En las últimas horas, la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados bonaerense, presidida por la diputada Soledad Alonso, aprobó un proyecto de declaración que expresa un fuerte repudio y preocupación por la situación que atraviesan los trabajadores de la Dirección Nacional de Vialidad, y el vaciamiento que sufre el organismo.
En el escrito, que lleva la firma de la legisladora de Unión por la Patria, se reclama la preservación de los puestos laborales de la Dirección de Vialidad Nacional, y exige mayor inversión en infraestructura para garantizar la conectividad y la seguridad en las rutas nacionales, que atraviesan una crítica situación.
Durante la reunión, los diputados que integran la Comisión de Trabajo escucharon los reclamos del sector en un encuentro que contó con la presencia de Fabián Cattanzaro, secretario gremial de la Federación del Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA), Emiliana Mc Namara, secretaria general del Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional (SEVINA) Buenos Aires, Pablo Zalazky, secretario adjunto de ATE, y Jorge Maturano, secretario general del Sindicato del Personal Jerárquico de Vialidad.
En el cónclave que se llevó a cabo en la Legislatura, todos los representantes de los trabajadores de Vialidad Nacional coincidieron en advertir sobre una situación crítica que, según afirmaron, pone en riesgo tanto la estructura del organismo como los derechos laborales y la seguridad vial en el país.
Los gremios denunciaron los más de 300 despidos recientes, la paralización total de las obras públicas en todo el territorio nacional, la subejecución presupuestaria, la amenaza de disolución de Vialidad Nacional y la posible eliminación de los convenios colectivos de trabajo, y calificaron esta política llevada adelante por la administración de Javier Milei como un “vaciamiento deliberado” de uno de los organismos técnicos más importantes y antiguos de la administración pública nacional.
“No invertir en infraestructura vial implica paralizar obras de conectividad, accesos, autopistas y puentes, agravando la inseguridad vial. El ajuste en Vialidad Nacional no hace más que profundizar la crisis, en perjuicio de los trabajadores y de toda la comunidad”, expresó la diputada Alonso durante su intervención.
Al mismo tiempo, la titular de la Comisión de Trabajo hizo hincapié en que el impacto de los despidos en Vialidad Nacional no es solo laboral sino también estructural, ya que la falta de mantenimiento y ejecución de obras viales genera un deterioro acumulativo que aumenta los siniestros y los costos para el Estado.
Por eso, el proyecto de declaración recuerda que la Dirección Nacional de Vialidad es un organismo descentralizado de carácter federal, dependiente del Ministerio de Transporte de la Nación, con presencia en todas las provincias, y en el caso de Buenos Aires, administra 4.672 kilómetros de la red troncal nacional, con una dotación de más de 570 agentes en los distritos de Buenos Aires y Bahía Blanca.
En todo el país, la plantilla de Vialidad Nacional alcanza los 1.119 trabajadores, quienes se encargan del mantenimiento y la planificación de más de 40.000 kilómetros de rutas, con un arduo trabajo que debe garantizar la seguridad en las rutas, la correcta señalización y el mantenimiento de los carriles.
Por caso, la declaración subraya que el deterioro de la red vial tiene consecuencias directas en la seguridad, dado que existe una relación comprobada entre la desinversión en infraestructura y el aumento de siniestros, y advierte que los recortes y la desatención del sistema “están llevando al colapso de la infraestructura existente, al tiempo que pone en riesgo la vida de miles de personas que circulan a diario por las rutas argentinas”.
“La Dirección Nacional de Vialidad es un organismo técnico esencial, casi centenario, que ha sabido integrar las necesidades regionales en materia de conectividad y desarrollo”, remarcó Alonso en el escrito, donde también cuestionó los anuncios de tercerización de funciones mediante concesiones privadas, al señalar que se trata de una visión meramente economicista que ignora la dimensión estratégica y social del organismo.
El proyecto aprobado por la Comisión de Trabajo destaca además la necesidad de mantener un sistema de conservación y mantenimiento vial de rutina, que permita asegurar la transitabilidad, reducir costos operativos y evitar mayores gastos en rehabilitaciones. Según la exposición de Alonso, cada peso no invertido a tiempo puede implicar desembolsos entre tres y cinco veces mayores en obras de recuperación, lo que representa un uso ineficiente de los recursos públicos.
En el texto, Alonso recordó que la mejora de la infraestructura vial es uno de los pilares reconocidos por las Naciones Unidas para reducir los decesos por siniestros de tránsito, y que la Argentina se comprometió a reducir en un 50% las muertes en rutas durante la Década de Acción para la Seguridad Vial 2021–2030. Sin embargo, el retroceso en políticas de mantenimiento y obra pública va en sentido contrario a ese compromiso.
