El diputado bonaerense de Fuerza Patria, Carlos Puglelli, expresó su profunda preocupación por el cierre, supresión y unificación de Registros de la Propiedad del Automotor dispuesto por el Gobierno nacional de Javier Milei a partir de la Resolución 411/2026 del Ministerio de Justicia, y consideró que la medida tendrá un impacto negativo en la provincia de Buenos Aires, por los largos trayectos que tiene el territorio entre cada una de las seccionales.
Cabe mencionar que, la iniciativa cuestiona el proceso de reorganización del sistema registral automotor que lleva adelante el Ejecutivo de Milei en el marco del denominado Plan Nacional de Digitalización y Reorganización Integral del Sistema Registral Automotor. Según planteó Puglelli, la reducción de dependencias no debería evaluarse únicamente desde criterios de eficiencia administrativa, sino que se deben considerar también las características geográficas y demográficas de cada región.
De acuerdo con el proyecto que lleva la firma del legislador massista, entre las dependencias alcanzadas inicialmente se encuentran dos Registros Seccionales de Mar del Plata, junto a una oficina de La Matanza, Olivos, Ituzaingó y Motovehículos de Morón. A estos se suman otras cuya supresión había sido dispuesta previamente, como los Registros de Olavarría, Necochea, Lanús, Esteban Echeverría y Bahía Blanca.
El listado también contempla distintos Registros de Motovehículos y el Registro de Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y Créditos Prendarios de Olavarría, según detalló el dirigente de la Segunda sección de Fuerza Patria en la presentación que realizó ante la Cámara de Diputados bonaerense.
“La provincia de Buenos Aires presenta una extensión geográfica y una diversidad demográfica que hacen que el acceso efectivo a los servicios públicos no pueda ser evaluado exclusivamente desde una perspectiva de eficiencia administrativa o reducción de estructuras. Para numerosos ciudadanos, empresas, trabajadores, comerciantes y productores, la existencia de oficinas cercanas constituye un elemento
fundamental para garantizar la realización de trámites registrales”, explicó Puglelli en los fundamentos.
En ese sentido, el diputado bonaerense sostuvo que la reducción de oficinas físicas del Registro Automotor puede generar mayores desplazamientos, costos indirectos y dificultades para aquellos ciudadanos de la provincia de Buenos Aires que no cuentan con conectividad adecuada, conocimientos digitales suficientes o posibilidades materiales de completar sus trámites a través de las plataformas electrónicas habilitadas.
Por eso, el exintendente del municipio de San Andrés de Giles planteó que la reorganización de las dependencias del Registro Automotor debería contemplar las particularidades de cada territorio y las necesidades de sus comunidades, además de contar con instancias de información, evaluación y articulación con las autoridades locales para evitar que la centralización administrativa genere consecuencias que no hayan sido consideradas.
En los fundamentos expuestos, Puglelli insistió en que el cierre de una dependencia pública no supone únicamente la eliminación de una estructura administrativa, sino que también puede traducirse en la realización de mayores distancias para los vecinos de cada región, más tiempo destinado a realizar trámites y nuevos costos de traslado.
“La modernización del Estado debe estar al servicio de las personas. Digitalizar no debe significar alejar al Estado de la ciudadanía, simplificar no debe significar restringir el acceso, y reducir estructuras no debe implicar trasladar los costos de esa decisión a nuestros vecinos y vecinas que necesitan realizar sus trámites”, completó Puglelli.
El Gobierno eliminó el 40% de los aranceles y reorganizó las oficinas del Registro Automotor
Cabe mencionar que, la reforma que implementó el Gobierno nacional alcanzó el esquema de aranceles y la organización interna del Registro Automotor, con una reducción del 40% en la cantidad de cánones vigentes y una concentración de los trámites en un número menor de categorías, según estableció la Resolución 412/2026 del Ministerio de Justicia.
En concreto, la normativa agrupó los aranceles en ocho categorías, en un esquema que se vincula con la incorporación del Módulo de Registro de la Propiedad del Automotor (MRPA) establecido mediante la Resolución 308/2026 como unidad estándar para valuar las gestiones ante la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios (DNRPA).
A su vez, la resolución irmada por Juan Bautista Mahiques modificó el sistema de liquidación de los emolumentos que reciben los responsables de los Registros Seccionales y dispuso el cierre operativo de aquellas oficinas cuya supresión ya había sido determinada previamente, en línea con el proceso de reorganización impulsado por el Gobierno nacional.
No obstante, la reducción del 40% corresponde a la cantidad de aranceles que componían el esquema anterior y no implica necesariamente una disminución equivalente en el costo final que deben afrontar los usuarios por cada trámite. Según la normativa, la nueva estructura busca concentrar los conceptos que anteriormente se encontraban distribuidos en distintas categorías.
