En las últimas horas, las autoridades de la Auditoría General de la Nación, confirmaron que, en medio de los avances que realizan en torno a la investigación del negocio de los Parques Eólicos consolidado por el ex presidente, Mauricio Macri, y el ex futbolista Carlos Tévez, se encontraron una serie de irregularidades dentro de las licitaciones de energías renovables.
Según expresaron los auditores, las irregularidades en las licitaciones realizadas por Macri y Tévez en el negocio conjunto de los Parques Eólicos, no sólo le causaron un perjuicio millonario al Estado argentino, sino que además les permitió a ambos empresarios apoderarse de una suma de más de 70 millones de dólares por la venta de los mismos.
Así, el conflicto con los Parques Eólicos se convirtió en una más de las 38 causas que deberá enfrentar Macri en los próximos años, si se cuentan solo las denuncias radicadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), más específicamente en los tribunales de Comodoro Py.
En la misma situación que la causa judicial por las irregularidades en la venta de los Parques Eólicos se encuentran la reglamentación de la ley de blanqueo de capitales, donde Macri incluyó a varios de sus familiares, la red de espionaje ilegal y la renegociación de los peajes para los accesos a la CABA, entre otras.
De esta manera, la denuncia por los Parques Eólicos es una de las que más preocupa al ex presidente. Actualmente, el expediente se encuentra en el juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi, y tras varias medidas quedó “en suspenso”. Desde el núcleo duro del macrismo advirtieron que, luego del informe de la Auditoría General de la Nación que advierte el grave perjuicio estatal, será complicado que la causa siga cajoneada.
Cabe recordar que, en el 2016, cuando Macri aún era presidente de la Argentina, la millonaria familia del líder del PRO se asociación con Tévez, quien le compró a la firma Isolux, una empresa de capitales españoles, los proyectos para construir seis Parques Eólicos y dos solares en nuestro país.
En su momento, la firma europea tenía en su poder las licitaciones que había ganado para los Parques Eólicos en Miramar y en Loma Blanca, para los que la asociación entre el ex presidente Macri y el ex futbolista Tevez desembolsó una suma de 25 millones de dólares.
En tanto, a mediados de enero 2019, el ex presidente Macri viajó a la Patagonia para inaugurar el Parque Eólico Chubut Norte, pero apenas 10 meses después, luego de perder las elecciones generales, el proyecto se paralizó y despidieron a 900 trabajadores.
Por su parte, Genneia, que era la empresa encargada de poner en marcha el proyecto del Parque Eólico Chubut Norte, decidió suspender sus actividades al argumentar que “no tenía acceso al financiamiento” tras la entrada en vigencia del control del cambio de gestión.
Las irregularidades detectadas por la Auditoría
El informe de la Auditoría General de la Nación respecto del negocio de los Parques Eólicos de Macri y Tévez resulta contundente, ya que asegura que el Estado Nacional aumentó los precios que pagaba por Mw/h de 41 a 76,23 dólares, mientras los precios tendían “a la baja”.
Asimismo, la Auditoría detectó que la gestión de Macri “permitió la aplicación de los beneficios del Renovar a empresas adjudicatarias de programas previos que no participaron del procedimiento licitatorio correspondiente”. En ese sentido, el Estado Nacional se comprometió a pagarle a las empresas por 20 años.
El Estado Nacional se constituyó como garante de obligaciones de terceros, comprometiendo de manera contingente sus propios recursos mediante la asunción de compromisos con organismos internacionales”, detalla el informe de la Auditoría General de la Nación, que se encuentra a cargo del radical Jesús Rodríguez.
Sumado al aumento de los precios que beneficiaron de manera directa a las familias de Macri y Tevez, el gobierno de Cambiemos implementó un cálculo erróneo del tipo de cambio, haciéndole perder al Estado Nacional alrededor de 4.6 millones de dólares.
“El ex Ministerio de Energía y Minería, en su carácter de Autoridad de Aplicación, no podía desconocer de las situaciones societarias de los beneficiarios del fideicomiso. La finalidad por la cual se implementó el Programa tiene carácter eminentemente público. Dejar el control vinculado con la cesión de acciones exclusivamente a CAMMESA implicó un riesgo de afectación a los principios de transparencia, igualdad y concurrencia, prioritarios en las licitaciones públicas”, manifiesta el escrito.
Entre otras irregularidades, la Auditoría General de la Nación afirma que la ex Subsecretaría de Energías Renovables “incumplió las previsiones del Decreto 202/17 vinculadas con la comunicación de la Declaración jurada de intereses positiva a la Oficina Anticorrupción y a la Sindicatura General de la Nación”.
