Tras la renuncia del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, La Libertad Avanza buscará esta semana acuerdos con los bloques dialoguistas para realizar una sesión en el Senado y aprobar los proyectos de propiedad privada y pliegos judiciales, y retomar de esta manera la agenda parlamentaria que había quedado trabada por el escándalo que terminó con la salida del funcionario. La jefa de bloque oficialista, Patricia Bullrich, comenzará a sondear a sus aliados para sesionar este jueves o, en su defecto, el 16 de julio, antes de que comience el receso invernal el 20 de ese mismo mes.
Cabe señalar que, la intención de Bullrich es alcanzar un acuerdo con el PRO, la Unión Cívica Radical (UCR), Encuentro Misionero, Provincias Unidas, y los bloques provinciales de Primero los Salteños, Independencia, Despierta Chubut y la Neuquinidad. En tanto, el bloque de senadores radicales ya expresó que, tras la renuncia de Adorni, “es necesario que la justicia siga actuando” y que desde el Senado se retome la agenda de trabajo para lograr los cambios que el país aún necesita.
Es que, desde que se instaló la polémica por el aumento desmedido e injustificado del patrimonio de Adorni y su confesión pública de haber evadido impuestos al no declarar medio millón de dólares, La Libertad Avanza logró votar, con mucho esfuerzo por parte de los jefes de bloques, el acuerdo con los fondos buitre y los pliegos de jueces, pero no había podido avanzar con los temas centrales que impulsa la gestión de Javier Milei.
De esta manera, el proyecto central que Bullrich intentará colar en la primera sesión es el de propiedad privada, que incluirá cambios a la propuesta original del Gobierno, orientada a eliminar todas las restricciones para que empresarios extranjeros puedan comprar tierras rurales. Entre las alternativas evaluadas se contempla establecer un tope de kilómetros que puede adquirir una empresa extranjera y, en caso de que intervengan otros países, exigir el aval no solo de las provincias y el Gobierno, sino también del Congreso.
La iniciativa, impulsada originalmente por el Ejecutivo de Milei, contiene reformas a la ley de tierras en materia de desalojos, expropiaciones y manejo del fuego. La medida, diseñada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, tuvo modificaciones sustanciales: se eliminó el capítulo sobre cambios en la ley de barrios populares y se reformaron los capítulos sobre extranjerización, expropiaciones, desalojos y manejo del fuego.
En la agenda que Bullrich busca instalar en el Senado también se encuentra el Super RIGI, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, con el que el Gobierno apuesta a captar inversiones millonarias en empresas tecnológicas y en sectores ligados a la minería, la energía, el petróleo, la infraestructura y la siderurgia.
Por otro lado, se encuentra en carpeta el proyecto de reforma de la ley de Salud Mental, ya debatido en las comisiones de Salud y Legislación General, sobre el que avanzan los acuerdos con los bloques dialoguistas para firmar un dictamen con modificaciones respecto de la propuesta original del Gobierno.
Es que, los cambios elevados por el Ejecutivo incluyen modificaciones en los criterios de diagnóstico, condiciones de internaciones, y sistema de atención a pacientes, al tiempo que flexibiliza las internaciones involuntarias y habilita que un solo médico pueda ordenarlas en casos excepcionales bajo la premisa de “facilitar intervenciones ante situaciones de riesgo”, a pesar de la advertencia de especialistas que advierten sobre un posible retroceso en derechos y en el enfoque comunitario de la norma.
Sin embargo, hay dos iniciativas que el oficialismo quiere que avancen y permanecen trabadas: la reforma electoral, sin acuerdo político porque los bloques opositores rechazan anular las PASO, eliminar el aporte financiero del Estado a las campañas y habilitar aportes privados, y suprimir el debate obligatorio en las elecciones presidenciales, y la ley de Discapacidad, que no cuenta con los respaldos de los aliados que en su momento acompañaron la norma vetada por el presidente Javier Milei.
