de las personas que cortaron la vía pública, en violación al artículo 194 del Código Penal” y que “ya se identificaron a 35”.
En ese sentido, la Ministra señaló que el operativo desplegado el 20D fue un éxito por “el pequeño de infractores” que se identificaron, a la vez que recalcó que aún falta cruzar los datos con la información del Ministerio de Capital Humano, para efectivizar las advertencias de que “el que corta, no cobra”.
Es preciso recordar la campaña de desprestigio a los movimientos sociales encabezada por el Ministerio de Capital Humano, que dirige Sandra Pettovello, en la que se habilitó la línea 134 para denunciar a intermediarios, a través de la cual el Portavoz aseguró que se identificaron a 32 personas “por extorsión”.
Por su parte, Bullrich informó que presentó una denuncia en los Tribunales Federales por el delito de extorsión y defraudación al Estado por el manejo de los planes sociales, que recayó en el Juzgado de Sebastián Casanello y la fiscalía de Gerardo Pollicita.
