En las últimas horas, el Gobierno nacional de Javier Milei aprobó el plan de transición de la empresa estatal Aguas y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA), que concluirá con la privatización de la compañía proveedora de agua y saneamientos del Conurbano bonaerense, en el marco de una decisión que impacta directamente en los millones de hogares que dependen del servicio en 27 distritos.
Es preciso mencionar que, esta medida quedó formalizada mediante la Resolución 221/25 de la Secretaría de Obras Públicas, que aprobó el Plan de Acción de Transición 2024‑2026 que reemplazó el anterior quinquenio 2024‑2028, y orientado explícitamente hacia la venta o concesión de AySA.
De esta manera, el nuevo programa del Gobierno sustituye al Plan de Mejoras, Operación, Expansión y Mantenimiento aprobado en octubre de 2023, y se propone “concretar un exitoso proceso de privatización o concesión del servicio” que ofrece AySA, además de establecer condiciones operativas para favorecer la futura planificación sostenible del sistema, según el texto oficial que acompaña la resolución.
Cabe señalar que, AySA opera en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 26 municipios del Conurbano bonaerense, donde residen 15,1 millones de personas, y según su reporte de sustentabilidad de 2023 abastece de agua potable a 11,3 millones y de cloacas a 9,4 millones de habitantes, lo que convierte a su privatización en un hecho con alcance social masivo.
Desde la asunción de Milei, AySA está inmersa en un proceso de reestructuración que incluyó la convergencia hacia el equilibrio económico‑financiero entre costos operativos, inversiones y tarifas, llevado a cabo mediante una fuerte suba tarifaria, recorte de obras e importantes despidos, mientras se registraron aumentos en los ingresos.
El ajuste fue drástico: se pasó de 299 obras en gestión a la continuidad de solo 36, y la rescisión de otras 56. Además, se despidió a más de 200 trabajadores y se aplicaron aumentos tarifarios que, según el Observatorio de Tarifas y Servicios del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP, UBA–CONICET), alcanzaron un 343 %.
Según la Ley Bases aprobada por el Congreso, AySA ya está habilitada para ser privatizada, y el nuevo plan oficializado por la administración libertaria busca concretar ese proceso mediante licitación pública o emisión de acciones, con el Estado nacional vendiendo hasta el 90% del paquete accionario, mientras el 10% restante seguirá en manos de los trabajadores.
AySA: los riesgos que enfrenta el Conurbano bonaerense
La venta de AySA pone en riesgo la expansión del servicio hacia zonas del segundo cordón metropolitano, donde hay barrios vulnerables con acceso limitado a agua potable y cloacas, ya que el modelo privado suele priorizar áreas rentables y relegar las de alta demanda social.
La experiencia histórica del modelo privatizador en los años 90, donde la concesión de Obras Sanitarias fue denunciada por incumplimientos contractuales, tarifas elevadas y deterioro del servicio en barrios populares como La Matanza o Berazategui, sirve como alerta sobre posibles consecuencias similares en esta nueva etapa que busca implementar el Gobierno nacional de Milei.
Durante esa etapa, los privados incumplieron plazos para la expansión de redes cloacales, se registraron problemas de contaminación por arsénico y nitratos, y las tarifas se convirtieron en algunas de las más altas de América Latina, superando incluso a las de Canadá y Suecia, lo que incluso motivó la reestatización de AySA en el año 2006.
De esta manera, para miles de usuarios del Conurbano bonaerense el cambio en el modelo de gestión podría traducirse en aumentos tarifarios adicionales, reducción del alcance del servicio, peores condiciones de atención y, en última instancia, una lógica privatista que conciba el agua como negocio antes que como derecho humano.
En tanto, los grandes proyectos de saneamiento en curso, como la obra del Sistema Riachuelo, central para mejorar la infraestructura cloacal en territorios de vulnerabilidad ambiental, podrían verse afectados si los nuevos operadores priorizan la rentabilidad sobre las inversiones técnicas necesarias.
Además, el modelo privatizador también puede debilitar la capacidad del Estado para regular y planificar la expansión del sistema de cloacas y saneamiento, y relegar el control ciudadano de los servicios esenciales, lo que históricamente condujo a desigualdades territoriales y conflictos sociales por falta de acceso real al servicio.
Finalmente, la experiencia pasada confirma que, sin regulación firme ni planificación integral, las promesas de mayor eficiencia pueden traducirse en exclusión social y deterioro ambiental, por lo que la privatización de AySA constituye una decisión con consecuencias estructurales que superan lo económico y llegan al núcleo del derecho al agua en el conurbano bonaerense.
