El intendente de Castelli, Francisco Echarren, en las últimas horas encabezó el sorteo de 10 viviendas del barrio “Juan Carlos Zocchi”, que próximamente entregará junto al gobernador bonaerense Axel Kicillof a las familias preadjudicadas que resultaron beneficiadas a través del esquema de selección dispuesto por el Municipio.
En total, el complejo cuenta con 10 casas listas para ser habitadas, cuyos beneficiarios quedaron definidos mediante un sorteo similar al utilizado en el programa “Esfuerzo Compartido”. El acto oficial de entrega se llevará a cabo en las próximas semanas y contará con la presencia del mandatario bonaerense, en el marco de la política habitacional que impulsa la gestión municipal en articulación con el Estado provincial.
“Vamos a seguir trabajando para poder cumplir más sueños. Pasito a pasito para seguir cerca de las familias y que todos tengan su vivienda propia. Para eso trabajamos todos los días”, expresó Echarren, tras el sorteo de las unidades habitacionales.
La entrega tendrá lugar en medio de las repercusiones por la causa judicial que inició el propio mandatario local contra los exfuncionarios municipales Laura Olguín y Sebastián Prediger, por presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos. El expediente sumó un nuevo capítulo en los últimos días, luego de que la Justicia ordenara allanamientos en propiedades vinculadas con los acusados.
En ese contexto, Echarren anunció que el Municipio retomará los trabajos de construcción de viviendas del barrio Curita, cuya continuidad había quedado condicionada por el avance de la causa. “Ahora que la Justicia hizo su trabajo, podemos reiniciar la obra”, afirmó el jefe comunal al confirmar la decisión.
Vale precisar que las autoridades judiciales buscan determinar si los extrabajadores, quienes integraban la Secretaría de Tierra y Vivienda, utilizaron materiales destinados a la construcción de viviendas públicas para una obra de carácter privado. Uno de los principales ejes de la causa apunta a las 83 casas del barrio Curita, cuya ejecución se encontraba bajo la órbita de Olguín durante su paso por el área municipal.
En ese marco, el Juzgado interviniente analiza si ladrillos, hierros y otros insumos adquiridos para el programa habitacional terminaron destinados a una construcción particular vinculada con los exfuncionarios municipales. A su vez, la causa puso el foco sobre la compra de 28 techos para viviendas, que la Municipalidad había abonado pero que no fueron entregados en los plazos previstos.
Según informó el Ejecutivo local, la denuncia penal derivó posteriormente en la restitución de materiales valuados en aproximadamente $300 millones, mientras la pesquisa busca establecer el destino de otros insumos adquiridos para las obras. Tras las últimas medidas judiciales, el Municipio de Castelli consideró que existen condiciones para reactivar la construcción del barrio Curita y continuar con el proyecto habitacional.
“No vamos a permitir que nadie se quede con los recursos ni con el sueño de una familia de Castelli de tener su casa propia”, concluyeron desde la actual conducción municipal.
La causa contra los exfuncionarios de Castelli sumó nuevas líneas de investigación
Vale precisar que la causa que alcanza a Olguín y Prediger también incluye otras presuntas irregularidades que exceden la construcción de las viviendas del barrio Curita. En el caso del extrabajador municipal, los responsables de la investigación pusieron el foco en el destino del dinero obtenido por la venta de materiales reciclables provenientes de la planta municipal.
Según la documentación que el armado de Echarren aportó al expediente, estos recursos debían financiar un bono para los trabajadores de la planta, pero desde el Municipio sostienen que ese beneficio nunca llegó a sus destinatarios. El juzgado interviniente cuenta además con alrededor de 20 trabajadores que podrían aportar su testimonio sobre la venta de los materiales y el supuesto incumplimiento del pago.
Por último, los funcionarios judiciales también analizan una operación para adquirir una pala cargadora municipal por un monto que, según la denuncia, incluía un presunto sobreprecio cercano a los USD 12.000. Desde el equipo que acompaña al alcalde kicillofista afirmaron que anularon aquella licitación y que posteriormente adquirieron la misma máquina por unos USD 12.000 menos, mientras la Justicia se dispuso a analizar las actuaciones y solicitudes de compra incorporadas a la causa.
