La Argentina fue nuevamente demandada en una corte de Washington por la empresa norteamericana AES Corporation, que busca ejecutar una sentencia del Centro Internacional de Arreglo de Diferendos Relativos a Inversiones (CIADI), el tribunal arbitral del Banco Mundial. La firma del sector energético reclama el reconocimiento de un laudo emitido en mayo pasado que obliga al país a pagar USD 732 millones, tras un proceso iniciado en 2002.
La disputa se originó en la pesificación de los contratos de concesión de la represa Alicurá, ubicada sobre el río Limay, en el límite entre Neuquén y Río Negro. Tras la crisis del 2001, el Gobierno nacional modificó de forma unilateral las condiciones contractuales, eliminando la cláusula que garantizaba ingresos en dólares a los concesionarios. AES consideró que se habían agotado las instancias judiciales locales y acudió al CIADI, como establece el tratado bilateral de inversiones firmado entre Argentina y Estados Unidos en 1991.
En su presentación ante el tribunal internacional, la empresa había reclamado USD 1.814 millones, cifra que podía trepar hasta los USD 2.500 millones si se sumaban los intereses, sin embargo, el CIADI fijó el resarcimiento en USD 732 millones. Ahora, la compañía pidió a la justicia estadounidense autorización para ejecutar ese fallo en territorio norteamericano.
Según explicó el CEO de Latam Advisors, Sebastián Maril, “en el momento en el cual la Corte otorgue el reconocimiento, Argentina va a apelar utilizando argumentos que hoy se desconocen”. Además, remarcó que el proceso puede extenderse durante varios años, dado que el país deberá identificar activos embargables en el extranjero, solicitar su embargo y contar con una autorización judicial para avanzar.
Maril también señaló que este tipo de demandas suelen buscar que el país se siente a negociar. En ese sentido, deslizó la posibilidad de que el Gobierno argentino utilice como moneda de pago algunas de las empresas o activos que Milei pretende privatizar, como las represas o reservas energéticas.
La presentación de AES se suma a una lista creciente de juicios internacionales contra el Estado argentino. En paralelo al litigio por la estatización de YPF, en el que el fondo Burford Capital reclama USD 16.100 millones, hay al menos otros seis casos activos en el CIADI que involucran un total de USD 1.500 millones.
Uno de los más avanzados es el de Webuild, ex Salini Impregilo, que obtuvo en abril de 2025 un laudo a su favor por USD 152,6 millones. La indemnización responde a la afectación de su participación en la concesionaria Puentes del Litoral S.A., tras las medidas de emergencia adoptadas a partir del colapso económico de 2001.
En noviembre de 2021, Casinos Austria también logró un fallo favorable, que le otorgó USD 21,6 millones tras la revocación de su licencia de explotación de juegos de azar en Salta. Aunque el monto es significativamente menor, el caso sigue abierto, ya que actualmente se analiza un pedido de anulación del laudo por parte del Estado argentino.
Otras demandas abiertas ante el CIADI, además de Argentina
Entre los expedientes aún en curso se encuentra el de Abertis Infraestructuras, que reclama USD 295,7 millones por la supuesta ruptura del régimen tarifario de las concesiones viales AUSOL y GCO. A la fecha, no se emitió laudo y las partes continúan en etapa de presentaciones.
También está el caso de IJM Corporation Berhad, de origen malayo, con un reclamo de USD 51,1 millones por la nulidad del contrato de concesión de GCO. El tribunal sigue evaluando los argumentos de ambas partes.
En tanto, la firma Nationale Nederlanden Holdinvest B.V. exige USD 157 millones como compensación por la eliminación del régimen de capitalización de las AFJP, que fueron traspasadas al sistema público en 2008 por la Ley 26.425. Las audiencias ya se realizaron y se aguarda el laudo definitivo.
Por su parte, el expediente de BA Desarrollos LLC está vinculado a un conflicto por USD 58,3 millones relacionado con la escrituración de terrenos del proyecto Catalinas Norte II. El tribunal arbitral se constituyó en noviembre del año pasado y se encuentra en la etapa de intercambio de escritos.
Aunque estos casos aún no tienen resolución, Maril advirtió que el CIADI suele actuar con lentitud: “Ninguno está tan avanzado como para que haya una sentencia firme cerca. No creo que haya un fallo inminente”. Sin embargo, el cúmulo de reclamos incrementa la presión financiera y legal sobre el Estado argentino, que acumula sentencias adversas en tribunales internacionales.
