La diputada bonaerense de Fuerza Patria, Romina Barreiro, presentó en las últimas horas un proyecto de ley para establecer una pensión mensual y vitalicia, de carácter reparatorio, destinada a personas travestis y trans que hayan sufrido violencia institucional por motivos de identidad de género en la provincia de Buenos Aires.
El planteo en cuestión retoma los reclamos de la campaña “Reconocer es Reparar”, impulsada por colectivos de la diversidad, con un antecedente legislativo en noviembre de 2022, cuando el gobernador Axel Kicillof envió a la Legislatura bonaerense un proyecto de ley elaborado por el entonces Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual. Sin embargo, aquella iniciativa no logró avanzar más allá de las comisiones parlamentarias y terminó por perder estado legislativo, pese al respaldo de organizaciones sociales que reclamaban una reparación histórica para las personas travestis y trans.
“Hay una deuda histórica y moral con dicho colectivo que merece el reconocimiento institucional y social, y que se haga justicia”, señaló la impulsora de la iniciativa, que cuenta con respaldo multipartidario y que en las últimas horas también recibió el apoyo de La Cámpora, a través de las redes sociales de su espacio de diversidad.
Según establece el articulado, el beneficio estará destinado a personas mayores de 40 años que hayan sufrido detenciones, privaciones de la libertad, sanciones o multas por causas relacionadas con su identidad de género. La iniciativa también contempla a quienes hayan recibido castigos en virtud del antiguo Código de Faltas bonaerense, que establecía penalidades por conductas vinculadas con la homosexualidad, el travestismo y la prostitución.
“Las bajezas más terribles ocurrieron en las sombras de los calabozos, donde se llevaron a cabo prácticas crueles, inhumanas y degradantes. Muchas personas travestis y trans fueron reducidas a la esclavitud, humilladas y sometidas a la violencia sexual más aberrante, y todo esto perpetrado por agentes del Estado y en dependencias estatales”, explicó la promotora del impulso parlamentario.
La propuesta de la legisladora, que además integra las filas del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), designa al Ministerio de Mujeres y Diversidad bonaerense, que según pudo consignar este medio participó activamente en la elaboración del articulado, como autoridad de aplicación, con facultades para coordinar las áreas gubernamentales involucradas, asesorar a las personas beneficiarias y supervisar el funcionamiento del régimen.
En cuanto al aspecto económico, la propuesta de la dirigente kicillofista fija el monto de la pensión reparatoria en el equivalente a cinco sueldos básicos y medio de un trabajador ingresante, bajo el régimen de 30 horas semanales que establece la Ley 10.430. Además, el proyecto contempla una bonificación extraordinaria de carácter permanente, que las personas beneficiarias percibirán en dos cuotas semestrales, cada una equivalente al 50% de la mayor remuneración del semestre correspondiente.
Cabe destacar que, a diferencia de otras prestaciones sociales, la iniciativa oficialista establece que la pensión será compatible con cualquier actividad remunerada, así como con otras reparaciones, indemnizaciones, jubilaciones y prestaciones contributivas o no contributivas. Sin embargo, el texto excluye la posibilidad de percibir simultáneamente otro beneficio reparatorio por el mismo motivo, otorgado por el Estado nacional, otra provincia o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), por lo que las personas alcanzadas deberán optar por una de las prestaciones.
En materia sanitaria, el proyecto garantiza a los futuros beneficiarios la cobertura del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), en las mismas condiciones que las personas pensionadas del Instituto de Previsión Social (IPS). El planteo también dispone que el organismo previsional bonaerense tendrá a su cargo la liquidación y el pago de las pensiones, que tendrán carácter personal e inembargable y no podrán transferirse a terceros.
“La vida y la existencia misma de estas personas se vieron alteradas continuamente, atento a que no podían llevar a cabo ninguna actividad de la vida en comunidad sin verse amenazadas con la detención y el abuso de autoridad. La sistematicidad que desnudan los prontuarios da una somera idea del nivel de hostigamiento que sufrían las víctimas, quienes atravesaban una cotidianeidad insoportable”, justificó Barreiro al respecto.
Con relación al procedimiento de acceso, las personas interesadas deberán presentar una solicitud formal y acreditar que cumplen con los requisitos establecidos en la normativa. No obstante, el proyecto incorpora el principio de amplitud probatoria, por el cual los y las solicitantes podrán presentar testimonios, documentos, informes y otros medios de prueba, mientras que el organismo competente tendrá la facultad de producir pruebas de oficio cuando los elementos aportados resulten insuficientes.
Finalmente, la presentación también establece que los organismos oficiales deberán responder los pedidos de información en un plazo máximo de 30 días hábiles, mientras que el beneficio tendrá carácter retroactivo a la fecha de presentación de la solicitud, con un límite de dos años. El articulado también contempla la posibilidad de recurrir las resoluciones que rechacen total o parcialmente el otorgamiento de la pensión, de acuerdo con los procedimientos administrativos y judiciales vigentes.
Los antecedentes legislativos de la reparación histórica para personas travestis y trans
En los fundamentos del proyecto, Barreiro recupera una serie de antecedentes normativos y judiciales que marcaron avances en el reconocimiento de los derechos de las personas travestis y trans, tanto a nivel nacional como provincial. Entre ellos, la referente oriunda de Avellaneda destaca la sanción de la Ley de Identidad de Género (26.743), aprobada en 2012, que reconoció el derecho a la identidad autopercibida y permitió modificar los datos registrales sin necesidad de autorizaciones judiciales ni intervenciones médicas.
En el ámbito bonaerense, la iniciativa recuerda que la Legislatura provincial sancionó en 2008 la Ley 13.887, que eliminó una disposición del antiguo Código de Faltas que permitía sancionar a personas por vestirse de acuerdo con una identidad de género distinta de la asignada al nacer. Posteriormente, en 2018, la Ley 15.041 derogó otro artículo del mismo régimen, que contemplaba multas y arrestos por conductas vinculadas con la prostitución y la homosexualidad.
En paralelo, la impulsora del reconocimiento apeló a distintos antecedentes judiciales que cuestionaron la persecución institucional del colectivo, como la denominada Doctrina Zambrano, surgida de una resolución judicial de 2016 en La Plata, que anuló procedimientos policiales y detenciones de personas trans por considerar que vulneraban sus derechos y garantías.
Por otra parte, Barreiro también menciona la sanción de la Ley de Cupo Laboral Travesti-Trans Diana Sacayán (14.783), aprobada en 2015 por el Legislativo bonaerense, como otro de los avances en materia de inclusión y reconocimiento de derechos. En la misma línea, la diputada que responde al exintendente y referente del kicillofismo, Jorge Ferraresi, vincula su propuesta con las leyes reparatorias destinadas a víctimas de la última dictadura cívico-militar, especialmente la Ley provincial 14.042 y su equivalente nacional, la Ley 26.913, que establecieron pensiones para personas privadas de su libertad por razones políticas.
En cuanto a los antecedentes de otras jurisdicciones, los fundamentos de la propuesta destacan que Santa Fe comenzó en 2018 a reconocer a personas travestis y trans perseguidas durante la dictadura dentro de su régimen de pensiones para expresos políticos, mientras que Neuquén avanzó con una medida similar al año siguiente. El documento también menciona las legislaciones reparatorias de Santa Cruz, sancionada en 2021; San Luis, mediante un decreto de 2022; y nuevamente el caso santafecino, con una nueva ley aprobada en 2023, como experiencias provinciales que buscaron reconocer los daños provocados por la violencia institucional.
Romina Barreiro impulsa una pensión reparatoria para personas travestis y trans
