Luego de que el presidente Javier Milei los catalogara como “la última trinchera de la casta” por no recortar el gasto público de sus provincias, los gobernadores comenzaron a amenazar al Ejecutivo con quitarle el respaldo para sostener el eventual veto al aumento que aprobó Diputados a los jubilados y pensionados.
Es que, la relación de lealtades entre algunos gobernadores y la administración nacional viene con problemas desde principio de año, debido a la falta de incentivos por parte de Casa Rosada a los apoyos incondicionales de los mandatarios, que muchas veces van en contra de los intereses de sus propios partidos.
En efecto, los mandatarios manifiestan su preocupación ante la caída de la recaudación, la parálisis de la obra pública, lo que deriva en fuertes recortes sobre las arcas provinciales, en un año electoral, y el paupérrimo estado de las rutas nacionales.
“Quieren más fondos para las campañas y están enojados porque nos estamos metiendo en sus distritos con el partido”, explicaron desde Casa Rosada en relación al conflicto de Milei con los gobernadores.
En ese contexto, caldeado, el jefe de Estado volvió a descalificar a los jefes provinciales que ahora están abroquelados. “Los gobernadores se unificaron todos. Es increíble cómo se les dio vuelta la tortilla”, señalaron desde una provincia que, en público, actúa como aliado a la Casa Rosada.
Por todo ello, desde una provincia aliada expresaron: “Con estos comentarios del Presi se les va a complicar juntar los soldados para sostener el veto”. Comentario que se repitió en otras provincias que no son precisamente contrarias a las fuerzas del cielo.
Vale recordar que, el pasado 5 de junio, la Cámara baja aprobó por amplia mayoría un paquete de medidas que incluyó un aumento del 7,2% para jubilados y pensionados, la suba del bono extraordinario de $70.000 a $110.000 con actualización por inflación y la restitución de la moratoria previsional por dos años.
El proyecto, que obtuvo 142 votos afirmativos, 67 negativos y 19 abstenciones, fue rápidamente repudiado por el Ejecutivo, el cual advirtió que el Presidente vetará cualquier norma que contravenga las cuentas públicas en caso de que la votación en el Senado vaya en la misma dirección.
“Esperemos que los senadores no apoyen esta demagogia populista, pero de cualquier forma nuestro compromiso es vetar cualquier cosa que atente contra el déficit cero”, afirmaron desde Casa Rosada.
Frente a una eventual sanción en el Senado, se da por descontado que el Ejecutivo vetará el nuevo aumento a los jubilados, como sucedió el año pasado, y la oposición buscará ratificar su aprobación en el Congreso, por lo que el oficialismo necesitará nuevamente poder de fuego amigo para sostener el decreto.
El año pasado uno de los que se preocupó en blindar los vetos fue el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, que mando a sus tres diputados del bloque Independencia a votar en contra del aumento a pesar de las insistencias del peronismo.
Sin embargo, el vinculo entre él y Casa Rosada es cada vez peor, situación que se repite con otros gobernadores, por lo que se abre un escenario complejo para el oficialismo en el Congreso.“El gobierno nacional tiene que entender que solo no va a poder gobernar, necesita el acompañamiento de las provincias, de la misma manera que nosotros necesitamos el acompañamiento de la Nación”, indicó el tucumano.
Gobernadores elevaron a los funcionarios nacionales un proyecto para distribuir impuestos
En el marco de la caída de las recaudaciones y las paralizaciones de las obras públicas, los gobernadores reunidos en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) anticiparon a los representantes del Ejecutivo nacional que redactarán un proyecto de ley elaborado en forma consensuada para redistribuir el impuesto a los combustibles y destrabar el reparto de los Aportes del Tesoro Nacional.
En ese sentido, la propuesta de los mandatarios provinciales fue fundamentada “en la certeza de que la sanción del proyecto no afectará la sustentabilidad de las finanzas públicas nacionales y que, complementariamente, generará más federalismo”.
En concreto, las provincias buscarán que un 48% del impuesto a los combustibles líquidos sea administrado por Nación mientras que el 52% restantes quede en manos de las jurisdicciones. La idea, tal como aclara el comunicado, es que los montos se distribuyan a través del índice de coparticipación federal.
Por otra parte, el comunicado difundido por los gobernadores, hizo mención al reclamo para que el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional se distribuya entre Nación y provincias de acuerdo con la coparticipación primaria y secundaria de la Ley nacional N° 23.548.
En el encuentro hubo representación de 22 de los 24 distritos nacional, entre ellos Axel Kicillof (Buenos Aires); Jorge Macri (CABA); Martín Llaryora (Córdoba); Maximiliano Pullaro (Santa Fe); Alfredo Cornejo (Mendoza); Alberto Weretilneck (Río Negro); Raúl Jalil (Catamarca); e Ignacio Torres (Chubut). Los únicos ausentes fueron Formosa y Corrientes.
En tanto, desde el Gobierno nacional elevaron una contrapropuesta que no fue bien recibida por los gobernadores, no obstante, indicaron que que “se acordó seguir conversando, abrir un canal de diálogo”. “La idea es entablar mesas de trabajo para varias cosas”, añadieron desde Casa Rosada.
Este lunes a primera hora, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, respondió a los gobernadores que le reclamaron al Gobierno nacional por una mayor asistencia financiera, y dejó en claro que, aunque la administración libertaria de Javier Milei “mantiene una actitud de diálogo”, la situación fiscal es compleja y “los números no cierran”.
“Nosotros siempre tenemos una actitud positiva, lo que no da a veces son los números. Trataremos de ver cómo llegamos”, expresó Francos, en la antesala de una nueva reunión entre las autoridades nacionales y los mandatarios provinciales para discutir medidas de alivio.
En ese marco, Francos adelantó que el vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán, y el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, se reunirán este miércoles para intentar acercar posiciones con los gobernadores, aunque la posición del Gobierno nacional está marcada desde la campaña: “No hay plata”.
En ese sentido, el funcionario nacional explicó que desde el Ejecutivo impulsaron una política de ajuste para equilibrar las cuentas del Estado, y remarcó que las provincias también deben asumir responsabilidades: “En la Nación hicimos muchos ajustes y bajamos muchos impuestos, y esperamos que la actitud sea recíproca. La situación económica del Estado nacional y de los provinciales debe ser motivo de preocupación de todos los líderes”, insistió.
