El bloque de diputados bonaerense de La Libertad Avanza adelantó su rechazo a los dos principales temas que ingresarán en el orden del día de la sesión del próximo martes en la Cámara baja: la ampliación del esquema del Tribunal Fiscal de Apelación y las leyes destinadas a buscar soluciones al sobreendeudamiento familiar.
En la nutrida agenda de comisiones del pasado viernes, los diputados libertarios integrantes de las comisiones de Legislación General y Asuntos Constitucionales y Justicia elevaron dictámenes de rechazo a ambas iniciativas, a diferencia de otros bloques opositores que avalaron los proyectos o se abstuvieron en la votación, para no obstruir las leyes.
En cuanto al texto que modifica la ley que regula el Tribunal Fiscal de Apelación, los diputados violetas afirmaron que el texto consensuado entre el peronismo, el PRO, la UCR y Unión y Libertad busca ampliar los cargos y beneficios del organismo “sin justificar su necesidad ni estimar su costo”.
“Proponen elevar de uno hasta tres los relatores por vocal, lo que representa un incremento de nueve a veintisiete cargos sin acompañar estadísticas de carga de trabajo, indicadores de productividad ni la correspondiente estimación del costo fiscal”, cuestionaron desde La Libertad Avanza en el dictamen de rechazo.
Durante su intervención en la comisión de Asuntos Constitucionales, el diputado libertario, Pablo Morillo, también apuntó contra la creación de la Tasa de Actuación del 0,60% como contraprestación por el servicio de jurisdicción administrativa especializado. “Esto puede limitar el derecho de defensa de personas humanas y pymes, al tiempo que su falta de pago puede reconvertir de oficio la apelación en un recurso de reconsideración ante la propia Autoridad de Aplicación”, cuestionó.
En otras palabras, Morillo aseguró que, si el individuo no puede pagar la tasa para acceder al Tribunal Fiscal de Apelación, se produciría una contradicción ya que quedarían condicionados a recurrir a ARBA, que es la autoridad fiscal que dictó la resolución cuestionada.
En detalle, el Tribunal Fiscal de Apelación de la provincia está compuesto de nueve vocales, los cuales son designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo de ambas Cámaras, y divididos en tres salas, integradas por dos abogados y un contador público. Entre sus funciones, está la de resolver apelaciones referidas a la imposición de multas o reclamos vinculados al Catastro provincial.
Las críticas de La Libertad Avanza a las leyes de endeudamiento familiar
Con relación al sobreendeudamiento familiar, el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados bonaerense aprobó cuatro proyectos referidos a la prevención del hostigamiento y de las prácticas abusivas de cobranza; la creación de una instancia prejudicial obligatoria y registro de proveedores; y modificaciones al procedimiento judicial en materia de sobreendeudamiento.
Si bien desde el bloque de La Libertad Avanza reconocieron la relevancia de la problemática que buscan abordar las iniciativas, cuestionaron la decisión del oficialismo de ubicar su punto de partida en 2024, coincidente con la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada, y señalaron que ese recorte temporal condiciona la lectura sobre las causas del sobreendeudamiento familiar.
“Muchos diputados marcan una línea de tiempo a partir de 2024. Le meten una connotación política donde parecería que todos los problemas son ocasionados por la actual gestión. Mucho de estos temas tienen una causa anterior porque el gobierno de Javier Milei recibió una inflación de 211% y un índice de pobreza de más de 50%”, advirtió Morillo.
En el dictamen de rechazo, firmado por Morillo y sus compañeros de bancada Agustín Romo y Florencia Retamoso, los legisladores de LLA indicaron que los mecanismos de regulación propuestos pueden interferir con las facultades que corresponden a las autoridades nacionales respecto de la regulación del sistema financiero.
En ese marco, desde el bloque de La Libertad Avanza fundamentaron que avanzar en procedimientos como la creación de un Régimen Judicial de Reestructuración de Deudas de Consumo puede traer como consecuencia un efecto adverso al incrementar la litigiosidad y la carga de trabajo de los tribunales.
En tanto, otro de los proyectos que también fue criticado incluso por un sector del oficialismo fue el del camporista Facundo Tignanelli para crear un “Régimen Provincial de Prevención y Tratamiento del Sobreendeudamiento de Consumidores”, donde intervendría la Defensoría del Pueblo bonaerense.
“La creación de una nueva instancia obligatoria ante la Defensoría del Pueblo requiere demostrar su necesidad y compatibilidad con el esquema institucional vigente. Se superpondrían procedimientos, puesto que la Provincia cuenta con un régimen general de mediación establecido por la Ley N° 13.951, al tiempo que se agregarían cargas tanto para consumidores como para proveedores”, concluyeron desde La Libertad Avanza.
