Este jueves, el diputado bonaerense de La Libertad Avanza, Guillermo Castello, protagonizó un fuerte cruce con el secretario general de ATE Capital, Daniel “Tano” Catalano, tras la presentación de su proyecto para declarar “sujeto a privatización” al Astillero Río Santiago, la empresa estatal naval con sede en Ensenada.
Es preciso mencionar que, el intercambio comenzó cuando el dirigente sindical lanzó un mensaje público de rechazo a la iniciativa libertaria y defendió la continuidad del Astillero Río Santiago en manos del Estado, mientras que Castello le respondió con dureza, acusando al gremio de “proteger su caja y sus privilegios” y de “chuparle la sangre a los bonaerenses”.
Es que, Catalano había manifestado un rechazo tajante al proyecto que ingresó Castello a la Legislatura bonaerense, al afirmar que “el Astillero no se toca“. “Rechazo total al proyecto del diputado libertario bonaerense que pretende desintegrar la empresa estatal naval más importante del país”, escribió el dirigente de ATE Capital en sus redes sociales.
Al mismo tiempo, el sindicalista sostuvo que la organización a la que pertenece no solo defenderá el carácter estatal del Astillero Río Santiago, sino que también impulsará “la recuperación del canal troncal del Paraná, el canal Magdalena y la flota mercante nacional”, en línea con una política de soberanía industrial y marítima.
Frente a ese pronunciamiento, Castello respondió con dureza: “Como era de esperar, el sindicato estatal ATE protegiendo su caja y defendiendo sus privilegios. Les pregunto: si es tan productiva, ¿por qué no se hacen cargo y la financian ustedes? Respuesta: porque es más fácil con la nuestra. Dejen de chuparle la sangre a los bonaerenses”, escribió el diputado en sus redes sociales.
De esta manera, el intercambio expuso la tensión entre el sindicalismo estatal y los sectores libertarios, que promueven una fuerte reducción del gasto público y cuestionan el rol del Estado como empresario. Es que, en el tenso cruce, Castello defendió su proyecto como una medida necesaria para “sincerar” las cuentas de la provincia de Buenos Aires y “poner fin” a lo que calificó como “una caja política y sindical mantenida con los impuestos de los bonaerenses”.
Es preciso mencionar que, el proyecto presentado en la Legislatura bonaerense busca declarar sujeto a privatización al Astillero Río Santiago, con la venta de todos sus activos, bienes y derechos. Según los fundamentos, el objetivo es transferir la empresa al sector privado dentro del plazo de un año desde la entrada en vigencia de la ley, bajo control de una comisión bicameral encargada de fiscalizar el proceso y garantizar su transparencia.
En los fundamentos de la iniciativa, Castello sostiene que el Estado bonaerense no necesita mantener una empresa pública de construcción naval y que hacerlo “solo deriva en más déficit, más impuestos, más burocracia y más corrupción”. Para respaldar su postura, citó al pensador Juan Bautista Alberdi, quien cuestionaba el rol empresario del Estado, y remarca que la idea de una industria estatal “es falsa en su base económica”.
Según el legislador, el Astillero Río Santiago se convirtió en un “ejemplo de ineficiencia, con más empleados, menos producción y una estructura insostenible”, mientras que el proyecto detalla que, mientras en otros países los astilleros públicos se modernizaron o fueron privatizados para mejorar su productividad, en el caso del Astillero “ocurrió lo contrario”.
En tanto, el proyecto de Castello cuestiona que la planta triplicó su personal, redujo a la mitad su producción y “genera uno de los déficits más altos del mundo entre las empresas del rubro”, al tiempo que señala que la compañía concentra el 80% del empleo del sector naval nacional, pero produce solo el 20% del valor industrial del país, lo que a su entender evidencia “un desequilibrio estructural y un sistema ineficiente financiado por los bonaerenses”.
En los fundamentos, el legislador menciona además que el presupuesto provincial de 2023, la provincia destinó “más de 20 mil millones de pesos al sostenimiento del astillero, recursos que en su mayoría se utilizaron para pagar salarios y subsidios, mientras que los ingresos propios de la empresa fueron mínimos”.
Para Castello, esto demuestra que el Astillero Río Santiago funciona como “un barril sin fondo” para las finanzas de la provincia, por lo que denunció supuestas irregularidades internas como “empleos fantasma, jubilaciones irrisorias, descuentos indebidos y bonos por productividad en una fábrica que hace más de una década no termina una embarcación”.
En ese marco, el proyecto establece límites a la participación de funcionarios y directivos en el proceso de privatización, prohibiendo que los integrantes de los tres poderes del Estado y el personal jerárquico de la empresa participen, directa o indirectamente, en la adquisición de partes de la compañía. Para garantizar el control, la iniciativa propone la creación de una comisión bicameral integrada por tres senadores y tres diputados provinciales, que trabajará en conjunto con el Tribunal de Cuentas para fiscalizar cada etapa del proceso.
