Este martes, el diputado bonaerense de La Libertad Avanza, Guillermo Castello, ingresó un proyecto de ley en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires para prohibir las candidaturas testimoniales, al considerar que se trata de una “estafa a la ciudadanía” que vulnera el principio de representación democrática y distorsiona el sistema republicano.
A través de sus redes sociales, Castello difundió la iniciativa y disparó contra el peronismo con un contundente mensaje: “Las candidaturas testimoniales son una estafa. Es verdad que no hay normas que las prohíban, pero violan el espíritu del sistema republicano que es la representación democrática”.
En ese sentido, el diputado bonaerense oriundo de Mar del Plata enfatizó que, con el objetivo de revertir esa situación, presentó el proyecto de ley para “prohibir este fraude escandaloso a la voluntad popular”, en clara alusión a una práctica que se extendió entre las distintas fuerzas políticas a lo largo de los años, y que en esta elección particular tomó fuerza.
El proyecto plantea reformas al decreto-ley 6769/58 que regula el funcionamiento de los municipios bonaerenses y otras normas asociadas, con el fin de impedir que intendentes, concejales, gobernadores o vicegobernadores puedan renunciar a sus cargos para asumir o postularse para otros dentro del mismo período institucional, sin importar si ejercieron su mandato total o parcialmente.
En concreto, Castello busca establecer que tanto intendentes como concejales puedan ser reelectos una sola vez de forma consecutiva, pero no puedan volver a presentarse para un nuevo mandato si no dejaron pasar al menos un período de cuatro años. Además, el proyecto remarca que ejercer estos cargos constituye una “carga pública insoslayable”, y que por tanto, su interrupción para fines electorales debe ser desalentada y penalizada institucionalmente.
Uno de los puntos más significativos del texto es la imposibilidad de renunciar para postularse a otro cargo. Es que, el artículo 3 del proyecto que lleva la firma de Castello establece que los concejos deliberantes no podrán aceptar renuncias ni conceder licencias cuando el motivo sea presentarse como candidato a otro cargo público, en contravención con lo estipulado por la ley.
De igual manera, el diputado bonaerense propone que se apliquen sanciones para quienes intenten eludir la norma a través de subterfugios como licencias sin goce de sueldo o permisos especiales, y traslada el mismo principio al ámbito provincial con una modificación en artículos de las leyes 14836, 14872 y 12086, que regulan el ejercicio del Poder Ejecutivo bonaerense, estableciendo que ni el gobernador ni el vicegobernador podrán asumir otros cargos públicos o postularse a nuevas funciones mientras dure su mandato.
En todos los casos, el proyecto ingresado a la Legislatura bonaerense por Castello busca evitar que los cargos electivos en funciones sean utilizados como plataforma para saltar a otros puestos sin completar el ciclo institucional para el que los políticos fueron elegidos en primera instancia.
El espíritu del proyecto, según se desprende del texto completo, es “poner fin a una práctica cada vez más extendida en la política argentina, donde numerosos dirigentes se presentan como candidatos sin intención de asumir, solamente para arrastrar votos en favor de su fuerza política o generar posicionamiento personal”. Es que, Castello considera que esta conducta mina la confianza ciudadana y erosiona la legitimidad del sistema representativo.
La iniciativa también incluye una cláusula explícita para suspender los efectos de normas vigentes que permiten maniobras de interpretación flexible sobre los períodos cumplidos y los cargos asumidos, lo que permitiría consolidar una legislación más coherente y restrictiva. A su vez, al definir el ejercicio de los cargos como una “carga pública en atención al interés público comprometido”, Castello introduce una categoría jurídica que obliga a respetar los términos del mandato como parte esencial del vínculo democrático con el electorado.
De ser aprobada, esta ley implicaría un cambio profundo en las reglas del juego electoral bonaerense, ya que llegaría para restringir el margen de maniobra de dirigentes que buscan acumular poder o posicionarse en listas sin intención de ejercer. En un contexto donde las candidaturas testimoniales generaron polémicas recurrentes, el proyecto de Castello apunta a institucionalizar un criterio de responsabilidad política que, según su visión, “es indispensable para mejorar la calidad democrática”.
