El expresidente Mauricio Macri declaró este miércoles en el juicio por el programa Sueños Compartidos y aseguró que Alberto Fernández lo presionó para liberar fondos a la Fundación Madres de Plaza de Mayo. El exmandatario brindó su testimonio ante el Tribunal Oral Federal N°5 en la causa que investiga presuntas irregularidades en la construcción de viviendas sociales, y complicó al exjefe de Estado del Frente de Todos.
El líder del PRO se presentó como testigo en el proceso que tiene como principales acusados al exministro de Planificación, Julio De Vido, a los hermanos Pablo y Sergio Schoklender, y otros exfuncionarios de las gestiones de Néstor y Cristina Kirchner. En ese marco, el tribunal busca determinar si existió administración fraudulenta en el manejo de recursos públicos destinados a obras habitacionales entre el 2005 y el 2011.
Durante su testimonio, Macri sostuvo que recibió un llamado del predecesor de Javier Milei, quien en ese momento se desempeñaba como jefe de Gabinete, cuando asumió como titular del Gobierno porteño en 2007. “Apenas asumimos recuerdo un llamado de Alberto Fernández intimándome a que paguemos más certificados a Sueños Compartidos”, afirmó el exmandatario ante los jueces.
El exempresario de SOCMA explicó que los certificados mencionados funcionan como comprobantes del avance de obra necesarios para habilitar nuevos desembolsos de fondos públicos en cada etapa del proyecto. En ese sentido, Macri planteó que su equipo detectó ciertas inconsistencias en los pagos realizados a la Fundación Madres de Plaza de Mayo, ya que, según precisó, los montos transferidos no se correspondían con el nivel de ejecución de las obras relevadas por las áreas técnicas de su gestión.
En tanto, el dirigente del PRO reforzó esta línea con otra declaración vinculada con su entonces ministro de Acción Social. “(Esteban) Bullrich me dijo que no podíamos seguir pagando porque habían cobrado bastante más del doble de lo que habían ejecutado”, sostuvo Macri al describir la situación administrativa.
Por otra parte, el exjefe de Gobierno también describió el vínculo con la Fundación Madres de Plaza de Mayo como conflictivo durante su gestión en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). El expresidente afirmó que el trato resultó “bastante traumático” porque, según indicó, se registraban problemas recurrentes en el cumplimiento de los contratos.
En esa línea, Macri vinculó esas dificultades con el desarrollo de las obras del programa en un predio cercano al barrio Los Piletones, donde también funciona la Fundación Margarita Barrientos. El líder del PRO recordó un episodio protagonizado por Hebe de Bonafini y otras integrantes de la organización, y señaló que el conflicto se profundizó cuando su gestión decidió no avanzar con nuevos pagos.
Vale precisar que el juicio por el programa Sueños Compartidos analiza si durante los años de ejecución existió un desvío de más de 206 millones de pesos destinados a la construcción de viviendas sociales, cifra que representa cerca del 23% de los fondos transferidos por la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal. Finalmente, la causa ingresó en la etapa de testimoniales con decenas de citaciones, entre ellas la de Sergio Massa, quien deberá declarar el próximo 25 de marzo ante el tribunal.
Sueños Compartidos: el juicio analiza el desvío de fondos para viviendas
El pasado 5 de marzo, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°5 dio inicio al juicio oral por la causa Sueños Compartidos con la lectura de las acusaciones contra exfuncionarios nacionales y exapoderados de la Fundación Madres de Plaza de Mayo. El proceso judicial busca determinar si existió un desvío de más de 200 millones de pesos destinados a la construcción de viviendas sociales entre 2005 y 2011.
El fiscal Diego Velasco, junto a los representantes del Ministerio Público Fiscal (MPF), sostuvo que los imputados participaron de una maniobra de defraudación por administración fraudulenta en perjuicio del Estado. La acusación ubicó al exministro Julio De Vido, al exsecretario José López y al exsubsecretario Abel Fatala como coautores, mientras que a los hermanos Sergio y Pablo Schoklender los consideró partícipes necesarios.
Según la hipótesis fiscal, la Secretaría de Obras Públicas transfirió más de 748 millones de pesos para financiar las obras, de los cuales más de 206 millones se desviaron de su destino original para generar beneficios indebidos. Bajo ese esquema, la fiscalía señaló que las adjudicaciones se realizaron de manera directa y sin licitación previa, con un rol limitado de control por parte de provincias y municipios.
Además, la acusación advirtió sobre múltiples irregularidades en la ejecución de los proyectos, entre ellas la falta de controles, la ausencia de cronogramas de obra y la utilización de presupuestos sin desglose de costos. En paralelo, los investigadores también detectaron operaciones vinculadas al presunto lavado de activos, que incluyen transferencias millonarias, compras de inmuebles y gastos que no se condicen con los ingresos declarados por los imputados.
