En la dirección contraria al Gobierno de Javier Milei, esta tarde el jefe del bloque peronista de la Cámara de Diputados bonaerense, Facundo Tignanelli y el Defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, Guido Lorenzino, presentaron un proyecto de ley para crear un régimen destinado a prevenir y tratar el sobreendeudamiento de las familias bonaerenses.
La iniciativa, para que las familias puedan reestructurar sus obligaciones y evitar que las deudas comprometan buena parte de sus ingresos, fue motorizada pocos días después de que el Banco Central habilitara una nueva herramienta para facilitar el cobro de préstamos digitales por parte de las fintech y los bancos. En rasgos generales, la medida libertaria permite que una entidad pueda cobrar una cuota en una cuenta distinta a la que haya sido depositado el crédito.
Como respuesta, el peronismo presentó un proyecto que busca crear un “Régimen Provincial de Prevención y Tratamiento del Sobreendeudamiento de Consumidores”, que alcanzará a personas con domicilio en la provincia cuyos ingresos resulten insuficientes para afrontar regularmente sus compromisos. El esquema contempla deudas provenientes de préstamos bancarios y financieros, tarjetas de crédito, créditos personales, aplicaciones y plataformas digitales, además de facturas de servicios, telefonía, salud y educación, entre otras.
“Hace tiempo que venimos trabajando con Guido Lorenzino para ver qué estrategia adoptar ante el nivel de endeudamiento que tienen las familias bonaerenses producto de la situación económica nacional. Este Gobierno generó en los últimos años un nivel de endeudamiento como nunca existió. En La Matanza, uno de tres están endeudados para cubrir gastos corrientes de las familias”, afirmó Tignanelli.
Uno de los principales puntos de la iniciativa promovida por Fuerza Patria es la creación de una instancia prejudicial obligatoria y gratuita, que funcionará bajo la órbita de la Defensoría del Pueblo bonaerense. De esta manera, los acreedores no podrán iniciar una demanda judicial de cobro o ejecución sin atravesar previamente una instancia de mediación destinada a alcanzar un acuerdo con el deudor.
“En distintas reuniones pensamos un mecanismo que es la negociación colectiva de las deudas. Cuando uno analiza quiénes son los acreedores, encuentra que son 15 o 20 entidades entre bancos, las tarjetas bancarias y no bancarias, las aplicaciones y prestamistas. Queremos unificar la negociación de todos aquellos bonaerenses que quieran inscribirse en el registro de la Defensoría”, graficó el dirigente de La Cámpora.
En este sentido, el presidente del bloque de Fuerza Patria explicó que “la idea es poner en una situación de igualdad el poder que tienen aquellos que quieren cobras las deudas, con el poder que tiene el Estado, en este caso el Defensor del Pueblo, para negociar”. “Sabemos que si no hay un posicionamiento fuerte desde el Estado, a los bonaerenses de a uno las empresas lo van comiendo”, remarcó.
Una de las novedades de la propuesta para las familias sobreendeudadas establece que cuando ya exista un juicio de cobro en trámite, el juez podrá suspenderlo por hasta 30 días hábiles, con posibilidad de extender el plazo por otros 30 días, para permitir que las partes negocien una salida en la Defensoría. Durante ese período también se frenarían las medidas de ejecución forzada de bienes.
Otro de los aspectos centrales del articulado que impulsa el bloque de diputados peronistas es que el consumidor podrá convocar a todos sus acreedores dentro de un único procedimiento, con la intención de alcanzar una solución integral en lugar de afrontar cada deuda de manera individual.
En cuanto a las condiciones de los acuerdos, el proyecto fija un límite del 30% de los ingresos netos mensuales para el pago de las cuotas. Además, toda propuesta de reestructuración deberá contemplar al menos dos de tres alternativas: ampliación de los plazos, reducción de la tasa de interés o una quita total o parcial del capital adeudado.
Los acuerdos que sean homologados tendrán fuerza ejecutiva y extinguirán los conceptos que hayan sido condonados o reducidos. Una vez cancelada la deuda, los acreedores, entre ellos bancos y fintech, deberán entregar una constancia al consumidor y solicitar su eliminación de los registros crediticios, como el veraz, dentro de los cinco días hábiles.
“Queremos nivelar la balanza entre el acreedor y el deudor. Hoy lo hacemos de hecho caso a caso. Esto es ganar escala en lo que es una negociación colectiva representando los intereses de los bonaerenses. Tratar de encontrar todas las deudas y darle un criterio de prioridad con las empresas y organizaciones acreedoras y así encontrar criterios de proporcionalidad y responsabilidad en esa negociación”, amplió Lorenzino.
Por último, el Defensor del Pueblo sostuvo que “la hostilidad que tienen es una situación tremenda”. “Vamos a enviar una carta documento a las 15 organizaciones acreedoras para que cesen con el hostigamiento a familiares del deudor, este es un punto que también apunta la ley”, adelantó el funcionario que termina mandato a finales de este año.
Freno a las deudas: control sobre prestamistas y cobranzas
El proyecto empujado por Tignanelli también apunta a regular el mercado de créditos que opera por fuera de las entidades bancarias alcanzadas por la regulación del Banco Central. Para eso, propone crear un Registro Provincial de Prestamistas, en el que deberán inscribirse las personas y empresas que otorguen préstamos o créditos en territorio bonaerense, incluidas los bancos, fintech, aplicaciones y financieras.
En caso de que un prestamista no registrado otorgue un crédito perderá la posibilidad de reclamarlo por la vía ejecutiva y solamente podrá exigir la devolución del capital efectivamente entregado. Quedarían sin efecto, en esos casos, los intereses compensatorios, moratorios y punitorios, además de comisiones y gastos.
La propuesta también incorpora una regulación específica sobre las prácticas de cobranza, con el objetivo de impedir situaciones de hostigamiento o intimidación contra los deudores. Entre otras medidas, prohíbe las amenazas, el lenguaje degradante, las simulaciones de demandas judiciales y la falsa identificación como autoridad judicial o abogado.
Además, las agencias de cobranza no podrán informar la existencia de una deuda a empleadores, compañeros de trabajo, vecinos o familiares que no sean garantes o codeudores. También se establecen límites sobre la frecuencia y los horarios de contacto y se prohíbe retener documentación, tarjetas bancarias, exigir claves o realizar débitos no autorizados.
Sobreendeudamiento: qué pasa a nivel nacional
Vale recordar que, el presidente Javier Milei en la semana pasada ratificó que la mora que afecta a casi 6 millones de personas es “un asunto entre privados”. Luego, el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció créditos hipotecarios financiados por ANSeS y con topes en las tasas, mientras el Banco Central publicó “consejos” para tomar deudas.
En el Congreso, la oposición también presentó una batería de proyectos que contemplan mecanismos para aliviar las deudas de familias y empresas con facilidades de pago a tres años, condonaciones y topes en las tasas. También alientan la reestructuración de deudas para quienes tomaron créditos UVA, mayores controles al sistema financiero y el retorno de los créditos de ANSeS financiados con impuestos a los bancos y las plataformas financieras.
