La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) este viernes rechazó la reforma del empleo público que impulsa el gobierno de Javier Milei al considerar que las modificaciones propuestas sobre salarios, ascensos y movilidad entre áreas podrían implicar una pérdida de derechos para los estatales, y pidió poder discutir cambios para mejorar las condiciones laborales.
En ese sentido, el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, pidió a los trabajadores del sector público mantenerse en alerta frente a la iniciativa que propone el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y sostuvo que el objetivo de la negociación no debería ser modificar derechos laborales. “Debemos poner máxima atención porque teniendo en cuenta la reforma laboral, el objetivo de la negociación no puede ser otro que perjudicar a los trabajadores estatales”, afirmó el dirigente.
En ese sentido, Aguiar diferenció la posición de ATE respecto del Convenio Colectivo de Trabajo 214/06, que alcanza a la Administración Pública Nacional y otros organismos estatales, y recordó que el mismo fue firmado y homologado en 2006 con el acuerdo tanto de la Asociación que encabeza como de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), dos organizaciones sindicales que históricamente mantuvieron posiciones políticas diferentes.
“Nuestro problema no es el convenio colectivo, sino la industria del incumplimiento por parte del Gobierno. Tiene que quedar claro que no nos oponemos a discutir modificaciones en el empleo público si las mismas son para mejorar las condiciones laborales actuales, pero de ninguna manera vamos a aceptar una discusión que esté orientada a quitarle derechos a los trabajadores del sector público”, indicó Aguiar.
Para ejemplificar, el dirigente sindicalista señaló que el Estado no puede seguir con la contratación de trabajadores con régimen “independiente”, o que los salarios de los empleados estatales estén por debajo de la línea de pobreza. “Si se plantea una renegociación del convenio colectivo para regularizar a los trabajadores precarizados y proponer ingresos dignos, nos sentamos ya”, agregó el titular de ATE.
Por caso, el secretario general del gremio que nuclea a gran parte de los estatales también planteó modificaciones vinculadas con los mecanismos de ingreso y desarrollo de la carrera dentro de la administración pública, al explicar que en la actualidad el período de prueba es de 12 meses, mientras que las promociones y los ascensos pueden demorar entre dos y tres años. En ese punto, Aguiar señaló que ATE estaría dispuesto a discutir una reducción del período de prueba a tres meses, y mecanismos que permitan agilizar los ascensos.
Otro de los puntos cuestionados por el sindicalista fueron los exámenes de idoneidad implementados por el Gobierno nacional, que generaron un amplio rechazo en 2024 cuando la administración libertaria los aplicó. “¿En serio van a seguir insistiendo con ese tema después de que aprobó el 98% de la planta estatal?”, disparó el referente de los trabajadores del Estado nacional.
Qué plantea la reforma del empleo público que rechaza ATE
Cabe mencionar que, la reforma del empleo público es impulsada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado y contempla, entre otros aspectos, modificaciones en el desarrollo de la carrera y en la remuneración de los trabajadores en función del rendimiento individual, además de mecanismos para facilitar el traslado de empleados entre distintas áreas de la Administración Pública.
Sin embargo, desde ATE señalaron que varios de los mecanismos que el Gobierno busca modificar ya están contemplados en la normativa vigente. Es que, la Ley 25.164 establece que el ingreso al Estado debe realizarse mediante mecanismos de selección que acrediten la idoneidad de los postulantes, mientras que el desarrollo de la carrera incorpora criterios vinculados con el mérito, la eficiencia, la eficacia, el rendimiento y la capacitación.
En este contexto, Aguiar sostuvo que “la estabilidad, el derecho al ingreso, las evaluaciones y los concursos ya existen”, aunque cuestionó el nivel de cumplimiento de esas disposiciones por parte del Estado. “Lo que ocurre es que el Estado no cumple con nada de eso. Acá el problema que enfrentamos en la administración pública no es el convenio colectivo, es la industria del incumplimiento por parte del Gobierno”, completó el dirigente.
