Con el objetivo de apurar la aprobación de la privatización de Aerolíneas Argentinas, el Gobierno nacional, a cargo de Javier Milei, analiza sumar la iniciativa a las sesiones extraordinarias que tendrían lugar en diciembre, donde el oficialismo pretende tratar el Presupuesto 2025 y la reforma electoral.
Si bien el conflicto con los gremios aeronáuticos parece haber llegado a estado de tregua, para la administración libertaria lograr este año la privatización de la aerolínea de bandera significaría sobre todo un triunfo simbólico para la tribuna propia.
“Aerolíneas Argentinas se privatiza, seguimos adelante en el Congreso. Está vigente el decreto del Presidente que declara la empresa sujeta a privatización no es materia de negociación”, afirmó el secretario de Transporte de la Nación, Franco Mogetta.
De todas maneras, el Gobierno aún no pudo darle curso al recinto, y al filo del cierre del año legislativo todo indica que el tratamiento quedaría postergado, al menos, hasta el año que viene. Sin embargo, un estrecho colaborador del Presidente aseguró que se inclinan por apurar el tratamiento durante el verano.
“Todo es dinámico, la política es una cuestión de oportunidades”, afirmó un funcionario cercano al asesor estrella del presidente, Santiago Caputo, para explicar los vaivenes del oficialismo con respecto a las sesiones extraordinarias.
Es que, en un principio, el Gobierno se negó a convocar a sesiones extraordinarias por considerarlo una muestra de debilidad pero con el correr de los días, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, no descartó la posibilidad. “si el Congreso no da la privatización vamos a terminar con Aerolíneas Argentinas“, sentenció días atrás.
“Los tiempos son muy cortos, si se dictamina el martes, se puede ir el miércoles a sesión pero en ese esquema deja al Senado con una sola sesión de comisión y la obligación de ir al recinto la última semana de noviembre para buscar su aprobación. Son tiempos muy finitos”, explicó un senador de la oposición.
Además de la carrera contrarreloj de los tiempo parlamentarios, desde Balcarce 50 creen que junto a la reforma electoral y, eventualmente, el Presupuesto 2025, el proyecto podría funcionar como moneda de cambio en las negociaciones con el resto de los partidos, sobre todo los más cercanos, que apoyan esa iniciativa.
Vale recordar que, en medio de las tensiones por las paritarias con la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) y la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA), sectores cercanos al oficialismo impulsaron el tratamiento de los proyectos del diputado Hernán Lombardi (PRO) y de Juan Manuel López (Coalición Cívica) para privatizar Aerolíneas Argentinas.
Privatización de Aerolíneas Argentinas: qué establecen los proyectos
El proyecto de ley del legislador de la escudería amarilla, Hernán Lombardi, propone declarar la privatización de Aerolíneas Argentinas, “en los términos y con los efectos previstos en la Ley N°23.696 de reforma del Estado”.
A su vez, el texto de Lombardi autorizaría a la aerolínea de bandera “establecer el marco legal y llevar adelante el procedimiento para instrumentar el proceso de privatización referido en el Artículo 1°”.
En tanto, la iniciativa de la bancada de los lilitos solicita que se respeten las disposiciones incluidas en la Ley Bases para proceder a la privatización de Aerolíneas Argentinas, que contempla la participación de la comisión Bicameral de Privatizaciones del Congreso, de la Sindicatura General de la Nación y la Auditoria General de la Nación (AGN).
En concreto, la ley fija que la comisión deberá ser informada de cualquier preferencia concedida a un potencial adquirente por parte del Poder Ejecutivo nacional en el marco de lo dispuesto por el artículo 17 de la ley 23.696.
Además, el texto de Juan Manuel López establece que la comisión deberá ser informada también de las medidas adoptadas, con el objetivo de garantizar los principios de “transparencia, competencia, máxima concurrencia, igualdad, publicidad y gobierno abierto en los procesos de toma de decisión”.
Por último, la Coalición Cívica asegura que la Auditoria General de la Nación (AGN) deberá realizar un examen respecto del proceso de privatización de cada una de las empresas estatales, evaluando el cumplimiento de los aspectos legales y financieros, una vez finalizado el mismo y dentro de un plazo de 120 días hábiles.
