La Confederación General del Trabajo (CGT) se reúne este viernes a las 11 del mediodía en su histórica sede de la calle Azopardo para definir su plan de lucha frente al inminente tratamiento de la reforma laboral en el Senado de la Nación, en una decisión clave que marcará el pulso político y sindical de las próximas semanas, y que pondrá sobre la mesa la posibilidad de un paro nacional o de una movilización masiva el día en que el proyecto sea debatido en el recinto, en un contexto de fuerte tensión entre el Gobierno y el movimiento obrero organizado.
Según dejaron trascender, el encuentro del Consejo Directivo de la CGT fue convocado con carácter de urgencia debido al avance de la agenda legislativa y a la proximidad del debate parlamentario, y la central obrera deberá resolver si profundiza las medidas de fuerza contra la reforma laboral, o si mantiene una estrategia de presión política sin llegar, por ahora, a un cese total de actividades.
Es preciso mencionar que, la discusión interna expone una fractura estratégica dentro de la CGT, ya que el sector denominado “dialoguista” prioriza el armado de consensos políticos. En este marco, dirigentes como Héctor Daer y Gerardo Martínez, ex líderes de la central obrera, impulsan una estrategia centrada en el diálogo con gobernadores y senadores para introducir modificaciones técnicas a la reforma laboral que permitan atenuar su impacto sobre los derechos colectivos de los trabajadores.
En la vereda opuesta se ubica el ala más combativa de la central obrera, encabezada por Pablo Moyano, ex secretario general y referente de Camioneros, con el respaldo de los gremios del transporte y de las dos vertientes de la CTA. Para estos sectores, la vía parlamentaria resulta insuficiente frente a lo que consideran un avance directo e irreversible sobre conquistas históricas del movimiento obrero, y sostienen que la única respuesta posible es un paro inmediato que exprese con claridad el rechazo sindical a la iniciativa del Gobierno.
De esta manera, la posibilidad de un paro general durante el debate legislativo no constituye una novedad en la historia del sindicalismo argentino, sino que forma parte de un repertorio de acciones que marcó momentos clave de las últimas décadas. En este contexto, la memoria gremial remite a episodios en los que la movilización y la huelga funcionaron como herramientas de presión frente a proyectos de flexibilización laboral que avanzaban en el Congreso con fuerte respaldo del poder político de turno.
Uno de los antecedentes más recordados es el del año 2000, cuando durante el gobierno de Fernando de la Rúa se impulsó la denominada “Ley Banelco”, una reforma laboral atravesada por un escándalo de sobornos en el Senado. En ese entonces, la CGT disidente, con un rol central de los sindicatos del transporte, encabezó huelgas generales que terminaron de erosionar la legitimidad del Ejecutivo, y dejaron una huella profunda en la historia política y sindical del país.
Otro hito se produjo en diciembre de 2017, bajo la presidencia de Mauricio Macri, cuando el intento de avanzar con una reforma laboral luego de la aprobación de la reforma previsional derivó en jornadas de extrema conflictividad frente al Congreso. Las movilizaciones masivas y los paros nacionales forzaron finalmente al Gobierno a retirar el proyecto del debate parlamentario, ante la imposibilidad de sostener el consenso político necesario para su aprobación.
Más recientemente, en enero de 2024, la CGT volvió a demostrar su capacidad de reacción al convocar a un paro nacional apenas 45 días después de la asunción de la nueva gestión de gobierno, un hecho que marcó un récord histórico por la rapidez con la que se adoptó una medida de fuerza de alcance nacional. Aquella decisión dejó en claro que la central obrera conserva un poder de movilización significativo y una fuerte incidencia en la agenda pública.
En este contexto, la definición que adopte este viernes el Consejo Directivo de la CGT dependerá en gran medida de la lectura que hagan los dirigentes sindicales sobre la correlación de fuerzas en el Senado y, en particular, sobre la lealtad de los bloques provinciales.
A pesar de las gestiones realizadas, el respaldo de los gobernadores peronistas no aparece como un bloque homogéneo, lo que alimenta la incertidumbre sobre el margen real de negociación. Si la CGT opta por un paro total, el conflicto sindical volverá a ocupar el centro de la escena política nacional, no solo como una disputa gremial, sino como un factor clave en el equilibrio de poder frente a las reformas estructurales que impulsa el oficialismo.
Pablo Moyano le exige a la CGT un paro general contra la reforma laboral
Ante la inacción de la cúpula de la CGT, Pablo Moyano adelantó que se plegará a un grupo de sindicalistas combativos con el propósito de endurecer medidas de fuerza contra la reforma laboral de Javier Milei, que se tratará la próxima semana en el Senado de la Nación.
“Hay que estar en la calle, me reuní con el compañero (Abel) Furlán (metalúrgicos) y el día que se trate vamos a estar en la calle”, señaló Moyano, tras anticipar que se integrará al conglomerado de gremios que se reunió días atrás en la sede la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) para definir medidas contra la reforma laboral.
Justamente, la semana pasada, el secretario general de la UOM, Abel Furlán, reunió a grupo de sindicalistas combativos para cuestionar el rol de los gobernadores, así como de la CGT en las negociaciones por la reforma laboral. Según adelantaron desde el gremio de los metalúrgicos, pedirán a la CGT que convoque a un paro general para el próximo 10 de febrero, fecha en el que Senado tratará la iniciativa de la administración mileísta.
