El diputado bonaerense de La Libertad Avanza (LLA), Guillermo Castello, presentó un proyecto de ley que propone derogar la Ley N°8140, que prohíbe el uso de nombres en idiomas extranjeros para las escuelas privadas. La iniciativa libertaria busca eliminar la restricción vigente desde 1973 y restituir la libertad de denominación de los establecimientos educativos.
El texto ingresado en la Cámara de Diputados bonaerense plantea la derogación total de la normativa que impide el uso de denominaciones extranjeras, salvo que correspondan a figuras históricas de relieve internacional. En su lugar, el autor del proyecto impulsa un marco basado en los principios constitucionales de libertad de trabajo, industria y comercio.
A partir de los fundamentos del proyecto, el legislador de LLA argumentó que la Ley en cuestión, “implica un desprecio hacia otras naciones o culturas” y la calificó como una “manifestación de ultranacionalismo, etnocentrismo y xenofobia intolerable” a la luz de las Declaraciones, Derechos y Garantías de la Constitución Nacional.
En ese marco, el diputado libertario apuntó que la prohibición vigente carece de fin público y “no constituye un medio adecuado” para alcanzar ningún objetivo educativo o social. “La existencia de razonabilidad en una norma implica que tiene un fin público, que es un medio adecuado y que no existe iniquidad manifiesta”, remarcó Castello en el expediente.
Para reforzar su posicionamiento, el legislador bonaerense se apoyó en el artículo 14 de la Constitución Nacional, que garantiza el derecho a “trabajar, ejercer toda industria lícita y comerciar”, y en el artículo 27 de la Constitución provincial, que asegura la libertad de trabajo, industria y comercio. Con ese sustento, Castello consideró que la injerencia estatal en la denominación de los institutos educativos “es inaceptable en un Estado de derecho regido por las libertades fundamentales”.
Vale recordar que la Ley N°8140, sancionada durante el gobierno de Oscar Bidegain en 1973, prohibió el uso de nombres en idiomas extranjeros en los establecimientos educativos privados de la provincia. La norma se fundó entonces en la necesidad de preservar la identidad nacional, en un contexto político marcado por la vuelta del peronismo al poder y el resurgimiento de discursos nacionalistas.
En la actualidad, esta ley continúa vigente y alcanza a más de 3.000 escuelas privadas bonaerenses. Sin embargo, en la práctica, la aplicación de la norma se volvió más flexible a lo largo de los años, y existen numerosos establecimientos que utilizan nombres en inglés o francés, especialmente en distritos del Conurbano y en grandes centros urbanos del territorio provincial.
En caso de aprobarse la derogación que impulsa Castello, la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE), a cargo de Alberto Sileoni, eliminaría las limitaciones vigentes para la elección de nombres en las escuelas privadas y, de este modo, las instituciones podrían registrarse con denominaciones extranjeras sin requerir una autorización especial.
Dentro de ese marco, el proyecto se enmarca en el denominado “Paquete Desregulador”, una serie de propuestas impulsadas por el legislador libertario con el objetivo de reducir lo que considera un “exceso” de regulaciones y estructuras estatales.
“Vamos a arrancar de acá a fin de año con una serie de derogaciones y modificaciones parciales de leyes. Es una revisión que hicimos con especialistas sobre el total de la reglamentación bonaerense”, manifestó Castello en diálogo con Diputados Bonaerenses.
Al respecto, el dirigente de LLA sostuvo que su objetivo es “actualizar la normativa bonaerense a los principios de libertad individual y desregulación económica”, en línea con la agenda que promueve su espacio político en el Congreso y la Legislatura provincial.
En las últimas semanas, Castello avanzó con proyectos de alto impacto que ya despertaron polémica antes de su discusión parlamentaria formal. En ese aspecto, el diputado busca derogar la Ley N°10.307, que crea el Colegio de Sociólogos bonaerenses y regula el ejercicio profesional del sector, además de la Ley provincial 14.876, que establece la formación obligatoria, permanente y vinculante en perspectiva de género para la Policía bonaerense.
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