Este lunes, la comisión investigadora sobre el Caso LIBRA presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, junto con denuncias formales contra jueces, fiscales y funcionarios del Gobierno nacional por la presunta negativa a colaborar con las indagaciones, lo que intensifica la presión política y judicial en un caso que aún no arroja resultados definitivos.
Es que, durante los últimos meses, el cuerpo parlamentario requirió a la justicia federal la intervención del auxilio de la fuerza pública para garantizar la comparecencia de testigos clave, entre ellos la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, citada en la causa por movimientos financieros con la criptomoneda LIBRA, y al no prosperar esa solicitud el paso siguiente será elevar el conflicto a la Corte Suprema.
De esta manera, la denuncia apunta al juez federal Marcelo Martínez De Giorgi y al fiscal Eduardo Taiano, a quienes la comisión investigadora del Caso LIBRA acusa de “mal desempeño e incumplimiento de deberes de funcionario público” por bloquear el acceso a documentación y aludir que no contaban con competencia para ordenar fuerzas públicas, decisión que la comisión interpreta como una forma de encubrimiento institucional.
En paralelo, se suman denuncias contra los funcionarios del Poder Ejecutivo convocados al cuerpo investigativo, entre ellos el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, el titular de la Oficina Anticorrupción, Alejandro Melik, y el presidente de la Unidad de Información Financiera, Paul Starc, quienes no asistieron a declarar pese a la citación, lo que según los legisladores configura una “ausencia deliberada” ante el Congreso.
En este sentido, la comisión aclaró que el fallo de Martínez de Giorgi, que en octubre declaró “improcedente” el pedido de citación coactiva por el Congreso, fue utilizado como argumento para sostener que la justicia dejó “sin herramientas” al cuerpo parlamentario, lo que refuerza la presentación ante la Corte en busca de definir si el parlamento puede exigir por la fuerza la presencia de los convocados.
El informe final del caso LIBRA, que será presentado el 18 de noviembre, se prepara para ser elevado tanto al juzgado de Martínez De Giorgi como a la fiscalía de Taiano, y contendrá no solo los hallazgos de la comisión investigadora, sino también las observaciones institucionales y los pedidos de investigación penal respectivos.
En tanto, la comisión que encabeza Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) sostuvo que “la verdad sobre el Caso LIBRA se va a conocer, porque el derecho a saber debe garantizarse”, al tiempo que insistió en que la investigación detectó movimientos millonarios de monedas virtuales entre los operadores acusados y la promoción del token por parte del presidente Javier Milei.
Es preciso mencionar que, la escalada de denuncias coincide con el impulso de la comisión para que los efectos del Caso LIBRA no queden únicamente en el ámbito declarativo. Como adelantaron fuentes parlamentarias, el informe incorporará la sugerencia de remisión a sistemas de justicia penal, a la Oficina Anticorrupción y al Consejo de la Magistratura para que se evalúen responsabilidades institucionales y políticas.
Caso LIBRA: cuestionan a Milei por otra supuesta criptoestafa con el token $KIP
En el marco de la comisión investigadora por el caso LIBRA, diputados de la oposición aseguraron que el presidente de la Nación, Javier Milei, participó con el mismo grupo de empresarios de otra criptoestafa con el lanzamiento del token $KIP. Es que, según Ferraro, el presidente participó, semanas antes, de una operatorio identifica a $LIBRA, con los mismos socios y el mismo esquema de especulación.
“A través de la información remitida por varias plataformas, detectamos que $KIP, promovido por la empresa KIP Protocol de Julián Peh, participaron Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, junto al propio Milei, quien lo difundió y promovió públicamente”, aseguró Ferraro.
En detalle, la operación con $KIP tuvo lugar el 9 de diciembre, cuando los involucrados compraron el token en su valor más bajo, impulsaron su cotización con la promoción del Presidente y se retiraron con ganancias millonarias, por más de USD 600 mil.
