La diputada bonaerense de la Coalición Cívica, Romina Braga, presentó un pedido de informes en la Legislatura provincial para conocer de qué manera el Ejecutivo de Axel Kicillof supervisa y fiscaliza las obras hidráulicas no autorizadas, especialmente los canales clandestinos que proliferan en campos bonaerenses y alteran el escurrimiento natural del agua.
La iniciativa apunta a obtener precisiones sobre la implementación del nuevo procedimiento aprobado por el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, para intervenir frente a este tipo de prácticas ilegales, que generan conflictos territoriales, impacto ambiental y riesgos hídricos en distintas regiones de la provincia de Buenos Aires.
A través del proyecto, Braga solicitó que la administración provincial informe cómo aplica la Resolución N° 46/2026 y reclamó precisiones sobre su alcance en zonas rurales, donde la implementación de canales clandestinos avanzan sin controles previos.
A lo largo del articulado, la dirigente de la oposición bonaerense alertó que en distintos puntos de la provincia persisten prácticas que eluden controles estatales y modifican cursos de agua. Esta situación deriva en anegamientos, pérdida de productividad y conflictos entre productores, además de tensiones con localidades cercanas.
“La proliferación de canalizaciones clandestinas altera los escurrimientos naturales y genera conflictos sociales y daños económicos de magnitud”, advirtió la legisladora en los fundamentos de la iniciativa, al poner el foco en las consecuencias directas que estas intervenciones producen sobre campos vecinos y áreas urbanas.
Entre los puntos centrales del pedido, Braga propuso indagar respecto al uso de tecnología satelital y herramientas de visualización geoespacial para detectar obras ilegales. A su vez, la diputada “lilita” consultó por la existencia de convenios con órganos científicos y tecnológicos para fortalecer los controles en la provincia.
El proyecto también consulta cómo se articula el trabajo entre la Autoridad del Agua (ADA) y la Dirección Provincial de Hidráulica al evaluar una canalización no autorizada, y qué criterios técnicos se aplican cuando existen informes contrapuestos sobre el impacto hídrico de una obra.
Otro eje relevante refiere al rol de los municipios, que tras las modificaciones al Código de Aguas fueron incorporados como autoridades de comprobación concurrentes. En ese marco, la representante de la Coalición Cívica pidió saber si la Provincia impulsa instancias de capacitación y asistencia técnica para que los gobiernos locales puedan cumplir esa función de manera efectiva.
“La intervención temprana resulta clave para evitar que una obra clandestina se consolide y genere un daño irreversible”, sostuvo Braga en el texto, al remarcar la necesidad de contar con procedimientos ágiles y coordinación institucional para actuar antes de que el impacto hídrico se profundice.
Bajo esa premisa, la presentación legislativa también propone una serie de mecanismos de regularización para aquellas obras ejecutadas sin autorización previa, que no generen perjuicios al dominio público hídrico, una distinción que Braga consideró necesaria para diferenciar el mantenimiento de las canalizaciones existentes de nuevos canales clandestinos.
En línea con el planteo legislativo, la cartera de Infraestructura bonaerense difundió en las últimas horas detalles de un nuevo protocolo para denunciar los canales clandestinos. En ese sentido, el titular de la ADA, Damián Costamagna, afirmó que “por decisión del ministro Gabriel Katopodis tomamos la decisión de darle mayor celeridad a las tramitaciones por las denuncias de obras hidráulicas no autorizadas”.
Por último, la diputada subrayó que el pedido de informes apunta a reforzar la supervisión pública sobre una política sensible para el ordenamiento territorial bonaerense. “El Estado debe garantizar reglas claras, controles efectivos y decisiones fundadas para proteger las cuencas y reducir el riesgo hídrico”, remarcó en el cierre del proyecto.
