En medio del enfrentamiento que mantiene el Gobierno nacional con las provincias por el ajuste en los fondos discrecionales, el ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, insistió en la posibilidad de que la provincia de Buenos Aires cierre sus puertos como represalia a los recortes que aplica la gestión de Javier Milei.
“Hay distintas medidas que tomó el Gobierno nacional con el objetivo explícito de asfixiar a las provincias. Son cosas que no tienen que ver con el espíritu democrático, federal y republicano de nuestro país”, expresó en un principio el ministro de Gobierno y mano derecha del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.
En ese contexto, Carlos Bianco parafraseó al gobernador que señaló que “si van obligar una por una a las provincias a realizar un ajuste que no estaba previsto, y que nadie votó por lo menos en la provincia de Buenos Aires, lo que después empieza a aparecer es que una cierra el suministro de petróleo, otra que pone aduanas internas y lo que dijo el jefe comunal, es que puede tomar medidas”.
Asimismo, el funcionario bonaerense aseguró que las autoridades de la provincia de Buenos Aires no creen en la necesidad de implementar medidas drásticas como el cierre de los puertos “pero a veces se presentan situaciones que nadie tenía previstas, porque lo irregular no es lo que fantaseé el gobernador, sino lo que hace el Gobierno nacional”.
En línea con las declaraciones previas de Kicillof respecto de los recortes que Milei aplica sobre el presupuesto de las provincias, Carlos Bianco manifestó que “parece que el Gobierno intenta que se genere una desintegración nacional, porque el único que lleva a posiciones autonómicas es el Presidente”.
Por otro lado, mientras aguarda que la Corte le dé la razón en su presentación ante la Justicia para restituir el Fondo de Fortalecimiento Fiscal (FOFOFI), Kicillof instruyó al equipo legal de la provincia de Buenos Aires a trabajar en futuras demandas judiciales.
Asimismo, hay otros cuatro reclamos administrativos formales que el gobierno bonaerense realizó contra la administración de Javier Milei que aún no fueron contestados. El mandatario provincial había planteado que el Presidente “se roba los recursos de la gente” de todas las provincias.
En el reclamo administrativo por el FOFOFI, el ministro de Economía bonaerense, Pablo López, detalló que el Estado nacional le adeuda a la provincia de Buenos Aires el remanente equivalente a la suma de $11.164.000.000″, por el mes de noviembre del año pasado, a pagarse en diciembre; $33.676.934.796 que responde al 1,18% de la recaudación nacional de diciembre del 2023 que debió transferirse en enero de este año y $43.959.428.629 que también corresponden a la recaudación nacional de enero 2024 y que “debió transferirse en los primeros días de febrero”.
En paralelo, hubo también un reclamo administrativo por la realización de nueve obras de infraestructura carcelaria que tenían como fin ampliar las instalaciones del Servicio Penitenciario Bonaerense y hoy se encuentran neutralizadas. Son alcaidías en Quilmes, Ezeiza, González Catán, Merlo, Mercedes, Lanús, Tres de Febrero y dos unidades penitenciarias en Moreno y Florencio Varela. De ese plan, el Gobierno nacional aportaba el 80% de los fondos. El saldo adeudado asciende a más de $67 mil millones, según se informó.
La provincia de Buenos Aires también hizo un pedido administrativo por los fondos no girados que corresponden a un acuerdo sellado en mayo del 2023 entre el ministerio de Desarrollo de la Comunidad bonaerense y el ministerio de Desarrollo Social de la Nación que tenía por objeto “financiar acciones tendientes a garantizar la Seguridad Alimentaria de las personas en condiciones de vulnerabilidad social que asisten a comedores escolares de la comuna”. La deuda que denuncia Kicillof por este apartado asciende a más de $4.860 millones.
Por otro lado, hubo un reclamo por el Fondo de Compensación al Transporte Público de Pasajeros, cuyas partidas estaban incluidas en el Presupuesto 2023 que Milei decidió prorrogar. En el ministerio de Transporte deslizan que si bien el monto varía mensualmente por la actualización de costos con base en las determinaciones de Nación, el último envío fue de $1.000 millones. Es decir, como base la deuda asciende a los mil millones.
En materia educativa, el pedido fue por el Fondo de Incentivo Docente (FONID). El tema escaló semanas atrás y aumentó la tensión del gobierno nacional con los gremios docentes. Se trata de un fondo que impacta en el salario de los maestros y que se pagó desde 1998, cuando decidió establecerse, luego de lo que fue la instalación de la Carpa Blanca durante el gobierno de Carlos Menem.
