Luego de que se haya levantado el paro de transportistas, la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) cuestionó la medida de fuerza con la que se bloqueó el Puerto Quequén y advirtió por sus consecuencias en el mercado de granos.
“La imposibilidad de completar cargas en los puertos bonaerenses, particularmente en Quequén, ha comenzado a generar el desvío de buques hacia otras terminales, con las consecuentes pérdidas económicas para toda la cadena agroindustrial, en un momento crítico como lo es la plena cosecha gruesa”, subrayaron desde la entidad que nuclea a las principales agrupaciones del agro.
En esta línea, desde CARBAP argumentaron que el paro no solo afectó al productor, sino que también comprometió la credibilidad comercial del país frente a los mercados internacionales. Por eso, el campo bonaerense instó a las autoridades provinciales y nacionales que garanticen la libre circulación del transporte de grano, a modo de que no existan más paros de transportistas.
“Resulta inadmisible que el normal funcionamiento del comercio y de los puertos quede condicionado por una minoría que, mediante amenazas, intimidaciones y hechos vandálicos, impide el desarrollo de la actividad. El país no puede permitirse que la producción quede rehén de prácticas extorsivas. Es responsabilidad del Estado asegurar el orden, la libre circulación y el cumplimiento de la ley”, precisaron desde CARBAP.
En rigor, el paro de transportistas finalizó el viernes por la tarde luego de que transportistas, dadores de carga y autoridades hayan alcanzado un acuerdo tarifario, lo que liberó al Puerto Quequén, uno de los principales nodos agroexportadores del país, que volvió a trabajar con normalidad.
Según informó el Consorcio de Gestión de Puerto Quequén, la mesa de diálogo desarrollada en la propia terminal acordó un incremento del 16% sobre la última tarifa vigente, lo que puso fin a una medida de fuerza que llevaba 15 días de vigencia. El conflicto se había iniciado a principios de abril, cuando transportistas autoconvocados reclamaron una actualización de las tarifas de flete ante el incremento de los costos operativos, en particular el precio del combustible.
Según estimaciones oficiales, durante ese período las pérdidas alcanzaron unos USD 450 millones en una semana dado que no se podía embarcar mercadería, los buques estaban demorados, y se acumularon embarcaciones tanto en Quequén como en otros puertos.
En paralelo, el campo se vio afectado por la interrupción del flujo de mercadería y por las dificultades de cumplir compromisos comerciales en el mercado exterior. Inclusive, ante las pilas de granos que esperaban ser despachados, grupos industriales consideraron el desvió de buques hacia otras terminales o países vecinos.
