La Asociación Judicial Bonaerense (AJB) expresó su rechazo a las presiones y amenazas efectuadas por el Gobierno nacional sobre la titular del Juzgado Contravencional Nº 15 del fuero Penal, Contravencional y Faltas de la Ciudad de Buenos Aires, Karina Andrade, quien ordenó la liberación de los manifestantes detenidos durante la marcha de los jubilados.
En el comunicado que emitió la organización gremial conducida por Hugo Russo, los judiciales advirtieron que “estas maniobras buscan condicionar la independencia del Poder Judicial“, y alinear las decisiones de los magistrados con los intereses políticos del oficialismo, que el miércoles pasado ordenó la detención ilegal de más de 100 personas.
En ese sentido, desde la AJB señalaron que la jueza Andrade “actuó con apego a la ley y en defensa de los derechos constitucionales”, garantizando la libertad de las más de 130 personas que habían sido detenidas arbitrariamente en la manifestación que se llevó a cabo en las inmediaciones del Congreso.
Sin embargo, las autoridades del gremio que nuclea a los trabajadores judiciales de la provincia de Buenos Aires denunciaron que el Gobierno nacional desplegó “acciones coercitivas” para forzar a la jueza del Juzgado Contravencional Nº 15 del fuero Penal a tomar fallos contrarios a la legalidad.
En tanto, el gremio de los judiciales bonaerenses remarcó que este tipo de presiones forman parte de un “deterioro institucional” más amplio, donde se registraron abusos de poder, represión y violaciones a derechos fundamentales. Como ejemplo, la AJB recordó que la represión de la protesta dejó 650 heridos y múltiples denuncias de violencia y abuso policial.
En ese sentido, la AJB advirtió que cualquier intento del Gobierno nacional de influir en el Poder Judicial representa una amenaza directa contra la democracia y el Estado de derecho, y exigió el cese de las presiones políticas contra Karina Andrade. “La independencia judicial no es negociable ni puede ser vulnerada por intereses partidarios o gubernamentales”, completó el comunicado.
En última instancia, el gremio realizó un expreso llamado a la comunidad y a las instituciones, en el que pidió defender las garantías constitucionales y frenar cualquier intento de condicionamiento sobre los jueces. “Basta de presiones”, concluyó el comunicado de la AJB.
La jueza respaldada por la AJB defendió su fallo y afirmó que actuó con apego a la Constitución
En declaraciones radiales, la jueza Karina Andrade explicó los fundamentos de su decisión de liberar a los detenidos tras la represión en la marcha de los jubilados y sostuvo que su fallo fue estrictamente jurídico y constitucional.
De esa manera, la magistrada aseguró que su sentencia dejó en claro “cuál es el A-B-C de la detención de una persona en Argentina”, y que las privaciones de la libertad en el contexto de la protesta no habían cumplido con los requisitos legales básicos.
Por caso, Andrade detalló que su resolución se basó en dos criterios fundamentales: “Por un lado, la priorización del derecho a expresarse y manifestarse, consagrado en la Constitución Nacional; por otro, en el hecho de que las detenciones no cumplían con los procedimientos básicos de información al juez, lo que impedía un control adecuado sobre los motivos de la privación de la libertad”.
Así, Andrade enfatizó que, al no contar con la información mínima necesaria sobre cada caso, correspondía una respuesta rápida y garantista para los detenidos, y explicó que no se cumplió con el requisito elemental de informar detalladamente por qué cada persona había sido detenida, lo que vulneraba principios fundamentales del debido proceso.
Por último, la jueza aclaró que la liberación de los manifestantes no implica que no puedan ser investigados en el futuro, al tiempo que aseguró que el Ministerio Público Fiscal tiene la facultad de continuar con las pesquisas y de realizar las pruebas necesarias para determinar si se cometieron delitos.
