En las últimas horas, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, afirmó que “participaron 48.200 personas como máximo” en la movilización convocada por el kirchnerismo en Plaza de Mayo. Las declaraciones de la funcionaria surgen en pos de desmentir las estimaciones de los organizadores, que hablaron de más de un millón de asistentes a la marcha que buscó respaldar a Cristina Kirchner, tras la ratificación de la condena por parte de la Corte Suprema.
De esta manera, Bullrich explicó que el número de asistentes a la movilización por Cristina Kirchner fue calculado por su cartera “a partir de un relevamiento técnico, geométrico y matemático, de acuerdo a la cantidad de espacio y personas por metro cuadrado”. “Contamos cada uno de los lugares, más todos los micros que entraron”, detalló.
Por caso, la titular de la cartera de Seguridad se refirió a los controles realizados en los micros que trasladaban manifestantes durante la jornada de movilización que se llevó a cabo este miércoles en Plaza de Mayo, que contó con la polémica detención de dos colectivos que trasladaban niños de primaria hacia el planetario en la Ciudad de Buenos Aires.
Sobre este punto, Bullrich justificó los procedimientos al señalar que muchos vehículos “no estaban habilitados” o no eran aptos para circular, y completó: “No fue contra la gente, fue para garantizar seguridad. La Policía no le preguntó a los pasajeros si eran peronistas, eso es falso, y si hubiera pasado habría una grabación”.
En otro orden de cosas, la ministra que se pasó del PRO a las filas de La Libertad Avanza en los últimos meses, reveló los detalles sobre los dispositivos de seguridad asignados a la expresidenta para que cumpla la prisión domiciliaria aprobada por el Tribunal Oral Federal 2, y puso sobre la mesa la cantidad de custodios con los que cuenta Cristina Kirchner.
La expresidenta cuenta con una custodia personal de entre 80 y 90 efectivos según la Ministra de Seguridad. Es que desde hace una semana, Cristina Kirchner también tiene en las inmediaciones de su hogar un cúmulo de oficiales de la Policía Federal, liderados por la propia Bullrich, cuyo deber es hacer cumplir la prisión domiciliaria.
Por otro lado, Bullrich confirmó que el Servicio Penitenciario Federal evalúa las condiciones técnicas para colocarle una tobillera electrónica, y aseguró que es “exactamente igual a cualquier persona que tiene una condena”. “No hay una discriminación. Es una manda judicial”, sostuvo la ministra, al tiempo que aclaró que se analiza la conectividad del domicilio, ya sea por 4G o Wi-Fi, para garantizar un monitoreo permanente del dispositivo.
En el mismo pasaje de la conversación radial, Bullrich defendió el reciente decreto que refuerza la facultad de la Policía Federal para patrullar las redes sociales y detener hasta por diez horas a personas cuya identidad no pueda ser verificada, incluso sin la orden previa de un juez.
“Esa cláusula está desde 1958 en la Ley Orgánica de la Policía Federal. Es una herramienta legal, no es persecución política”, aseguró la ministra en respuesta a los fuertes cuestionamientos que generó el decreto que lleva la firma de Javier Milei en los sectores opositores, que consideran que la medida puede “dar lugar a abusos” por parte de la fuerza de seguridad.
Finalmente, la funcionaria libertaria respaldó la creación del nuevo Departamento Federal de Investigaciones, una unidad presentada como el “FBI argentino”, y defendió el uso del ciberpatrullaje como parte de la estrategia de inteligencia criminal: “Se trata de proteger a la sociedad de delincuentes, bandas criminales, estafadores digitales y prófugos. No tiene nada que ver con espiar opositores”, subrayó.
Judiciales bonaerenses repudiaron las modificaciones de Bullrich a la Policía Federal
La Asociación Judicial Bonaerense (AJB) repudió el nuevo estatuto de la Policía Federal Argentina que presentaron el martes de esta semana la ministra de Seguridad y el Presidente. El gremio que encabeza Hugo Russo calificó la medida como “un avance autoritario” y pidió “la inmediata derogación del decreto”.
A través de un documento público, la AJB calificó la medida como “una grave violación de derechos y garantías constitucionales” y alertó que el decreto “legaliza prácticas de vigilancia sin control judicial”.
En ese sentido, la organización que nuclea a los judiciales bonaerenses sostiene que la nueva resolución del Gobierno habilita a las fuerzas federales a intervenir “sin límites en espacios digitales y físicos”. “Las mismas fuerzas de seguridad que actúan con violencia en las calles y que reprimen la protesta social, ahora podrán operar sin ningún tipo de control”, advierte el texto.
Asimismo, para los judiciales bonaerenses, la decisión del Ejecutivo nacional representa una nueva estrategia de “disciplinamiento social” y busca “criminalizar las expresiones críticas al modelo” que impulsa el presidente Javier Milei. “La democracia se defiende con más derechos, no con más represión”, concluyeron en el comunicado.
