En las últimas horas, el presidente del bloque Fuerza Patria en el Senado, Sergio Berni, presentó un proyecto de ley para que la Legislatura conforme una comisión que garantice la participación institucional de la provincia de Buenos Aires en el proceso de privatización parcial de la empresa Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NA.SA) que inició la administración nacional de Javier Milei, dado que el principal asentamiento operativo del organismo se encuentra en territorio bonaerense.
En concreto, Berni propone la creación de una Comisión Mixta integrada por cinco senadores y cinco diputados de la provincia de Buenos Aires, con representación proporcional de los distintos bloques políticos, que tendrá como finalidad intervenir en el proceso de privatización, elaborar informes públicos y velar por la defensa de los intereses de la Provincia y del país.
El proyecto se apoya en el artículo 11 de la Ley Nacional de Reforma del Estado, que establece la participación de las provincias cuando una empresa sujeta a privatización tiene en su territorio su principal asentamiento. “La norma es muy clara: cuando una empresa sujeta a privatización tiene su principal asentamiento en una provincia, esa provincia debe participar del procedimiento. Lo que estamos haciendo es garantizar que ese derecho se ejerza y no quede librado a la voluntad del Gobierno nacional“, destacó Berni.
En ese sentido, el senador de Fuerza Patria enfatizó que la participación de Provincia en el proceso de privatización de Nucleoeléctrica Argentina S.A. resulta “indispensable” dado que las principales instalaciones de NASA funcionan en la localidad de Lima, partido de Zárate, donde se encuentran las centrales nucleares Atucha I, Atucha II y el proyecto CAREM-25, considerado uno de los desarrollos tecnológicos más importantes del sector nuclear argentino.
“Nucleoeléctrica Argentina no es una empresa más. Allí se desarrolla una actividad estratégica para el país, vinculada a la generación de energía, al desarrollo tecnológico y a la soberanía nacional, y la provincia de Buenos Aires no puede ser una simple espectadora de un proceso que impacta directamente sobre su territorio”, agregó Berni en los fundamentos del escrito que ingresó a la Legislatura bonaerense.
Por caso, la iniciativa del exministro de Seguridad bonaerense también advierte que excluir al Ejecutivo provincial del procedimiento implicaría incumplir un requisito esencial previsto por la normativa vigente. En consecuencia, el texto señala que una eventual omisión por parte del Ejecutivo Nacional podría afectar la validez del proceso de privatización de Nucleoeléctrica Argentina y habilitar la promoción de acciones administrativas y judiciales para resguardar los derechos bonaerenses.
“Nucleoeléctrica Argentina es una empresa estratégica para el desarrollo energético, científico y tecnológico del país. Defender la participación de la Provincia significa hacer cumplir la ley, fortalecer el federalismo y proteger un patrimonio fundamental para el presente y el futuro de la Argentina“, concluyó Berni.
El proyecto fue presentado meses después de que el Gobierno nacional formalizara el inicio de la privatización parcial de la empresa estatal. En noviembre de 2025, el Ministerio de Economía oficializó la venta del 44% del paquete accionario de la compañía mediante una licitación pública nacional e internacional, aunque dispuso que el Estado conservará el 51% de las acciones y el control sobre las decisiones consideradas estratégicas, como la ampliación de la capacidad instalada y la construcción de nuevas centrales nucleares.
Ese proceso quedó a cargo de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria Agencia de Transformación de Empresas Públicas, dependiente del Ministerio de Economía, con un plazo máximo de doce meses para concretar la licitación. Además, la normativa previó la creación de un Programa de Propiedad Participada para asignar el 5% del capital accionario a los trabajadores de la empresa y encomendó la revisión del estatuto societario para adecuarlo al ingreso de capital privado.
Mientras Berni quiere mediar la privatización, Milei aprobó el presupuesto para Nucleoeléctrica
Pese a haber iniciado el proceso para privatizar el 44% del paquete accionario de Nucleoeléctrica Argentina S.A., el Gobierno nacional aprobó en las últimas horas el presupuesto 2026 de la empresa mediante la Resolución 889/2026 del Ministerio de Economía, en la que estableció las proyecciones financieras y el plan de acción para el próximo ejercicio. La compañía, que depende de la Secretaría de Asuntos Nucleares, administra las centrales Atucha I, Atucha II y Embalse, además del proyecto CAREM.
Según la resolución oficial, Nucleoeléctrica Argentina prevé ingresos de operación por $974.353 millones y gastos de operación por $1,04 billones, lo que arroja un resultado operativo negativo. No obstante, el presupuesto proyecta un ahorro corriente superior a los $160.756 millones y un superávit financiero de $392,6 millones al cierre del ejercicio, producto de la combinación entre ingresos corrientes, recursos de capital y el esquema de financiamiento previsto.
En tanto, el plan aprobado también contempla la continuidad de las principales inversiones estratégicas de la empresa, entre las que figuran el Proyecto de Extensión de Vida de Atucha I (PEV CNA I) y la segunda etapa del Almacenamiento en Seco de Elementos Combustibles Gastados (ASECG II), además de una generación eléctrica neta estimada en 8.974.937 MWh provenientes de las centrales Atucha II y Embalse.
Para sostener ese programa de inversiones, el presupuesto incorpora transferencias no reintegrables del Tesoro Nacional por $400.000 millones. La decisión se conoce mientras continúa en marcha el proceso de privatización parcial dispuesto por el Gobierno de Javier Milei, que prevé la venta del 44% de las acciones de NASA mediante una licitación pública nacional e internacional, aunque con la permanencia del Estado como accionista mayoritario y responsable del control de las decisiones consideradas estratégicas.
