El Inspector General de Justicia (IGJ), Daniel Vítolo, este jueves desestimó la maniobra que realizó esta semana el gobierno de Axel Kicillof para ayudar al titular de la Asociación del Fútbol Argentino y actual titular de la Coordinación Ecológica Área Metropolitana (CEAMSE), Claudio “Chiqui” Tapia, que está siendo investigado por corrupción.
En la tarde del miércoles, el gobierno de Kicillof reconoció el domicilio de la AFA situado en la calle Mercedes 1366 del municipio de Pilar, pese a que tanto la IGJ como la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) constataron que en ese lugar hay un baldío. La constatación de la mudanza fue un intento de calle 6 de darle un poco de aire a Tapia, que desde el año pasado forma parte del organigrama estatal con su llegada al CEAMSE.
No obstante, desde la IGJ salieron a desmentir tal mudanza. “La AFA sigue inscripta en la Capital Federal, los registros están vigentes, no hay cancelación de la inscripción, seguimos con el poder de policía, porque el hecho de que la directora de Personas Jurídicas de Provincia de Buenos Aires diga ‘yo ahora los recibo’, si la ley no se lo permite, eso no tiene validez”, subrayó Vítolo.
En ese sentido, el líder de la IGJ puntualizó que “no hay antecedentes” de una jurisdicción que reciba a una asociación civil sin que antes esta haya cancelado su inscripción en el lugar de origen. “AFA dice que se ha mudado de sede en 2024, estamos en 2026 y siguen los pastos en ese lugar. Sigue funcionando, sus servidores, sus libros de comercio están en la calle Viamonte“, aseguró.
En tanto, Vítolo cargó contra los funcionarios que reconocieron el domicilio que la AFA dice tener, echó por tierra las versiones que el Gobierno nacional esté persiguiendo políticamente a Tapia e intuyó que si alguien no tiene nada que ocultar “no huye a otra jurisdicción o a un pastizal”.
En rigor, la resolución de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas (DPPJ) consigna que el 17 de octubre de 2024 la Asamblea General Ordinaria de la AFA aprobó la modificación del artículo 1° del estatuto social, lo que estableció el domicilio social en esa calle de Pilar y la deportiva en el Predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza. El dato es clave ya que, con esto, el Gobierno bonaerense asumiría la fiscalización de la AFA y desplazaría al Ejecutivo nacional de esa tarea.
Inclusive, el timming del anuncio fue preciso. Horas antes de ese reconocimiento de domicilio, la IGJ avanzó con un pedido para que se designen veedores oficiales en la AFA, con el objetivo que se investigue si Tapia desvió fondos a empresas fantasmas. Esta veeduría apunta a realizar investigaciones sobre los estados contables cerrados a mediados del año pasado, la creación de la universidad dependiente de la AFA y el análisis de relaciones comerciales de la institución.
La AFA se presentará en la Justicia para frenar la veeduría de la IGJ
Este mediodía, la AFA de Tapia sacó un comunicado para anunciar que se presentará en la Justicia para frenar la veeduría de la IGJ. “Recurriremos a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y, de ser necesario, a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para que sea la justicia, y no la propaganda, la que determine la validez de este acto”, esgrimieron.
En el texto, la asociación madre del fútbol argentino pone en duda la objetividad de la veeduría del Gobierno nacional al recordar que la gestión de Javier Milei está a favor de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD). “No se trata de controlar una asociación civil, sino de ejecutar una política pública que busca imponer las SAD a través del debilitamiento institucional de la AFA, la principal defensora del modelo de clubes sociales”, subrayó.
“Señor Inspector General de Justicia: si la veeduría no es una sanción, ¿por qué la presenta como si lo fuera? ¿Por qué habla de “graves irregularidades” si, según sus propios términos, sólo está recolectando información? La respuesta es sencilla: porque no es una medida técnica, es una operación política. Y las operaciones políticas no resisten el control judicial”, cerró Tapia.
