En un nuevo avance en la investigación por fraude en perjuicio de la administración pública, la Justicia bonaerense ordenó allanamientos en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires en el marco de la causa fotomultas, que tiene al ex ministro de Transporte, Jorge D’Onofrio, en el ojo de la tormenta.
Las diligencias se llevaron a cabo en la sede de la cuestionada Cámara de Empresas de Control y Administracion de Infracciones de Transito de la República Argentina (CECAITRA), que supuestamente se dedicada a la gestión de fotomultas, y en el domicilio particular de su presidente, Bernardino García.
En tanto, la causa involucra a exfuncionarios del Ministerio de Transporte bonaerense, como D’Onofrio y la concejal de Pilar, Claudia Pombo, entre otros implicados en una red de corrupción.
La Unidad Fiscal de Instrucción y Juicio (UFIJ) N° 11 de La Plata, con el apoyo de las nuevas autoridades del Ministerio de Transporte de la Provincia, recopiló pruebas que exponen cómo D’Onofrio y su entorno permitieron el funcionamiento ilegal de los sistemas de fotomultas operados por CECAITRA.
En tanto, la investigación contra el ex ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires reveló que estos dispositivos fueron instalados sin cumplir con los requisitos legales exigidos por el Ejecutivo bonaerense, lo que generó la emisión de infracciones de tránsito sin validez jurídica.
El mecanismo ilegal consistía en el cobro de multas a través de un circuito en el que participaban gestores, jueces de faltas provinciales y autoridades del Ministerio de Transporte. A cambio, los implicados recibían sobornos que oscilaban entre el 25% y el 50% del valor de las multas emitidas.
Según la investigación que se lleva adelante en La Plata, los fondos recaudados con las falsas fotomultas eran distribuidos entre funcionarios del Ministerio de Transporte y directivos de CECAITRA, consolidando así un esquema de corrupción institucionalizada que concluyó con la renuncia del ex massista.
Es preciso mencionar que, entre los funcionarios judiciales involucrados figuran Mario Quattrochi, ex titular de los Juzgados Provinciales de La Plata y San Isidro, Alicia Parente, jueza del Juzgado Provincial de Chivilcoy, Marcelo Peralta, juez del Juzgado Provincial de Mar del Plata, y Miriam Roldán, jueza del Juzgado Provincial de Merlo.
De acuerdo a la investigación realizada por la Fiscalía de La Plata, estos magistrados habrían garantizado la validez de las fotomultas ilegales y facilitado la recaudación de los fondos generados por la trama fraudulenta que tenía a D’Onofrio al frente.
Además, los allanamientos pusieron el foco en otros exfuncionarios del Ministerio de Transporte bonaerense, quienes podrían enfrentar cargos por asociación ilícita, entre los que se destacan Tomás Uthurriague, Pablo Sanguinetti, Sebastián Desio y Laura Angeletti. Según fuentes judiciales, estas personas formaban parte de la estructura que permitía el funcionamiento de la red de corrupción.
Causa fotomultas: CECAITRA bajo investigación
CECAITRA, que se presentaba como una asociación civil sin fines de lucro, afirmaba agrupar a pequeñas y medianas empresas dedicadas a la seguridad vial. Su supuesta función era gestionar infracciones de tránsito, semaforización, señalización y otros servicios vinculados al control vehicular.
Sin embargo, la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) ya había allanado la sede de la entidad en 2020 por irregularidades en su funcionamiento e incumplimiento de los deberes por los cuales se encontraba registrada.
Por caso, el reciente procedimiento judicial permitió secuestrar computadoras, teléfonos móviles y otros elementos de valor probatorio en la casa de Bernardino García, presidente de CECAITRA.
A partir de las pruebas obtenidas, la carátula de la causa fotomultas podría agravarse a asociación ilícita, lo que implicaría penas de hasta 20 años de prisión en caso de que se compruebe la implicación de funcionarios públicos.
Es preciso mencionar que, los allanamientos a CECAITRA y su presidente representan un duro golpe para los implicados en la trama de corrupción de las fotomultas. Es que, la Justicia bonaerense busca determinar el alcance del fraude y establecer responsabilidades en el manejo irregular de las infracciones de tránsito.
Por su parte, las nuevas autoridades del Ministerio de Transporte bonaerense manifestaron su compromiso con la transparencia dentro de la causa y la cartera, y aseguraron que se implementarán nuevos controles para evitar la repetición de prácticas corruptas.
En tanto, la Fiscalía de La Plata continuará con la recolección de pruebas y no descarta nuevas detenciones en las próximas semanas. Por ahora, la causa sigue en desarrollo y se espera que en los próximos días surjan más detalles sobre la implicación de funcionarios y empresarios en la red de corrupción de las fotomultas.
