A un día de la marcha de jubilados que se espera multitudinaria, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el asesor presidencial, Santiago Caputo, junto a los jefes de la SIDE, el secretario de Transporte y el viceministro de Justicia mantuvieron una reunión clave en la Casa Rosada para coordinar el operativo de seguridad de este miércoles.
En concreto, el cónclave comenzó minutos antes de las 11 horas en el despacho de Caputo y se extendió hasta las 12:30. Participan el titular de la SIDE, Sergio Neiffert, y su segundo, Diego Kravetz, además del secretario de Transporte, Franco Mogetta, y el vice de Justicia, Sebastián Amerio.
La reunión se desarrolló en un clima de hermetismo, luego de los incidentes ocurridos en la manifestación de la semana pasada y desde la Casa Rosada dejaron trascender que los funcionarios buscan definir el esquema de acción ante una jornada que consideran delicada, con énfasis en los controles de acceso a la Ciudad de Buenos Aires y la posibilidad de realizar intervenciones en trenes y colectivos que lleguen desde el conurbano.
El Gobierno también ajusta detalles en el plano judicial, es que luego de las críticas por la liberación de los detenidos en la última manifestación, el oficialismo pone el foco en la actuación de la Justicia y en la posibilidad de aplicar el Código Penal en caso de disturbios. Vale recordar que la jueza Karina Andrade, quien tomó las decisiones en la protesta anterior, quedó en el centro de la polémica, mientras el Ejecutivo evalúa una estrategia para evitar que se repitan las situaciones del miércoles pasado.
El despliegue de seguridad estará a cargo del Comando Unificado, con la participación de más de 1000 efectivos de la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y Policía de Seguridad Aeroportuaria. Desde el Ministerio que conduce Bullrich evitan brindar detalles específicos sobre la estrategia, aunque dejaron en claro que monitorearán de cerca la movilización.
Según dejaron trascender, uno de los ejes centrales del operativo será el control en los accesos a la Capital Federal, y la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) estará a cargo de fiscalizar la llegada de manifestantes a través de micros y trenes, en un intento por limitar la afluencia masiva de protestantes. Además, se reforzará la presencia de fuerzas federales en puntos clave de la Ciudad.
Desde el Ejecutivo insisten en que la movilización tiene un trasfondo político y aseguran que no se espera la presencia de barras bravas como, según afirman, ocurrió en la protesta anterior. “Es una marcha política que busca desestabilizar la gestión”, sostienen en la Casa Rosada.
Cabe señalar que, la movilización del miércoles 19 de marzo será encabezada por jubilados y contará con el respaldo de la Confederación General del Trabajo (CGT) como las dos vertientes de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), junto con la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP). Además, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y agrupaciones estudiantiles también se sumarán a la convocatoria.
Bajo la consigna “A las calles con la celeste y blanca”, se espera que muchos manifestantes concurran con camisetas de la selección argentina, en una estrategia similar a la del miércoles pasado, cuando hinchas de fútbol participaron de la protesta.
En este escenario, el Gobierno refuerza su postura de que la marcha tiene intencionalidad política. Con un despliegue de más de 1000 agentes, controles en accesos y el monitoreo de un juez federal, la jornada de protesta se anticipa como un nuevo punto de tensión entre el oficialismo y los sectores opositores.
Un juez federal supervisará operativo de seguridad
En medio del despliegue de seguridad, la Justicia decidió intervenir en el control del operativo. El juez federal en lo Contencioso Administrativo, Martín Cormick, anunció que supervisará presencialmente la marcha para evitar posibles abusos por parte de las fuerzas de seguridad. Su decisión se enmarca en una causa por la inconstitucionalidad del protocolo antipiquetes de Patricia Bullrich, presentado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
Si bien el magistrado rechazó suspender el protocolo, dejó en claro que los hechos ocurridos en la manifestación pasada no fueron compatibles con los principios constitucionales. “No desconozco ni soy impasible ante los hechos de público conocimiento”, señaló en su fallo.
Cormick remarcó que la actuación de las fuerzas de seguridad en la protesta anterior no se ajustó a las normas republicanas y anunció que estará presente en la marcha para recabar pruebas sobre el accionar del operativo. Su intervención se da en un contexto de fuerte debate sobre los límites del protocolo antipiquetes y la represión en las manifestaciones.
