En las últimas horas, el subsecretario de Política Criminal bonaerense, Lisandro Pellegrini, y el Observatorio de Políticas de Seguridad de la provincia de Buenos Aires de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), se manifestaron en contra del proyecto de ley que presentó el Gobierno nacional en el Congreso, y que intenta bajar la edad de imputabilidad de los menores de edad de 16 a 13 años, luego de dar a conocer que las estadísticas sobre estos delitos bajaron en el provincia de Buenos Aires.
“Celebramos la discusión que busca imponer el Gobierno nacional, pero no estamos de acuerdo con el enfoque y el abordaje de la propuesta. Es un debate sumamente sensible y de suma importancia social el que tenemos que dar a partir de la presentación de ese proyecto”, señaló Pellegrini, que desempeña tareas en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos bonaerense.
En esa línea, el funcionario que se desempeña bajo la órbita del ministro Juan Martín Mena, recordó que las personas en Argentina son punibles desde los 16 años, aunque hay excepciones. “Así lo establece nuestro régimen penal juvenil, dictado por la última dictadura. Sus disposiciones están desactualizadas y es necesario discutir un nuevo régimen”, explicó el secretario de Política Criminal.
Asimismo, Pellegrini enfatizó que el nuevo sistema de enjuiciamiento de jóvenes “debe ser eficiente y dar respuesta a las víctimas, no se puede bajar la edad de imputabilidad porque sí y avanzar”. “Además, tiene que respetar los estándares de la Convención de los Derechos del Niño y los compromisos que Argentina asumió en esta temática ante la comunidad internacional”, remarcó el funcionario bonaerense.
En ese sentido, Pellegrini manifestó que un informe elaborado por el área que dirige dentro de la cartera de Justicia y Derechos Humanos reconoce que la incidencia de los delitos cometidos por adolescentes respecto del total de delitos denunciados en la provincia de Buenos Aires decreció en la última década, lo que pone en jaque el argumento del Gobierno nacional para avanzar con el proyecto que intenta bajar la edad de imputabilidad.
Según el proyecto de ley que presentó el Gobierno en el Congreso nacional, la tasa de delitos cometidos por adolescentes “aumenta año a año” en Argentina. Sin embargo, los datos de las provincias, en especial la de Buenos Aires, que tiene mayor población y, por ende, mayor tasa de delitos, señalan lo contrario.
En este contexto, el Observatorio de Políticas de Seguridad de la provincia de Buenos Aires de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la UNLP, analizó las investigaciones penales preparatorias iniciadas contra menores de edad entre 2009 y 2023, y desmintió los argumentos que el Gobierno nacional utilizó para comenzar a escribir el proyecto de ley.
Bajar la edad de imputabilidad: las conclusiones del observatorio de la UNLP
Según la recopilación de datos que hicieron desde el observatorio de la UNLP, la fundamentación del Gobierno nacional está acompañada de datos de tan solo cuatro semestres de la Base General de Niños, Niñas y Adolescentes de la Corte Suprema de Justicia, que no respaldan el diagnóstico inicial que hacen las autoridades que responden a Javier Milei.
“Como contrapartida, la serie histórica del Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires de los últimos 14 años muestra el descenso del total de causas en que se investigan los delitos imputados a personas menores de edad. Se trata de una reducción de 11% en términos absolutos y 21% al considerar las tasas cada 100.000 habitantes”, enfatiza el artículo de la entidad educativa, que advierte también sobre un pronunciado descenso de las transgresiones post pandemia.
“De este modo, se refuta la afirmación sobre el incesante aumento del delito juvenil y se comprueba, además, que en el caso de la provincia de Buenos Aires se redujo a la mitad la participación de los delitos de las personas menores de 18 años en el total de los delitos denunciados que representaban 4,2% en 2009 y en 2023, el 2,2%.”, expresa el documento firmado por Constanza Bassallo, Angela Oyhandy y Anaclara Sagasti.
En tanto, las autoras del informe del observatorio de la UNLP señalaron que el proyecto del Gobierno nacional para bajar la edad de imputabilidad solo considera datos de los semestres del 2021, 2022 y 2023, lo que resulta un “recorte arbitrario y no permite sacar conclusiones reales ni serias en materia de estadística criminal”.
“La información sobre el lapso 2012-2023 muestra una curva con fluctuaciones, muy lejos de la afirmación de incremento interanual incesante y sostenido del delito juvenil que sostienen los redactores del proyecto de ley. Incluso entre el inicio y la finalización de la serie, la tendencia es descendente”, remarca el escrito que surgió de la UNLP.
En última instancia, el informe reconoce que la serie histórica permite observar un “fuerte descenso de la cantidad de jóvenes con medidas privativas de la libertad incluidos en causas de la justicia nacional, un dato que es congruente con lo que sucede en la provincia de Buenos Aires, donde durante 2023 se encontraban privados de su libertad un total de 448 jóvenes, el punto más bajo desde 2016”.
