El diputado bonaerense de la Unión Cívica Radical (UCR), Emiliano Balbín, volvió a impulsar un proyecto de ley para reglamentar los mecanismos de consulta popular en la provincia de Buenos Aires y, como novedad, contempla fomentar la iniciativa de los vecinos de los municipios.
“Estamos impulsando un instrumento que, de alguna manera, nos lleve a mejorar la gobernabilidad del sistema, la relación entre democracia y pueblo“, afirma el diputado bonaerense del bloque UCR + Cambio Federal.
En efecto, el espíritu de la propuesta es fortalecer la participación ciudadana, en un contexto de crisis de representatividad, creciente desapego hacia los partidos políticos y fuerte desconfianza en las instituciones. Es que, apunta a rescatar a la democracia semidirecta, un concepto presente en numerosas constituciones provinciales, pero que no se aplica en la práctica.
La iniciativa, impulsada por primera vez en 2019 por el exlegislador Diego Rovella, plantea la reforma de las leyes orgánicas municipales para efectivamente incluir la posibilidad de que los ciudadanos presenten propuestas e iniciativas de manera directa.
“Rescato el espacio abierto a nivel municipal, porque estamos convencidos de que estos institutos van a funcionar mucho más plenamente a nivel municipal”, afirma Balbín en los considerandos del proyecto y agrega: “El perfeccionamiento, en la práctica, de estas formas de democracia semidirecta, reforzará la idea de democracia”.
Iniciativa popular: cómo funcionaría
El proyecto establece que cualquier elector podrá impulsar una iniciativa popular y llevar un proyecto de ley a la Legislatura bonaerense para ser considerado. En tanto que, deberá contar con la adhesión de al menos el 3% del padrón electoral utilizado en la última elección provincial y reunir las firmas dentro del plazo de un año.
Además, para iniciar el trámite, los promotores deberán presentar el proyecto ante la Junta Electoral con un respaldo mínimo del 0,1% del padrón y se exigirá que las firmas sean certificadas por un escribano o funcionario judicial.
Un dato clave es que los ciudadanos podrán elegir en qué Cámara de la Legislatura comenzará el debate del proyecto y una vez presentada, la propuesta deberá ser tratada en un plazo máximo de seis meses. “La iniciativa popular no puede quedar en letra muerta. Necesita una reglamentación clara que garantice su aplicación efectiva“, sostiene Balbín.
El rol de la Junta Electoral y el proceso de validación
La Junta Electoral bonaerense tendrá la tarea de verificar la autenticidad de las firmas y oficializar la iniciativa y para garantizar la transparencia, se habilitarán lugares específicos donde los ciudadanos podrán adherir a los proyectos en circulación.
Si la cantidad de firmas alcanza el umbral requerido, la propuesta se enviará a la Cámara de Diputados o Senadores, según la elección de los promotores. Si no llega al porcentaje exigido, se declarará la nulidad del proyecto y no podrá presentarse nuevamente en los dos años siguientes.
“Con esta regulación buscamos evitar que los mecanismos de participación ciudadana sean solo una declaración de principios y que realmente puedan ser utilizados por los bonaerenses“, explica el diputado de la Sexta sección electoral.
La iniciativa popular en los municipios
Por otra parte, el proyecto pretende llevar la iniciativa popular a los municipios, en donde se vería potenciada por la proximidad con los actores locales, el conocimiento directo de los problemas y la posibilidad de generar soluciones concretas.
Otro argumento a favor que desarrolla el texto es que, más participación municipal significa avanzar en un proceso más amplio de descentralización del poder, que, lejos de debilitar a la democracia representativa, la complementa, al dotar a los ciudadanos de una mayor capacidad de incidencia y control sobre la gestión pública.
La consulta popular en Argentina
La última vez que en Argentina se utilizó la consulta popular fue poco después de la vuelta a la democracia, en 1984, a menos de un año de la asunción de Raúl Alfonsín. En esa oportunidad se convocó a una consulta popular no vinculante respecto de una propuesta de paz con Chile por el canal Beagle.
El decreto con el que Alfonsín convocaba a la consulta fue muy discutido, ya que el asunto de la paz con Chile no estaba incorporado a la Constitución y se puso en duda su legalidad. Incluso hubo un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Finalmente, en la consulta que se realizó el domingo 25 de noviembre de 1984 y en la que ganó el “si”, los ciudadanos que asistieron a votar podían o no figurar en el padrón.
