La diputada bonaerense de La Libertad Avanza, Florencia Retamoso, presentó un pedido de informes en la Cámara de Diputados para que el Ejecutivo de Axel Kicillof detalle el procedimiento mediante el cual se inscribió a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) bajo jurisdicción de la provincia de Buenos Aires.
“Federalismo selectivo: autonomía para blindar, silencio para transparentar”, apuntó Retamoso en declaraciones pública, al tiempo que manifestó su extrañeza al observar que la decisión de la Asociación, que dirige Claudio “Chiqui” Tapia, “‘mudarse’ a PBA”, por lo cual queda bajo control exclusivo de la Ejecutivo bonaerense, fue “justo cuando la Nación pedía veedores y balances”.
En rigor, la iniciativa de la diputada bonaerense solicita información al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y a la Dirección Provincial de Personas Jurídicas (DPPJ) respecto de la Resolución RESO-2026-1159 y otros actos administrativos vinculados al cambio de jurisdicción de la AFA.
“Queremos saber las posibles implicancias institucionales y administrativas, qué dictámenes se emitieron, qué controles se aplicaron y qué régimen de fiscalización tendrá”, expresó la legisladora por la Tercera sección electoral. “Cuando las cosas se hacen bien, no hay nada que ocultar”, ponderó.
En efecto, el proyecto legislativo requiere el detalle del expediente administrativo, los dictámenes jurídicos emitidos y los fundamentos técnicos que respaldaron la decisión. También pide precisiones sobre la interpretación del artículo 157 del Código Civil y Comercial de la Nación utilizada por la DPPJ para considerar perfeccionado el cambio de jurisdicción.
Entre los puntos incluidos, la diputada bonaerense solicita informar si existieron observaciones o impugnaciones previas a la inscripción y si la Provincia mantuvo comunicaciones formales o informales con autoridades de la AFA antes del inicio del trámite. Asimismo, Retamoso requiere conocer si se evaluaron actuaciones en curso ante la Inspección General de Justicia (IGJ) de la Nación al momento de resolver.
El pedido también apunta a determinar cuál será el régimen de fiscalización ordinaria y extraordinaria que ejercerá la DPPJ sobre la AFA, así como las eventuales obligaciones fiscales o administrativas que se generen tras su radicación en territorio bonaerense.
En este contexto, la diputada bonaerense cuestionó el contexto en el que se produjo la decisión. “En 48 horas Kicillof le arma a Tapia una mudanza para esquivar veedores y esconder balances”, afirmó, y añadió: “La transparencia no se muda: se cumple”. Sobre ello, la legisladora sostuvo que el traslado no puede analizarse de manera aislada del escenario institucional en el que la IGJ solicitó la designación de veedores.
Cabe precisar que el proyecto recibió el apoyo del bloque de La Libertad Avanza, desde el que señalaron que el objetivo del proyecto es ejercer control legislativo sobre un acto administrativo que, a su entender, tiene impacto institucional.
En concreto, la iniciativa de Retamoso fue acompañada por sus pares de bloque, Juan Osaba, Geraldine Cavella, Gastón Abonjo, Analía Corvino, Pablo Morillo, Carla Pannelli, Ramón Vera Chavez, Mariela Vitale y Fernanda Coitinho.
El trasfondo del conflicto con la IGJ y el pedido de veedores
El cambio de jurisdicción de la AFA se produjo en paralelo a un requerimiento de la Inspección General de Justicia para designar veedores oficiales en la entidad, en el marco de actuaciones vinculadas a la revisión de documentación contable y societaria.
Según trascendió, la IGJ había rechazado previamente el intento de traslado de sede social a Pilar al considerar que no existía un funcionamiento efectivo en el nuevo domicilio declarado. El organismo nacional avanzó luego con pedidos de ampliación documental sobre estados contables cerrados al 30 de junio de 2025.
En este escenario, el abogado de la AFA anunció que la Provincia ratificó la mudanza y rechazó la competencia de la IGJ. Desde el Gobierno nacional señalaron que continuarán con los pasos administrativos previstos y que la definición sobre la designación de veedores corresponde al Ministerio de Justicia.
