(*) Por Soledad Alonso
Al cerrar el mes de marzo, marcado por los 50 años del golpe cívico-militar que instauró la dictadura más sangrienta de nuestra historia, vuelve a ponerse en evidencia un desafío que creíamos saldado: el avance del negacionismo que relativiza o busca justificar el terrorismo de Estado.
No es un fenómeno aislado. En distintos países, frente a hechos traumáticos como el Holocausto, también surgieron discursos que buscaron negar, relativizar o justificar lo ocurrido. En muchos de esos casos, las sociedades respondieron con herramientas institucionales, incluso con leyes específicas. La Argentina no es ajena a ese proceso.
Cuando se relativiza lo ocurrido o se intenta justificar el accionar de la dictadura, no estamos frente a una discusión más. Son discursos que ponen en cuestión hechos que la sociedad argentina ya investigó, juzgó y sobre los que construyó acuerdos básicos para poder vivir en democracia. Como señala el sociólogo Daniel Feierstein, todo proceso genocida genera, tarde o temprano, reacciones negacionistas.
Estas expresiones no solo distorsionan el pasado: buscan debilitar el pacto democrático construido en estos más de 40 años. Porque lo que está en juego no es solo cómo recordamos lo que pasó, sino qué valores sostenemos en el presente y qué futuro queremos construir.
Por eso, a medio siglo de aquel quiebre institucional, vuelve a ser necesario hacer pedagogía de la memoria. No para quedarnos en el pasado, sino para entender mejor el presente y fortalecer la construcción de un proyecto de país. Formar ciudadanía también implica conocer qué pasó y por qué decidimos como sociedad decir “Nunca Más”.
Nada de esto se logró de un día para el otro. Fue el resultado de muchos años de lucha, con avances y retrocesos, sostenido por organismos de derechos humanos, decisiones políticas y una sociedad que no dejó de reclamar memoria, verdad y justicia.
Desde el Juicio a las Juntas y el trabajo de la CONADEP en el gobierno de Raúl Alfonsín, pasando por los retrocesos de los años noventa con los indultos, hasta la reapertura de los juicios durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, la Argentina fue construyendo un camino propio en materia de Memoria, Verdad y Justicia, reconocido en el mundo.
Ese proceso incluyó el avance sostenido de los juicios a los responsables de la dictadura y la recuperación de sitios de memoria, como la ex ESMA. Más cerca en el tiempo, durante el gobierno de Mauricio Macri, reaparecieron señales preocupantes.
Expresiones negacionistas de algunos funcionarios y el fallo del 2×1 de la Corte Suprema en 2017, que benefició a represores, generaron un fuerte rechazo social. Ese fallo contó con el voto de jueces designados por decreto por el propio Macri.
Luego, durante la gestión de Alberto Fernández, y en el marco de los 40 años de democracia, se reforzó esa línea con el impulso a los juicios de lesa humanidad, la señalización de sitios de memoria y la reafirmación del “Nunca Más”.
Pero nada de esto es definitivo. Hoy, con el gobierno de Milei, vuelven a circular con más fuerza discursos que buscan reinstalar interpretaciones que creíamos superadas: se intenta equiparar el terrorismo de Estado con una “guerra”, se promueve la idea de “memoria completa” y se relativiza el número de víctimas o el sentido de las políticas de derechos humanos.
En este contexto, resulta imprescindible reconocer el rol de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. En los momentos más oscuros, transformaron el dolor en lucha y sostuvieron una búsqueda incansable de verdad y justicia. Su trabajo permitió avances fundamentales, como la restitución de identidad de nietas y nietos apropiados, y dejó herramientas únicas como el Banco Nacional de Datos Genéticos.
Gracias a ese recorrido, la Argentina logró no solo reparar a las víctimas, sino también construir una memoria colectiva que fortaleció valores democráticos y generó un compromiso social frente a las violaciones de derechos humanos. Sin embargo, las expresiones negacionistas que resurgen en el presente muestran que ese consenso necesita ser cuidado y actualizado. Y en ese punto aparece un debate que distintas sociedades han tenido que dar.
Así como en otros países se avanzó en leyes para sancionar el negacionismo del Holocausto y otros crímenes, hoy también se abre en la Argentina la discusión sobre cómo enfrentar estos discursos. Se trata de herramientas que buscan poner límites a la negación o justificación de genocidios y crímenes de lesa humanidad —como los cometidos durante la última dictadura—, estableciendo sanciones que pueden ser tanto civiles como penales. Su objetivo es proteger la verdad histórica, prevenir el odio y resguardar la dignidad de las víctimas.
Al mismo tiempo, este debate también abre la posibilidad de pensar herramientas que no se agoten en la sanción, sino que apunten a la formación y la prevención. En esa línea, algunas iniciativas plantean complementar eventuales leyes antinegacionistas con políticas de capacitación obligatoria en derechos humanos y en el proceso argentino de Memoria, Verdad y Justicia para integrantes de los tres poderes del Estado. La idea es clara: no se trata solo de poner límites, sino de fortalecer una cultura democrática que haga menos fértiles estos discursos.
No hay respuestas simples. Pero sí hay una certeza: el negacionismo no es una opinión más. Es una forma de distorsionar la historia y de poner en riesgo los consensos que tanto costó construir. Por eso, más allá de las herramientas legales que puedan discutirse, la tarea sigue siendo clara: sostener la memoria, fortalecer la educación en derechos humanos y formar una ciudadanía comprometida con su historia.
A 50 años del golpe, reafirmar el “Nunca Más” no es solo recordar. Es asumir una responsabilidad colectiva. Y también es animarnos a dar los debates necesarios, con seriedad y sin simplificaciones, para seguir cuidando la democracia que supimos construir.
