El Tribunal Oral Federal (TOF) 2 en las últimas horas extendió a 30 días hábiles los plazos para la presentación de las apelaciones luego de los fundamentos dados a conocer el pasado jueves tras el proceso que condenó a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua a la vicepresidenta nacional, Cristina Kirchner, en la llamada causa Vialidad.
En paralelo, la defensa de la exmandataria Cristina Kirchner en las últimas horas adelantó que pedirán la recusación de los integrantes de la Cámara de Casación que deben revisar el fallo de primera instancia de la causa Vialidad.
Tras la difusión de los argumentos de la sentencia y a pedido de las defensas, el tribunal decidió extender a 30 días hábiles la presentación de apelaciones que, en principio, estaba prevista para los 10 días subsiguientes a la difusión de los fundamentos del TOF 2.
Según el escrito, la extensión de los plazos responde a lo solicitado por las defensas del exsecretario de Obras Públicas, José Francisco López, y el extitular de Vialidad, Nelson Guillermo Periotti, luego que los magistrados evaluaron “la especial complejidad de los hechos juzgados y la extensión de los fundamentos dictados“.
“Evaluando especialmente tales extremos se considera razonable la concesión de un plazo excepcional, único e improrrogable de 30 días hábiles común a la totalidad de las partes a efectos de que intenten las vías recursivas que consideren pertinente, a contar desde la publicación de los fundamentos”, indicó el TOF 2.
Vale recordar que, el pasado jueves se dieron a conocer los fundamentos del fallo por medio del cual los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso condenaron a Cristina Kirchner a 6 años de prisión por la figura de administración fraudulenta, y la absolvieron junto a los demás acusados por el delito de asociación ilícita, al término del juicio oral por la causa Vialidad.
Además, Cristina Kirchner resultó inhabilitada de por vida para ejercer cargos públicos. A lo largo de 1.616 carillas, los jueces señalaron que “lo verdaderamente relevante para esta sentencia” fue la “connivencia y protección” de los organismos estatales para garantizar la actividad del empresario Lázaro Báez.
A la vez, los magistrados descartaron en sus fundamentos que sus decisiones hayan estado motivadas en función de prácticas de “lawfare“, que habían sido denunciadas por las defensas de los acusados durante todo el debate de la causa Vialidad.
Con este paso procesal, comenzaron a correr los días hábiles para las defensas y la fiscalía para apelar ante la Cámara Federal de Casación Penal, aunque es un plazo que podría prorrogarse si alguna de las partes lo pide, según explicaron fuentes judiciales.
Para justificar el veredicto, los integrantes del TOF 2 aseguraron que “lo verdaderamente relevante para esta sentencia es evidenciar la reacción institucional de cuanto organismo estatal fuese necesario para garantizar la plena actividad del consorcio empresarial controlado por Lázaro Báez“.
“Tras haber examinado los hechos en toda su extensión, la política pública que su Gobierno pregonaba, presagiando un beneficio sin precedentes para la extensa provincia patagónica, en verdad escondía al presupuesto indispensable para el desarrollo exitoso de la empresa criminal y sus múltiples aristas”, remarcaron los magistrados.
Por su parte, el abogado de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi, definió como “arbitrario” el fallo de la causa Vialidad y cuestionó que estuviera basado en una supuesta “prueba indiciaria” y no en certezas, tras lo cual afirmó que lo que correspondía era la absolución.
En esa clave, el letrado también enfatizó en el hecho de que los jueces del TOF 2 descartaron “el corazón de la acusación”, al no hacer lugar al planteo del fiscal federal Diego Luciani de calificar el hecho como una asociación ilícita.
A la vez, fuentes del equipo jurídico de Cristina Kirchner detallaron que su defensa concentrará sus críticas en los fundamentos que sostienen que la exmandataria dictó el decreto 54/2009 para favorecer a las empresas de Báez.
“No es un decreto que asignaba una partida presupuestaria a una obra en particular. Decía que esos fondos podían utilizarse en obas públicas viales, no solo de Lázaro Báez, sino de cualquiera que las realizara”, afirmaron las fuentes.
También, la defensa cuestionará la utilización de los mensajes extraídos del teléfono celular del exsecretario de Obras Públicas, José López, que fueron considerados como material de prueba por el tribunal, con la intención de establecer una supuesta vinculación de Cristina Kirchner con los movimientos de las empresa de Báez en los meses previos al recambio de Gobierno de diciembre de 2015.
