En las últimas horas, las autoridades de la Auditoría General de la Nación (AGN) dieron a conocer el plan de trabajo delineado para el 2025, que destaca la publicación de los datos que surgirán de las auditorías realizadas en un importante grupo de universidades públicas nacionales y organismos estatales claves como la empresa Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA) y el PAMI.
Por caso, la ruta de trabajo de cara al próximo año fue presentada por Juan Manuel Olmos, ex vicejefe de gabinete de Alberto Fernández, dirigente del peronismo, y titular de la AGN, durante la XVI Sesión del Colegio de Auditores Generales. Por caso, el plan recibió la aprobación unánime antes de ser remitido al Congreso de la Nación, conforme a lo estipulado en la Ley 24.156.
En tanto, el Congreso ya introdujo modificaciones al cronograma de la AGN, enfocándose principalmente en las auditorías a las universidades, que fueron el eje central del debate público durante este año en el marco de la tan discutida y vetada Ley de Financiamiento Universitario.
Sin embargo, recién este 26 de noviembre la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas del Honorable Congreso de la Nación terminará de aprobar el plan de la AGN, que incluye el trabajo sobre otras áreas y empresas del Estado Nacional, y devolverá el documento con las consideraciones finales.

En el caso de las universidades, los auditores proponen trabajar sobre los ejes de evaluación de la gestión, aplicación y rendición de las transferencias realizadas a las Universidades Nacionales, con énfasis en el cumplimiento de la normativa vigente, como la evaluación de metas, la producción bruta y los indicadores.
En el informe de gestión que se aprobó para el 2025, la AGN estableció que se auditará la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Buenos Aires, junto a las universidades públicas nacionales de Córdoba, La Plata, Salta, San Juan, Cuyo, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, de la Patagonia San Juan Bosco, de Chilecito, de Avellaneda y del Nordeste.
Según informaron desde la AGN, el foco de las auditorías cambiará dependiendo la institución. En algunas serán sobre la gestión administrativa, financiera y contable, mientras que otras se centrarán en el análisis transversal sobre los procesos de compras y contrataciones y también sobre la gestión de bienestar estudiantil.
En este sentido, el primer borrador del plan de trabajo de la AGN que circula entre los legisladores anticipa que los resultados iniciales de las auditorías universitarias estarán disponibles a mediados del próximo año. La Universidad del Nordeste será la primera en ser evaluada, con un análisis centrado en su Plan Plurianual y la gestión contable, anual y financiera, y los resultados se podrían conocer recién el 30 de junio de 2025.
Por otro lado, las autoridades de la AGN esperan que los resultados de la auditoría de la Universidad de Córdoba, una de las más importantes del país, siga un análisis similar al de la Universidad del Nordeste, ya que también será objeto de un escrutinio detallado que culminará en agosto de 2025.
Para el caso de la Universidad de Buenos Aires, una de las apuntadas por el Gobierno de Javier Milei, sólo se realizará el escrutinio en esta primera instancia sobre la Facultad de Medicina, cuyos resultados de las auditorías se conocerían el 30 de noviembre del 2026, casi dentro de dos años. Será la última de las universidades auditadas por la AGN de la que se publicarán resultados.
En el documento oficial de la AGN, las autoridades explican que las instituciones seleccionadas para las auditorías del próximo año fueron elegidas de manera objetiva, basándose en el análisis de la Matriz de Importancia Relativa (MIR) y en la capacidad operativa del organismo.
El Programa de Acción Anual de la AGN en 2025 incluye un total de 296 proyectos de auditoría. De este número, 128 son nuevos, mientras que los 168 restantes se corresponden con años anteriores. En estos casos, muchos de ellos ya fueron iniciados. En detalle, con relación al tipo de control, el 62% son sobre estados contables y el 38% de gestión gubernamental.
Auditorías de la AGN: la posición de las universidades
Desde el veto a la ley de Financiamiento Universitario, fueron varios los referentes de las casas de altos estudios que remarcaron que no están en contra de las auditorías y aclararon que dan cuenta de sus gastos mediante diferentes modalidades, una de ellas lo hacen a la AGN que lo reporta directamente al Congreso.
Uno de ellos fue el propio Olmos, que desmintió que se no se realicen auditorías sobre las universidades y aclaró que se hay cronogramas anuales para relevar los datos administrativos que son aprobados por el Congreso. “La discusión que está dando es que no quiere financiar las universidades“, señaló.
“Lo que me parece que el Presidente está tratando de discutir, es otra cosa, y llegar a que se arancelen las universidades”, sostuvo Olmos en declaraciones radiales, al tiempo que agregó que los argumentos “pueriles” y “berretas”, dado que saca el “foco de atención de cuál es la verdadera discusión”.
En esta línea, el decano de la Facultad de Farmacia de la UBA, Pablo Evelsón, cuestionó al Gobierno por el recorte del presupuesto y aclaró que están “tranquilos” por las auditorías que puede llevar adelante Blanco. “Tenemos todo en regla y el mensaje que queremos dar es que los controles existen y están disponibles”, señaló.
Por su parte, el vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Emiliano Yacobitti, consideró que “el Presidente cambia las mentiras con las que argumenta, pero el fin sigue siendo el mismo: desfinanciar y desprestigiar a las universidades públicas” y apuntó a las declaraciones de Milei acerca de que las casas de altos estudios es un “subsidio de los pobres hacia los ricos”.
En tanto que, el rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Franco Bartolacci, cruzó al Presidente al asegurar que “la información que dio está tergiversada intencionalmente”, y explicó que el servicio de movilidad que tiene la casa de altos estudios para las actividades académicas tiene un costo variable, dado que es computado según los traslados que se efectúen. Según el rector, el jefe de Estado había asegurado que la institución tenía contratado a un chofer que cobraba 13 millones de pesos al año.








