La senadora bonaerense de La Libertad Avanza, Analía Balaudo, presentó un proyecto para reclamarle al Ejecutivo provincial que elimine el costo de obtención y renovación de las licencias de conducir profesionales que necesiten policías, bomberos voluntarios, personal de Defensa Civil y trabajadores de los servicios públicos de emergencia sanitaria y traslado de pacientes para cumplir con sus funciones.
La iniciativa retoma un reclamo que el bloque libertario ya había llevado a la Cámara de Diputados en julio, luego de que el Ministerio de Tranposte implementara un nuevo esquema para conducir determinados vehículos. El proyecto de Balaudo solicita que el gobierno de Axel Kicillof adopte las medidas necesarias para que el trámite de obtención o renovación de la licencia profesional directamente no represente costo alguno para los integrantes de los cuerpos activos del personal esencial mencionado, siempre que la misma sea necesaria para el cumplimiento de sus tareas.
La presentación legislativa se da en el marco del nuevo procedimiento que rige desde julio para obtener, renovar o ampliar las licencias profesionales clases C, D y E en territorio bonaerense, implementado mediante una disposición de la Dirección Provincial de Licencias de Conducir y Antecedentes de Tránsito, en virtud del Convenio Específico de Delegación de Facultades suscripto con la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Según lo expuesto por Balaudo, el cambio alcanza a unos 680 mil conductores profesionales de la provincia.
“No se discute la necesidad de elevar los estándares de evaluación de quienes conducen vehículos de carga y de transporte de pasajeros, ni que exigencias más rigurosas puedan implicar un costo mayor que el del esquema previo. Lo que no admite justificación es la magnitud del incremento verificado, que excede largamente cualquier mejora de estándares que pueda invocarse y convierte un trámite habilitante en una carga difícil de afrontar para el trabajador”, explicó la senadora de La Libertad Avanza.
En ese sentido, Balaudo sostiene que existe una diferencia entre quienes utilizan la licencia profesional como parte de una actividad comercial y aquellos trabajadores que necesitan de la habilitación para cumplir una función destinada a la comunidad, y señala que la subclase D4 comprende expresamente a los vehículos afectados a servicios de urgencia y emergencia, por lo que los sectores incluidos en su proyecto quedan alcanzados por el nuevo esquema y sus costos.
“Corresponde que el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires asegure que ese costo no recaiga sobre quienes cumplen funciones que benefician directamente al conjunto de la población, cuya labor es gratuita y desinteresada, arriesgando su integridad física en cada llamada de emergencia”, plantea Balaudo en los fundamentos de la iniciativa que ingresó al Senado bonaerense.
Por caso, el planteo de Balaudo tiene como antecedente un proyecto presentado a mediados de julio por el bloque de diputados bonaerenses de La Libertad Avanza, que también buscó establecer la gratuidad de la obtención, renovación, ampliación y recategorización de las licencias profesionales para policías, bomberos voluntarios, personal de Defensa Civil y trabajadores de los sistemas públicos de emergencias, como el SAME.
Aquella iniciativa tenía un alcance más detallado respecto de los costos que quedarían exceptuados, ya que proponía eliminar no sólo el pago correspondiente a la emisión o renovación de la licencia profesional, sino también los aranceles, tasas y derechos asociados, junto con certificaciones, evaluaciones, estudios, exámenes psicofísicos, cursos obligatorios y pruebas teóricas y prácticas, entre otros requisitos económicos vinculados con el trámite.
El proyecto que ingresó a Diputados también establecía que la gratuidad no implicaría flexibilizar las exigencias para acceder a una licencia profesional, por lo que los beneficiarios deberían cumplir con los requisitos de idoneidad, capacitación, aptitud psicofísica y evaluación previstos por las normas nacionales y provinciales, mientras que cada solicitante debería acreditar su condición de beneficiario mediante el mecanismo que determinara la autoridad de aplicación.
Transporte aclaró que el nuevo esquema para las licencias profesionales fue dispuesto por Nación
Cabe mencionar que, el aumento de los costos y los cambios en el trámite para la obtención de las licencias profesionales generaron cuestionamientos en distintos sectores. Sin embargo, el Ministerio de Transporte bonaerense, conducido por Martín Marinucci, aclaró que las modificaciones no fueron establecidas por la gestión de Kicillof, sino que derivan de la reforma implementada por el Gobierno nacional mediante el Decreto 196/2025, que eliminó la Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional como trámite y credencial independiente.
A partir de ese cambio, la habilitación para el transporte interjurisdiccional pasó a instrumentarse mediante las Licencias Nacionales de Conducir profesionales clases C, D y E, cuya emisión quedó en manos de las provincias adheridas al convenio con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, mientras que las evaluaciones psicofísicas, capacitaciones y evaluaciones teórico-prácticas deben realizarse a través de prestadores registrados y habilitados por el propio organismo.
En ese marco, desde el entorno de Marinucci señalaron que el esquema nacional no establece una tarifa de referencia para esas prestaciones, por lo que los valores son fijados y percibidos directamente por cada prestador habilitado, sin intervención económica de la Provincia ni de los Centros de Emisión de Licencias de Conducir municipales.
“Resulta incorrecto atribuir al Gobierno de la provincia de Buenos Aires decisiones vinculadas con los requisitos, el esquema de prestadores o los costos de las evaluaciones para la obtención o renovación de las licencias profesionales, ya que se trata de aspectos definidos por la normativa nacional y por la autoridad nacional competente”, plantearon desde el Ministerio de Transporte.
