Agrupaciones que nuclean a personas con discapacidad este martes saldrán a las calles de la Ciudad de Buenos Aires para protestar en contra del veto que el presidente de la Nación, Javier Milei, le propinó a la Ley de Emergencia en ese sector.
En rigor, las personas con discapacidad estará este martes a las 11.30 en la Plaza de los dos Congresos, es decir frente al palacio legislativo nacional. A la par, la medida de fuerza se reproducirá en las plazas centrales del interior del país, y las actividades relacionadas al área de Discapacidad estarán suspendidas.
Este lunes, el gobierno de Milei oficializó el veto a las leyes aprobadas en el Congreso que establecían un aumento a las jubilaciones, restituían la moratoria previsional y declaraban la emergencia en discapacidad, lo que provocó una ola de repudios de la oposición.
Bajo este contexto, el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad anunció su participación en la marcha y rechazó públicamente el veto ordenado por el presidente Milei, en defensa de su política fiscal.
“Presidente Milei, ¿Cómo se sobrevive sin trabajo ni ingresos?, ¿Cómo se transita una vida digna sin los apoyos necesarios?, ¿Cómo se responde desde el Estado a quienes dependen de estos dispositivos para vivir? Un veto total no es austeridad: es abandono. Es elegir excluir. Gobernar implica asumir responsabilidades con todos los sectores y no dejar en el olvido a quienes más lo necesitan”, cuestionaron desde el Foro.
Asimismo, la entidad de personas con discapacidad hicieron hincapié en la exclusión que tiene el país en esta materia, y puso el ojo en la situación salarial del sector. “Hay personas que trabajan en talleres protegidos y que perciben $28 mil mensuales, hay quienes esperan acceder a una pensión para contar con un ingreso. Hoy, esas personas están en riesgo porque los aranceles no cubren los costos básicos de funcionamiento y muchos prestadores están al borde del cierre”, concluyeron.
Milei vetó el aumento a jubilados, la emergencia en Discapacidad y la moratoria
A través de un comunicado difundido en sus redes institucionales, a comienzos de esta semana el gobierno de Milei ratificó el veto a las leyes que establecían un aumento a las jubilaciones, restituían la moratoria previsional y declaraban la emergencia en discapacidad.
A través del Boletín Oficial, la Oficina del Presidente fundamentó el veto al señalar que los proyectos sancionados implicaban “un gasto adicional de más de 7 billones de pesos” y atentaban “contra el equilibrio fiscal”. En ese contexto, desde la administración libertaria consideraron que las iniciativas buscaban “provocar una fuerte ruptura del orden macroeconómico”.
El comunicado oficial detalló que “el Presidente de la Nación ha vetado los proyectos que el Congreso aprobó recientemente de manera irresponsable, sin determinar el origen de los fondos, y contradiciendo el mandato popular resultante de las elecciones: erradicar definitivamente la inflación”.
Asimismo, desde el Gobierno aseguraron que los proyectos vetados implicarían un gasto equivalente “a un 0,9% del PBI calculado para este año y un 1,68% para el año entrante” y, en ese sentido, acusaron a “determinados sectores” de haber impulsado esas leyes “en pleno ciclo electoral”, con el objetivo de hacer campaña para “volver a llevar al pueblo argentino a la miseria”.
La iniciativa para los jubilados proponía además una suba del bono extraordinario de $70.000 a $110.000 indexado a la Índice de Precios al Consumidor (IPC), así como la restitución de la moratoria previsional, que la administración nacional no renovó en marzo de este año, por el termino de dos años.
Vale recordar que el año pasado, el líder libertario recurrió al veto para frenar un aumento en las jubilaciones, una suba en el presupuesto universitario y la ley que declaraba la emergencia en discapacidad. La última, establecía una actualización de aranceles automática de acuerdo al IPC, una compensación de emergencia y refuerzo de las pensiones no contributivas por invalidez, al mismo tiempo que establecía un aumento en el financiamiento de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
